Hora de hablar sobre la violencia contra las mujeres en política

Si las mujeres, al igual que los hombres, eran susceptibles de subir al patíbulo, pues también deberían tener el derecho de participar en la política. Ese era uno de los postulados de Olimpia de Gouges, autora de la “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana”, quien un par de años después del estallido de la Revolución francesa se encargó de recordarles a sus compañeros de lucha que la mitad de la gente se les estaba quedando por fuera del proyecto de soberanía popular.

De Gouges, sin embargo, pasó a la guillotina en medio de la contradicción que denunciaba. La transición de la modernidad a la edad contemporánea se estaba inaugurando con un acto, el más atroz, de violencia política contra las mujeres. Así lo interpreta Minerva Tavárez Mirabal, mejor conocida como Minou, política y exdiputada dominicana, quien concedió para El Espectador una entrevista, conducida por la columnista Sorayda Peguero, en el marco del evento “Eliminar la violencia contra las mujeres en la política: un asunto esencial para su liderazgo en la democracia”, que se llevó a cabo el pasado 2 de diciembre.

La madre de Minou, Minerva Mirabal, y sus tías Patria y María Teresa fueron asesinadas en 1960 por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Es en su memoria que, anualmente, el 25 de noviembre se lleva a cabo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Le puede interesar: El día que mataron a las Mirabal

“Cuando se escogió la fecha yo sentía un conflicto. Ellas fueron activistas políticas y las mataron porque crearon el movimiento más grande que hubo en la República Dominicana durante 31 años contra la dictadura. Hay un hecho previo de violencia y acoso de parte del dictador contra Minerva, pero yo decía: ellas son políticas. Entonces celebro que ahora se esté tomando conciencia de que la violencia política existe contra las mujeres (…), del impacto que tiene y el papel que juega para callarnos y bloquearnos, incluso cuando estamos empoderadas”, dijo Minou.

Para ella, la violencia política contra las mujeres busca anularlas, “ningunearlas” y, al mismo tiempo, acorralarlas. Lo ilustra con un recuerdo de su período de diputada, cuando fue a la oficina del presidente del Senado a abogar por un proyecto de ley de fiscalización política, que estaba a punto de hundirse por falta de debate. Después de presentar sus argumentos y preocupaciones, convencida de que su interlocutor prestaba total atención, este le responde: “Oye, Minou, ¿tú estás más delgada?”. Una bofetada simbólica que un hombre difícilmente recibiría. “Te acorrala porque no puedes contestarle como se merece porque, si le contestas como se merece, te tachan de extremista o feminista fanática o incluso, como decían antes, de loca”, señaló.

Del conversatorio liderado por El Espectador y resultado de la alianza con la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, quedaron varias conclusiones sobre la violencia contra las mujeres en política. La primera puede ser el hecho de que esta, sencillamente, es una manifestación de la violencia por razón de género. Es decir, si bien la violencia política, en general, busca eliminar o desincentivar la participación de la víctima en el ámbito público, cuando se ejerce contra una mujer tiende a manifestarse de formas particulares por el simple hecho de tratarse de una mujer.

Como lo dijo durante el evento Ángela Rodríguez, directora del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en la violencia contra las mujeres en política poco importa la ubicación en el espectro ideológico: sean de derecha o de izquierda, son atacadas por ser mujeres o desde los prejuicios y estereotipos que tradicionalmente han gravitado en el ejercicio político. Puede tratarse de su físico, por ser consideradas demasiado atractivas o muy poco; por su tono de voz, fuerte o agudo; por lo bien o mal que se cree que ejercen la maternidad, etc.

Igualmente variadas son las formas que toma este tipo de violencia: desde el insulto en redes sociales hasta la falta de apoyo organizacional y económico en las campañas. Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, quien también participó en la conversación, coincide en que este tipo de violencia se manifiesta de muchas maneras, por acción u omisión. Según ella, se puede evidenciar en algo quizá tan sutil como entorpecer o atacar los logros de las mujeres, por ejemplo, las medidas afirmativas como las leyes de cuotas. En últimas, ¿no sería eso desconocer o negar la existencia de las desigualdades que las motivan?

Para Catalina Moreno Arocha, coordinadora de Inclusión Social de la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil que monitorea derechos humanos en entornos digitales, la violencia política en plataformas como las redes sociales es preocupante, pues la reafirmación que tuvieron durante la pandemia como escenarios de interacción y de debate viene de la mano con su consolidación como espacios de riesgo. Además, con el agravante de que la difusión de los ataques es mucho más rápida y difícil de controlar o eliminar.

