Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Prohibirle a una mujer que trabaje, apropiarse de sus ingresos o bienes, o no pagar las cuotas alimentarias son formas de violencia económica: una de las más frecuentes y, al mismo tiempo, una de las menos visibilizadas.
Bajo este contexto, la autonomía económica se convierte en un factor determinante para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre sus vidas, acceder a oportunidades y romper los ciclos de violencias basadas en género. Cuando una mujer cuenta con ingresos propios, control sobre sus recursos y la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida disminuye el riesgo de permanecer en entornos violentos y aumenta su capacidad para afrontarlos o denunciarlos.
“Sin autonomía económica, las mujeres son más vulnerables a las violencias, porque la dependencia limita la posibilidad de decidir y actuar con libertad”, señala Maria Fernanda Reyes Roa, directora ejecutiva del Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia de la República, que nació en 2020 y que actualmente tiene la misión de impulsar la autonomía económica de las mujeres en su diversidad en todo el territorio nacional, para contribuir a la realización de sus sueños y proyectos de vida, al fortalecimiento productivo de sus comunidades para que sean más justas y equitativas, y al cierre de brechas de género en Colombia.
En definitiva, la autonomía económica no solo permite sostener la vida, sino también dignificarla a través de herramientas para proyectar sueños, tomar decisiones y construir bienestar para las familias y comunidades.
Como ha expuesto Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la violencia económica “quizá no se manifieste en moretones y heridas, sí puede resultar tan perjudicial como la violencia física, atrapando a mujeres y niñas en ciclos de denigración y desigualdad”. Türk ha llamado la atención sobre que “la violencia económica se ve propiciada por normas de género arcaicas, las cuales consideran que los hombres deben ser los encargados de tomar las decisiones de tipo económico”.
Así, por las formas en que se manifiesta, no es extraño que la violencia económica y patrimonial se ejerza en conjunto con agresiones psicológicas y otros tipos de violencia. Este panorama evidencia la urgencia de fortalecer la autonomía económica como estrategia decisiva frente a las violencias basadas en género.
Desde el Fondo Mujer se impulsan iniciativas orientadas a reducir las barreras que limitan la capacidad de las mujeres para administrar sus recursos, decidir sobre su tiempo y construir sus proyectos de vida, aumentando así la posibilidad de romper los ciclos de violencia.
Colombia: un marco regulatorio para un panorama alarmante
Colombia ha hecho grandes avances en reconocer los distintos tipos de violencia contra las mujeres, tanto en la ley como en la jurisprudencia.
La legislación colombiana define esta violencia “como cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política”. Además, reconoce que “esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”, según la Ley 1257 de 2008.
Esta ley marcó un hito al dictar normas de sensibilización, prevención y sanción de múltiples formas de violencia y discriminación contra las mujeres, entre ellas la violencia física, sexual, psicológica y, por supuesto, la violencia patrimonial o económica.
Asimismo, la norma reconoció la existencia de daños patrimoniales, como la “pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer”. Este marco es fundamental para visibilizar y atender una de las violencias más silenciosas, que limita profundamente la autonomía y los medios de vida de las mujeres.
“Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”, detalla la norma de 2008.
La justicia colombiana ha reconocido esta relación en sentencias como la T-172 de 2023, sobre un caso de violencia intrafamiliar. Este mostró cómo la expareja sentimental de la víctima y padre de su hijo ejerció violencia física contra la madre, incluso estando embarazada, así como agresiones psicológicas, por ejemplo, cuestionando su decisión y capacidad de seguir estudiando. A estas agresiones se sumó la violencia económica, al amenazar con no pagar la cuota alimentaria del menor de edad.
El fallo de la Corte Constitucional, que amparó los derechos de la víctima, sentó un precedente importante para que la administración de justicia y entidades como las comisarías de familia apliquen un enfoque de género en sus análisis y decisiones, al tiempo que reconoció la realidad de la violencia vicaria: usar a los hijos para causar sufrimiento a las madres.
Por otro lado, aunque tomó mucho tiempo, el país también logró reconocer el feminicidio como un delito en sí mismo. Fue apenas en 2015 que Colombia adoptó la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el delito de matar a una mujer por el hecho de serlo. Bajo este panorama, los feminicidios siguen siendo una realidad cotidiana. El país cerró 2024 con al menos 1.548 casos, de acuerdo con los datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios. En lo corrido entre enero y septiembre de 2025 se han registrado otros 973.
De acuerdo con cifras globales de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 aproximadamente 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún familiar. Esto quiere decir que en el mundo una mujer es asesinada cada 10 minutos.
Autonomía económica: clave para romper ciclos de violencia
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres y se dio inicio a los 16 días de activismo contra la violencia de género. La jornada sirve para concientizar a la sociedad sobre la magnitud de este flagelo, que puede manifestarse de múltiples maneras.
Vale la pena recordar que la violencia contra las mujeres forma parte de las violencias basadas en género (VBG), que, según las Naciones Unidas, engloba “los actos que infligen a las personas daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico, amenazas de tales actos, coacción y otras privaciones de libertad” en razón de su género. Son prácticas que “tienen su base en las diferencias de poder entre hombres y mujeres, y se fundamentan en los roles, estereotipos y creencias que desvalorizan lo femenino”.
