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Betxey Corredor recuerda una fórmula que repetía mentalmente mientras cumplía su condena: siempre eran más los derechos que le violaban que los días que le faltaban para recuperar su libertad. Pasó semanas sin agua potable, sin atención médica y, en ocasiones, sin acceso a toallas higiénicas o tampones para cuidar su salud sexual.
A esto se le sumaron otra serie de secuelas que no eran tan perceptibles, como el daño emocional de estar lejos de su familia, el desarraigo de su hijo —menor de edad cuando fue condenada— y una marca imborrable que, incluso en libertad, le dificultó encontrar trabajo y rehacer su vida.
Pero esta no es solo su historia. Es el reflejo de lo que miles de mujeres enfrentan cada día en las cárceles colombianas. Un panorama que organizaciones de derechos humanos y expertas en política criminal han denunciado durante décadas. En un sistema penitenciario ya colapsado, las mujeres enfrentan un castigo más severo, que afecta no solo su tiempo de reclusión, sino también su derecho a empezar de nuevo.
Kelly Giraldo, investigadora experta en temas penitenciarios de DeJusticia, opina que estas condiciones por las que atraviesa en la actualidad el sistema penitenciario son las consecuencias de no contar con un enfoque de género. De hecho, dice que en las cárceles las mujeres son agredidas, sufren violencia sexual, ven afectada su salud física y mental, y al salir deben cargar con el estigma de ser consideradas ‘malas madres’. “Los muros no solo las aíslan, también ocultan las violencias que padecen”, sentencia.
Una condena que se extiende
En Colombia, al menos 16.000 mujeres están privadas de la libertad, según el INPEC. Muchas enfrentan hacinamiento, vulneración de derechos y escasas oportunidades de resocialización. Más de 6.000 están en cárceles que no responden a sus necesidades básicas, como atención en salud sexual y mental o condiciones para seguir siendo el sustento de sus familias, ya que la mayoría son madres cabeza de hogar.
De las 125 prisiones del país, solo hay cuatro que son exclusivamente de mujeres, otras cuatro son mixtas, y en 30 se han improvisado pabellones para mujeres. “La cárcel está diseñada para castigar, pero en un entorno construido para hombres, las mujeres siempre pierden”, advierte Giraldo. Incluso antes de ser judicializadas, muchas pasan días o semanas detenidas en CAI, bodegas o estaciones de policía, sin condiciones dignas.
Giraldo plantea que si afuera de prisión las mujeres están expuestas a elevados riesgos de violencia, “las condiciones del encarcelamiento incrementan estas probabilidades”. Para tener un panorama más amplio de esta situación, DeJusticia se dio a la tarea de documentar las agresiones sexuales dentro de las cárceles y la impunidad que persiste frente a estas violencias.
Uno de los casos que denunció DeJusticia sucedió en Valledupar (Cesar). Allí una mujer cuenta cómo fue forzada por un guardia a tener relaciones sexuales para evitar sanciones. También se reportaron casos en los que dragoneantes inducían a la prostitución a mujeres vulnerables durante la noche. En la última década, la Fiscalía ha registrado 22 casos de acceso carnal violento, 21 de lesiones personales, un homicidio doloso y dos procesos por tortura contra mujeres en prisión.
El deterioro en salud es otro capítulo de esta historia. Muchas mujeres no tienen acceso a controles médicos básicos, como citologías o pruebas de VIH. Un informe de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana reveló que más del 75 % no recibe kits de aseo ni toallas higiénicas suficientes y, en algunos casos extremos, ante la falta de control médico, varias se vieron obligadas a retirarse por su cuenta métodos anticonceptivos utilizando cuchillas o utensilios improvisados.
El informe de la Cruz Roja concluye que “son muchos los escollos a superar por parte de las instituciones y la sociedad misma debido a los imaginarios imperantes”.
Las secuelas en la salud mental
El daño no es solo físico. La salud mental es una de las dimensiones más afectadas por el encierro. En 2023, el Congreso aprobó la Ley 2292, que reconoce que el 80 % de las mujeres encarceladas lo están por razones económicas y situaciones de vulnerabilidad. Cuatro de cada cinco provienen de los estratos 0, 1 y 2, y la mayoría fue condenada por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes o extorsión.
La “Ley de Utilidad Pública” también expone cómo la prisión afecta emocionalmente a mujeres que, en muchos casos, eran las principales cuidadoras de sus familias. El encarcelamiento rompe sus vínculos afectivos, debilita sus redes de apoyo y hace más difícil la reintegración.
Pero, ¿hay una solución a la vista? Giraldo plantea dos caminos. El primero es mejorar urgentemente la atención en salud, justicia y orientación legal dentro de los centros penitenciarios. Muchas mujeres, con baja escolaridad y poco acceso a información, ni siquiera saben cómo reclamar sus derechos.
El otro es más estructural, pues consiste en buscar alternativas a la prisión. “Si la mayoría llega allí por condiciones de pobreza y exclusión, entonces el encarcelamiento solo profundiza esas brechas”, afirma.
Todavía falta mucho camino para que las cárceles dejen de ser lugares donde una de cada cuatro mujeres esté expuesta a sufrir violencia de género. A los ojos de Giraldo, para que una condena no signifique perder la dignidad, la salud, o la posibilidad de reconstruir una vida, es importante plantear un enfoque de género en la agenda de las prisiones del país.