Moreno señaló también otra realidad: la brecha digital en los contextos rurales, lo que priva a muchas mujeres de aprovechar las herramientas tecnológicas en el ejercicio político. Quintero, por su parte, llamó la atención sobre el hecho de que la violencia política contra las mujeres es más evidente en el ámbito territorial, con las constantes amenazas de las que son víctimas las lideresas sociales y las defensoras de derechos humanos, o incluso con hechos patentes como la ausencia de alcaldesas o mujeres en los concejos municipales.

Pero además de la falta de acceso a la información por la brecha mencionada está el problema del tiempo, pues las estadísticas han mostrado que las mujeres rurales dedican más tiempo que las urbanas a los trabajos domésticos y de cuidado. Si apenas tienen tiempo para hacer eso, difícilmente lo tendrán para participar en política, apuntó Quintero. En caso de que hagan esa apuesta, coincidió Luisa Salazar, oficial de Género de la Misión Observación Electoral, se chocarán con el muro de la burocracia.

Ejemplo de lo anterior han sido las reiteradas quejas que se han presentado en medio del proceso de implementación de las circunscripciones especiales de paz: papeleos, información confusa, falta de atención a las inquietudes y complejos requisitos financieros, entre otros que mencionaron las panelistas y también las precandidatas a estas curules que estuvieron en el conservatorio de noviembre pasado con El Espectador.

Salazar apuntó, además, que es precisamente en los territorios con mayores amenazas para la seguridad de líderes y lideresas en donde hay menor participación de las mujeres en política, según los análisis de la Misión de Observación Electoral.

Otro de los mensajes del encuentro es que, pese a que este tipo de violencia no es nuevo, sí lo es su reconocimiento y estudio. Por un lado, apenas en el nuevo Código Electoral, que está en revisión de la Corte Constitucional, se define el concepto. Por otro lado, según Rodríguez, iniciativas como la del Observatorio de Violencia Política del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria tienen el objetivo de pasar de la anécdota a la obtención de cifras y consolidación de datos que permitan analizar y actuar frente al problema.

Por el momento, hay varios llamados claros. El de Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, es a comprometerse con la paridad pese a la demora en la aprobación y reglamentación del nuevo Código Electoral, una tardanza que, para ella, de hecho, es muy diciente de la poca importancia que la sociedad le da al asunto. Expresó que se debe reconocer que la falta o la insuficiente representación política de más de la mitad de la población, que son las mujeres, es en sí misma violenta.

Quintero y Salazar coincidieron en que todos los integrantes de los partidos, es decir, los hombres también, deben recibir formación para prevenir y actuar frente a este tipo de violencia, rodeando y apoyando a las víctimas. Asimismo, instaron a que se comprometan a no ejercerla ni tolerarla dentro del partido. Ángela Rodríguez hizo el mismo llamado a las colectividades: “Ustedes son la primera línea de contención de este tipo de violencia”, dijo.

Moreno, finalmente, señaló la necesidad de implementar rutas de atención adecuadas a la diversidad de las mujeres, para aquellas con alguna discapacidad, que tienen como primera lengua una distinta del español o que sencillamente no saben leer o escribir, pero tienen el mismo derecho que todas a participar en política. Invitó a los medios de comunicación a comprometerse también con la eliminación de esta violencia en sus cubrimientos. Esta es una tarea pendiente que, como explicó durante el evento el embajador de Noruega, John Petter Opdahl, la estrategia “Más mujeres, más democracia: rumbo a la paridad” estará monitoreando el próximo año.

Según un estudio de la Unión Interparlamentaria, el 66,5 % de las parlamentarias encuestadas a escala global ha recibido insultos sexistas; 44 % de ellas recibió amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro; 20 % señaló haber sido víctima de acoso sexual y otro 20 % fue objeto de violencia física durante el ejercicio de su cargo.

Como destacó Élber Gutiérrez, jefe de redacción de El Espectador en la apertura del evento, en Colombia apenas el 20 % del Congreso de la República está conformado por mujeres, por debajo del promedio mundial, cercano al 26 %, y más aún del latinoamericano, en 33 %. El panorama, todavía hostil para ellas, debe cambiar para no obstaculizar más la participación, la permanencia y el ascenso de las mujeres en política. No hacerlo, señaló Bibiana Aído, representante en Colombia de ONU Mujeres, nos puede costar el fracaso en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Si las mujeres, al igual que los hombres, eran susceptibles de subir al patíbulo, pues también deberían tener el derecho de participar en la política. Ese era uno de los postulados de Olimpia de Gouges, autora de la “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana”, quien un par de años después del estallido de la Revolución francesa se encargó de recordarles a sus compañeros de lucha que la mitad de la gente se les estaba quedando por fuera del proyecto de soberanía popular.

