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Las mujeres de la etnia kukama kukamiria no tenían ninguna influencia en las decisiones de su comunidad. Eran los hombres quienes establecían las prioridades, trazaban el camino y se reunían con las autoridades para exigir los derechos de su pueblo. “A nosotras nunca nos daban la razón cuando opinábamos, nadie nos hacía caso. Podíamos ir a las reuniones de las federaciones, pero no teníamos voz ni voto”, recuerda Mari Luz Canaquiri Murayari, de 55 años, madre de cuatro, abuela de seis y defensora del río Marañón, uno de los grandes afluentes del Amazonas y sagrado para los kukamas.
En la comunidad nativa de Shapajilla —distrito de Parinari, en Loreto; la provincia más diversa en etnias indígenas de Perú—, Canaquiri escuchaba frases que herían cualquier voluntad de liderazgo femenino: “La mujer no debe andar sola, debe caminar al lado del hombre, debe quedarse en su casa a cuidar de sus hijos”.
Corrían los años 90. Canaquiri era la joven presidenta del Club de Madres de Shapajilla cuando empezó a brotar en ella el primer arroyo de ese torrente en el que se ha convertido su liderazgo, gracias al cual ha logrado importantes conquistas legales: la más relevante, que el río Marañón, del que depende la subsistencia kukama y uno de los pilares de su cosmovisión, sea titular de derechos, algo inédito en la justicia de su país.
Nace un liderazgo
En la organización de madres que presidía Canaquiri, las mujeres no solo trabajaban para sus hijos, sino que ejercían labores de campo colaborativamente: sembraban maní, preparaban mantequilla de maní para la venta y para sus casas, comercializaban semillas y guardaban otras en un fondo común. Fue ahí cuando ella entendió la importancia de caminar organizadamente con sus “hermanas”.
Un día, su parroquia (Santa Rita de Castilla) las invitó a ella y a otras tres mujeres a una reunión de participación ciudadana en Iquitos, capital de su provincia. “Nos dieron unos libritos en los que leí que las mujeres y los varones teníamos el mismo derecho de opinar y participar”. Asistieron varias organizaciones; ellas, en cambio, habían ido solas. “Los varones se reían de lo que decíamos”, recuerda desde Shapajilla. “Pensé, mejor vamos a formar nuestra propia organización porque aquí nuestra voz no es considerada”.
Quería usarla para protestar contra los atropellos. Su mayor preocupación: que las vidas de los kukamas, la naturaleza y los seres que habitan bajo el río —los karuaras, según la cosmovisión de su pueblo— corrían peligro con los constantes derrames de crudo (según el informe La sombra de los hidrocarburos, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, entre 1997 y 2019 ocurrieron 517 derrames de petróleo en la Amazonia peruana; es decir, 23,5 cada año).
En 2000, cuando Canaquiri aún no conformaba su federación, hubo un derrame de gran envergadura en el río Marañón y se armó una comisión para reclamar soluciones a las autoridades de Iquitos. Llevaron petróleo en envases y fotografías que mostraban la magnitud del desastre. Ella se unió. Era la única mujer. “‘¿Usted está organizada?’, me preguntaban los medios. Todos me querían entrevistar, pero los hombres no estaban de acuerdo porque pensaban que yo no podía estar al frente de algo grande ni colectivo. Hasta ahora, las mujeres seguimos sufriendo de eso”.
Surge y se consolida un liderazgo colectivo
Ese mismo año, Canaquiri creó la Federación Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana (Mujeres Trabajadoras) del distrito de Parinari, de la que es presidenta. Inició con 13 comunidades nativas afiliadas y cinco mujeres directivas; hoy, tienen una amplia incidencia: 29 comunidades de base y siete directivas.
El camino no ha sido sencillo, ni siquiera desde lo personal, lo dice Gilda Fasabi, una de las líderes más jóvenes, de 40 años. “No es fácil dejar la casa y no estar siempre con los hijos; a veces, la pareja no comprende. Si yo hubiera sido débil, habría dejado Huaynakana. Lo que hacemos no es para el bien de una persona: miramos a todas las poblaciones”, reflexiona Fasabi.