En vísperas del 25N de este año, la Organización Mundial de la Salud lanzó una preocupante advertencia sobre la violencia sexual o de pareja que sufren las mujeres: alrededor de 840 millones de mujeres, es decir, una de cada tres en el mundo ha sufrido esta violencia.
Bajo este contexto, la autonomía económica cobra relevancia para romper estos ciclos de violencia. Contar con ingresos propios, no obstante, es un desafío profundo en un mercado laboral que sigue teniendo en desventaja a las mujeres, en buena parte como consecuencia de desigualdades estructurales, como las sobrecargas de trabajo de cuidado no remunerado, que les impide desempeñarse en actividades que generen ingresos. La brecha se evidencia en tasas como la de participación laboral, que es de 52,7 % para las mujeres, frente a un 76,6 % de los hombres, según los datos más recientes del DANE, entre julio y septiembre de 2025. El desempleo, asimismo, es mayor, con 10,6 % para las mujeres, frente a un 7 % de los hombres.
En una realidad tan desafiante, programas como el Fondo Mujer Libre y Productiva son fundamentales para la implementación de políticas públicas orientadas a potenciar la autonomía económica de las mujeres en su diversidad desde un enfoque integral. A través de tres grandes estrategias: Mujer Emprende, Inclusión Financiera y Autonomía Económica, se ofrece acompañamiento psicosocial, asistencia técnica, acceso a activos productivos, formación, acceso a servicios financieros y fortalecimiento de redes de mujeres, con el objetivo de reducir las brechas de conocimiento, capacidades productivas y comerciales que enfrentan las mujeres. Al mismo tiempo, se promueve la sensibilización con enfoque de género entre las personas y las entidades involucradas, contribuyendo de manera directa a las transformaciones culturales y los medios de vida para la eliminación de las violencias basadas en género.
Las violencias basadas en género dejan huellas profundas en la vida y en los sueños de las mujeres en su diversidad. Estas buscan limitar su autonomía y su capacidad para decidir sobre sus cuerpos, su tiempo y su futuro.
“Desde el Fondo Mujer Libre y Productiva afirmamos que no hay libertad plena sin autonomía económica: cada paso que damos para fortalecerla es un avance firme contra las violencias basadas en género. Trabajamos para que la autonomía integral y económica sea un derecho para todas las mujeres, a través de nuestras estrategias y programas”, concluye Maria Fernanda Reyes Roa, directora ejecutiva del Fondo Mujer Libre y Productiva.
La dignidad humana implica el acceso a medios de vida dignos y la posibilidad de desarrollarse plenamente. Por eso, el programa actúa bajo la premisa de que cada paso hacia la autonomía económica es también un acto de resistencia frente a las estructuras que buscan mantener las desigualdades. Defender los sueños de las mujeres es una forma de ejercer poder y transformar realidades.
¿Qué hacer frente a la violencia?
Si bien las cifras, que reflejan la injusticia y el sufrimiento de muchas mujeres en el mundo, muestran cuánto queda por avanzar para eliminar las violencias de género, los marcos normativos, las medidas preventivas y las sanciones a los agresores, junto con su efectiva implementación, representan herramientas claves para construir soluciones reales.
A escala individual, también hay formas de luchar contra este flagelo. De acuerdo con ONU Mujeres, lo primero es creer en las víctimas. Cada hogar tiene el poder de educar desde el respeto hacia las personas en toda sus diversidades. Hablar con las niñas y los niños sobre qué es el consentimiento y por qué es importante, así como inculcar el respeto y promover la autonomía integral y económica, son algunas de las claves para cultivar un mundo libre de violencias en las próximas generaciones.
El asunto es tan complejo como cotidiano. Por esa razón, distintas autoridades han puesto a disposición líneas de orientación y denuncia dirigidas a las víctimas y a su entorno.
En Colombia está disponible la Línea Salvia, marcando 155 desde cualquier operador, para recibir atención y orientación en materia de violencias. Está dirigida a mujeres y personas LGBTIQ+ que sean víctimas de violencias basadas en género, a familiares y víctimas de feminicidio, a hombres y personas responsables de violencias basadas en género y a servidores de la ruta de atención.
En Bogotá existe la Línea Púrpura, que funciona todos los días del año, las 24 horas, marcando al 01 8000 112 137 o escribiendo al Whatsapp 300 755 1846.
Para los hombres funciona la “Línea Calma”, a través de la línea 01 8000 423 614, que brinda orientación y apoyo sobre ansiedad, depresión, preocupación por motivos económicos, soledad, problemas familiares, duelos amorosos, entre otros.
Asimismo, es importante recordar que ante una situación de peligro inminente en Colombia, lo indicado es comunicarse con la línea 123. Para denuncias, está disponible la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación o la línea 380 8400 de las Comisarías de Familia.
Hoy, la eliminación de las violencias de género requiere la acción conjunta de toda la sociedad: reconocer, prevenir y acompañar a quienes las sufren es un paso fundamental hacia un país más justo y equitativo para todas las mujeres, en su diversidad.