De Gouges, sin embargo, pasó a la guillotina en medio de la contradicción que denunciaba. La transición de la modernidad a la edad contemporánea se estaba inaugurando con un acto, el más atroz, de violencia política contra las mujeres. Así lo interpreta Minerva Tavárez Mirabal, mejor conocida como Minou, política y exdiputada dominicana, quien concedió para El Espectador una entrevista, conducida por la columnista Sorayda Peguero, en el marco del evento “Eliminar la violencia contra las mujeres en la política: un asunto esencial para su liderazgo en la democracia”, que se llevó a cabo el pasado 2 de diciembre.

La madre de Minou, Minerva Mirabal, y sus tías Patria y María Teresa fueron asesinadas en 1960 por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Es en su memoria que, anualmente, el 25 de noviembre se lleva a cabo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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“Cuando se escogió la fecha yo sentía un conflicto. Ellas fueron activistas políticas y las mataron porque crearon el movimiento más grande que hubo en la República Dominicana durante 31 años contra la dictadura. Hay un hecho previo de violencia y acoso de parte del dictador contra Minerva, pero yo decía: ellas son políticas. Entonces celebro que ahora se esté tomando conciencia de que la violencia política existe contra las mujeres (…), del impacto que tiene y el papel que juega para callarnos y bloquearnos, incluso cuando estamos empoderadas”, dijo Minou.

Para ella, la violencia política contra las mujeres busca anularlas, “ningunearlas” y, al mismo tiempo, acorralarlas. Lo ilustra con un recuerdo de su período de diputada, cuando fue a la oficina del presidente del Senado a abogar por un proyecto de ley de fiscalización política, que estaba a punto de hundirse por falta de debate. Después de presentar sus argumentos y preocupaciones, convencida de que su interlocutor prestaba total atención, este le responde: “Oye, Minou, ¿tú estás más delgada?”. Una bofetada simbólica que un hombre difícilmente recibiría. “Te acorrala porque no puedes contestarle como se merece porque, si le contestas como se merece, te tachan de extremista o feminista fanática o incluso, como decían antes, de loca”, señaló.

Del conversatorio liderado por El Espectador y resultado de la alianza con la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, quedaron varias conclusiones sobre la violencia contra las mujeres en política. La primera puede ser el hecho de que esta, sencillamente, es una manifestación de la violencia por razón de género. Es decir, si bien la violencia política, en general, busca eliminar o desincentivar la participación de la víctima en el ámbito público, cuando se ejerce contra una mujer tiende a manifestarse de formas particulares por el simple hecho de tratarse de una mujer.

Como lo dijo durante el evento Ángela Rodríguez, directora del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, en la violencia contra las mujeres en política poco importa la ubicación en el espectro ideológico: sean de derecha o de izquierda, son atacadas por ser mujeres o desde los prejuicios y estereotipos que tradicionalmente han gravitado en el ejercicio político. Puede tratarse de su físico, por ser consideradas demasiado atractivas o muy poco; por su tono de voz, fuerte o agudo; por lo bien o mal que se cree que ejercen la maternidad, etc.

Igualmente variadas son las formas que toma este tipo de violencia: desde el insulto en redes sociales hasta la falta de apoyo organizacional y económico en las campañas. Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, quien también participó en la conversación, coincide en que este tipo de violencia se manifiesta de muchas maneras, por acción u omisión. Según ella, se puede evidenciar en algo quizá tan sutil como entorpecer o atacar los logros de las mujeres, por ejemplo, las medidas afirmativas como las leyes de cuotas. En últimas, ¿no sería eso desconocer o negar la existencia de las desigualdades que las motivan?

Para Catalina Moreno Arocha, coordinadora de Inclusión Social de la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil que monitorea derechos humanos en entornos digitales, la violencia política en plataformas como las redes sociales es preocupante, pues la reafirmación que tuvieron durante la pandemia como escenarios de interacción y de debate viene de la mano con su consolidación como espacios de riesgo. Además, con el agravante de que la difusión de los ataques es mucho más rápida y difícil de controlar o eliminar.