En su primera década de existencia, las Huaynakana recurrieron a paros y movilizaciones para hacerse escuchar sobre las consecuencias de los derrames de petróleo y la urgencia del mantenimiento del oleoducto Norperuano —que lleva el crudo desde el Amazonas hasta la costa peruana—, pero, recalca Canaquiri, esas medidas generaban sufrimiento. Los gobiernos de turno firmaban actas con las que se comprometían a eliminar los derrames, pero todo seguía igual. Las Huaynakana cambiaron de estrategia: “Decidimos presentar nuestras primeras demandas de amparo. Cuando queríamos, nos organizábamos y demandábamos. Aún lo hacemos”, precisa.
“Estamos hablando de una organización que tiene una gran efectividad en la lucha por la defensa del río Marañón. Han ganado batallas muy importantes (...) Con sus demandas, Mari Luz y las Huaynakana siempre han enviado el mismo mensaje: que el río es un ser vivo”, afirma Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), que camina con las Huaynakana desde 2012.
Hasta el momento, han presentado cinco demandas. La primera —de finales de 2013 y presentada con otras comunidades indígenas— exigía consulta previa a raíz del proyecto Hidrovía Amazónica, con el que el Estado buscaba desarrollar una “autopista” para el transporte fluvial y de comercio en la Amazonia dragando los ríos Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas. “Fue el primer caso que ganaron los pueblos indígenas peruanos contra el Estado. En la consulta participaron casi 70 pueblos y las más participativas eran ellas”, agrega Ruiz.
Canaquiri le pidió al equipo de IDL incluir en la demanda la cosmovisión kukama y su relación espiritual con el río (algo que puede verse a plenitud en el documental Karuara, la gente del río, de Stephanie Boyd y Miguel Araoz Cartagena, coproducido por Canaquiri, que este año consiguió los premios a Mejor película y del Público en el Festival de Cine de Lima).
Cuando salió a la luz la sentencia, las Huaynakana no quedaron conformes, a pesar de que se ordenó la consulta previa. La razón: la sentencia tuvo un enfoque ambiental y no cultural, como ellas esperaban.
Cinco años después, las Huaynakana demandaron de nuevo a Hidrovía porque su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) incumplía los estándares internacionales y desconocía los impactos culturales y espirituales del proyecto en las comunidades nativas ribereñas. Canaquiri estaba convencida de que la cosmovisión kukama podía ayudarles a transmitir a los jueces lo que significaba el río para su pueblo, y no se equivocó.
El río, su mundo y su salvaguarda
“En la cosmovisión kukama existen tres mundos: el del cielo, de la tierra y del agua. En el mundo del agua viven espíritus diferentes como los bufeos, las sirenas y los yacurunas. Viven en ciudades que se parecen a las del mundo de la tierra, con casas, árboles, calles, ríos (...) El pueblo kukama tiene familias en el agua: a veces, los seres espirituales se llevan a la gente a vivir con ellos (...) Los llevan y se casan con ellos, y viven bajo el agua (...) Ellos también tienen derecho al respeto porque son seres vivientes, y no se puede alterar su vida; así como no se puede alterar la de nosotros”. Estas y otras reflexiones pronunciadas durante el juicio contra Hidrovía por Rusbel Casternoque, líder kukama de la comunidad nativa Tarapacá, se convirtieron en material de la sentencia a favor de las demandantes.
Las Huaynakana recibieron el fallo final en agosto pasado. La Sala Civil de Loreto ordenó, entre otros aspectos, que la consultora ambiental encargada de hacer el EIA estime los “impactos sociales, culturales y espirituales” del proyecto en las comunidades implicadas, y evalúe expresamente los impactos “acumulados” en relación con otros proyectos extractivos y de infraestructura pública que hayan tenido lugar en ese territorio. “Es algo histórico”, precisa Ruiz.
Pero los derrames continuaban. “Ese es nuestro dolor”, confiesa Fasabi, y recuerda: “A mis nueve o 10 años hubo un derrame grande de petróleo en el río. No podíamos recoger agua porque todo salía negro: el balde, la canoa, todo. Recuerdo que mi mamá lloraba y cavaba la tierra para que saliera agua, quizá no tan limpia pero la asentábamos y le echábamos Flor, un producto que nos daban en el centro de salud. Eso consumíamos y eso consumimos nosotros”.
Canaquiri le hizo una propuesta al abogado Ruiz que lo sorprendió: “¿Por qué no demandamos para que respeten a nuestro río?”. Ruiz no conocía antecedentes en la jurisprudencia peruana que le permitieran exigir derechos para la naturaleza. Investigando, encontró que la Corte Constitucional de Colombia le había dado derechos al río Atrato, en 2016. Un día cualquiera leyó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), de 2017, que en solo una línea despejó todo el panorama: “Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica”… “La llamé emocionado y le dije: ‘Podemos hacerlo’, porque lo dicho por la IDH sí era vinculante”, rememora Ruiz.
En 2021, Mari Luz Canaquiri, Celia Fasabi Pisango, Gilda Fasabi Saavedra, Emilsen Flores Simón y Rosa Tamani Tapayuri —directivas de Huaynakana— presentaron una acción de amparo contra los derrames de petróleo del oleoducto Norperuano y por el reconocimiento de los derechos del río Marañón.
En noviembre pasado, tres años después de la demanda, las kukamas recibieron un espaldarazo no solo para su causa, sino para la protección de la naturaleza en Perú.
La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto ratificó la sentencia del juzgado de Nauta, que le había dado titularidad de derechos al río Marañón y, de paso, derechos a la naturaleza. Ratificó también, como las Huaynakana habían pedido, la creación de los Consejos de Cuencas para el Marañón y sus afluentes, y las declaró defensoras y representantes del río y sus afluentes. Y revocó el fallo del juzgado de Nauta, que había rechazado el pedido de las demandantes para que se le ordenara a la empresa estatal Petroperú —operadora del oleoducto Norperuano— hacer el mantenimiento del oleoducto, que se construyó hace 50 años.
“Esta sentencia en firme sienta un precedente. Permite transitar de un enfoque legal antropocéntrico —hay que proteger la naturaleza porque es útil— a uno ecocéntrico, que sostiene que la naturaleza debe protegerse por su valor intrínseco”, resume el abogado.
Las Huaynakana tienen más batallas legales por librar. Las mujeres que antes no eran escuchadas, y no tenían voz ni voto, que temían ser violentadas en sus casas por asistir a las reuniones de su organización, están exigiendo que se invierta un porcentaje del canon petrolero en el desarrollo de las comunidades nativas afectadas y, por otro lado, que haya agua potable, servicios públicos y sistema de manejo de residuos sólidos en las comunidades base de Huaynakana.
“Después de cada derrame, la población se enferma aún más. Sabiendo que nos podemos morir, tomamos agua con petróleo porque, sin servicios básicos, no tenemos alternativa. Por eso hemos venido pidiendo agua potable para nuestra población”, cuenta Canaquiri. A lo que Ruiz agrega: “No hay una sola ciudad amazónica que tenga planta de tratamiento de aguas servidas. Esa es una desgracia”.
Las Huaynakana se han forjado con dolor, pero también con esperanza y alegría. Siguen trabajando en sus chacras, reuniéndose con sus bases en todo el territorio, haciendo talleres —de la mano de IDL— para que las comunidades se apropien de la sentencia del río Marañón y sus afluentes; asistiendo a eventos en varios lugares del mundo y recogiendo lo sembrado en sus hijos, a quienes les enseñaron a amar su cultura y salir adelante a pesar de todo.
*Este reportaje fue apoyado por la oficina para la región Andina de la Fundación Ford.
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