Moreno señaló también otra realidad: la brecha digital en los contextos rurales, lo que priva a muchas mujeres de aprovechar las herramientas tecnológicas en el ejercicio político. Quintero, por su parte, llamó la atención sobre el hecho de que la violencia política contra las mujeres es más evidente en el ámbito territorial, con las constantes amenazas de las que son víctimas las lideresas sociales y las defensoras de derechos humanos, o incluso con hechos patentes como la ausencia de alcaldesas o mujeres en los concejos municipales.

Pero además de la falta de acceso a la información por la brecha mencionada está el problema del tiempo, pues las estadísticas han mostrado que las mujeres rurales dedican más tiempo que las urbanas a los trabajos domésticos y de cuidado. Si apenas tienen tiempo para hacer eso, difícilmente lo tendrán para participar en política, apuntó Quintero. En caso de que hagan esa apuesta, coincidió Luisa Salazar, oficial de Género de la Misión Observación Electoral, se chocarán con el muro de la burocracia.

Ejemplo de lo anterior han sido las reiteradas quejas que se han presentado en medio del proceso de implementación de las circunscripciones especiales de paz: papeleos, información confusa, falta de atención a las inquietudes y complejos requisitos financieros, entre otros que mencionaron las panelistas y también las precandidatas a estas curules que estuvieron en el conservatorio de noviembre pasado con El Espectador.

Salazar apuntó, además, que es precisamente en los territorios con mayores amenazas para la seguridad de líderes y lideresas en donde hay menor participación de las mujeres en política, según los análisis de la Misión de Observación Electoral.

Otro de los mensajes del encuentro es que, pese a que este tipo de violencia no es nuevo, sí lo es su reconocimiento y estudio. Por un lado, apenas en el nuevo Código Electoral, que está en revisión de la Corte Constitucional, se define el concepto. Por otro lado, según Rodríguez, iniciativas como la del Observatorio de Violencia Política del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria tienen el objetivo de pasar de la anécdota a la obtención de cifras y consolidación de datos que permitan analizar y actuar frente al problema.

Por el momento, hay varios llamados claros. El de Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, es a comprometerse con la paridad pese a la demora en la aprobación y reglamentación del nuevo Código Electoral, una tardanza que, para ella, de hecho, es muy diciente de la poca importancia que la sociedad le da al asunto. Expresó que se debe reconocer que la falta o la insuficiente representación política de más de la mitad de la población, que son las mujeres, es en sí misma violenta.

Quintero y Salazar coincidieron en que todos los integrantes de los partidos, es decir, los hombres también, deben recibir formación para prevenir y actuar frente a este tipo de violencia, rodeando y apoyando a las víctimas. Asimismo, instaron a que se comprometan a no ejercerla ni tolerarla dentro del partido. Ángela Rodríguez hizo el mismo llamado a las colectividades: “Ustedes son la primera línea de contención de este tipo de violencia”, dijo.

Moreno, finalmente, señaló la necesidad de implementar rutas de atención adecuadas a la diversidad de las mujeres, para aquellas con alguna discapacidad, que tienen como primera lengua una distinta del español o que sencillamente no saben leer o escribir, pero tienen el mismo derecho que todas a participar en política. Invitó a los medios de comunicación a comprometerse también con la eliminación de esta violencia en sus cubrimientos. Esta es una tarea pendiente que, como explicó durante el evento el embajador de Noruega, John Petter Opdahl, la estrategia “Más mujeres, más democracia: rumbo a la paridad” estará monitoreando el próximo año.

Según un estudio de la Unión Interparlamentaria, el 66,5 % de las parlamentarias encuestadas a escala global ha recibido insultos sexistas; 44 % de ellas recibió amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro; 20 % señaló haber sido víctima de acoso sexual y otro 20 % fue objeto de violencia física durante el ejercicio de su cargo.

Como destacó Élber Gutiérrez, jefe de redacción de El Espectador en la apertura del evento, en Colombia apenas el 20 % del Congreso de la República está conformado por mujeres, por debajo del promedio mundial, cercano al 26 %, y más aún del latinoamericano, en 33 %. El panorama, todavía hostil para ellas, debe cambiar para no obstaculizar más la participación, la permanencia y el ascenso de las mujeres en política. No hacerlo, señaló Bibiana Aído, representante en Colombia de ONU Mujeres, nos puede costar el fracaso en la construcción de una sociedad más justa y democrática.