La historia no siempre termina cuando aprietan el gatillo contra ellas. A veces, la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Colombia se anuncia con señales más sutiles, pero igualmente peligrosas: advertencias furtivas, insultos en las calles o amenazas cargadas de violencia de género. Todas tienen algo en común: buscan silenciar.
Así fue el caso de Lina María Puentes, lideresa asesinada en Baraya (Huila) por defender los derechos de su comunidad. Antes de recibir las ráfagas de las disidencias de las Farc, Lina atravesó dos décadas marcadas por violencias y estigmas, mientras buscaba a su hermano, desaparecido en 2010. Su historia, aunque particular, no es una excepción. Es un eslabón más en la cadena de agresiones que enfrentan las mujeres que defienden derechos en el país.
Pero, ¿por qué para las mujeres defender los derechos se convierte en una labor altamente peligrosa? El Espectador habló con expertos, defensoras y organizaciones internacionales para entender esta realidad. Aunque las amenazas también recaen sobre los hombres, en las mujeres genera fracturas más profundas al momento de exigir garantías y justicia en los territorios.
Vida de dualidades
Amenazar la vida de alguien, aunque parezca increíble, también tiene estereotipos de género. Las agresiones contra defensoras no se limitan a advertencias, como la corona fúnebre que recibió Valentina Araujo, lideresa indígena de Bogotá, a inicios de 2025. Tampoco a las amenazas contra la familia de Cleiner Almanza, buscadora en Montes de María, quien además fue víctima de violencia sexual por exigir justicia para su hijo. Estas violencias no solo buscan silenciar, también intentan desestabilizar comunidades, ahondar brechas y disuadir a otras mujeres de seguir ese mismo camino.
Así lo explica Bibiana Aidó, quien lidera desde 2019 el programa Prodefensoras, una iniciativa de ONU Mujeres y la Embajada de Noruega que ha acompañado a más de 6.000 defensoras en Colombia. El objetivo de este programa es evitar que ser mujer y defender derechos siga siendo sinónimo de vivir bajo amenaza constante.
Aunque las cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos muestran que son más los hombres asesinados o amenazados, las violencias contra las mujeres tienen efectos diferenciales. Las lideresas no solo son guardianas de derechos, sino pilares en sus comunidades. Cuando las agreden, no solo atacan su liderazgo, también atentan contra ellas como madres, cuidadoras y sostén familiar.
Para Betsy, firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y quien hoy se enfrenta a los grupos armados en Aguabonita, Caquetá, para defender el agua y el territorio, “la violencia no solo está en las armas; también habita en las familias, los hogares y la sociedad”, comenta. Fue reclutada por las FARC, sufrió la desaparición de un familiar y, tras el desarme, su vida sigue amenazada. Ahora se dedica a sanar a otras mujeres desde la medicina tradicional.
Esa dualidad, entre liderazgo público y violencia estructural, también se manifiesta al exigir justicia. Las cifras de impunidad lo confirman. Un informe de la Red Nacional de Mujeres, publicado a finales de 2024, reveló que el 78 % de los casos de acoso sexual y el 99 % de feminicidios siguen impunes. En el informe, los autores reseñan que “la implementación de la ley (penal) ha sido lenta e insuficiente para garantizar una vida libre de violencias. No hay avances procesales que conduzcan el caso hacia el juicio y la sanción”.
Otros informes son igual de contundentes y muestran una radiografía menos esperanzadora para las defensoras de derechos. Somos Defensores, ONG que vela por la vida de lideresas sociales, reportó que en 2022, de miles de casos de asesinatos contra madres, defensoras, buscadoras o lideresas sociales, solo en el 5 % hubo sentencias condenatorias.
“Las agresiones contra ellas no son hechos aislados: atentan contra su proceso y su humanidad. Se busca relegarlas al ámbito doméstico, a ese espacio privado al que erróneamente se cree que pertenecen. El mensaje es claro: “defender la vida te va a costar la vida. Si te atreves a liderar, esto es lo que te puede pasar”, advierte Aidó.
Derecho a defender derechos
No faltan las iniciativas, legislaciones o leyes que reposan en la sala de máquinas del Estado para proteger las lideresas en Colombia. Lo difícil es implementarlas y garantizar que lo que se debate y sanciona en Bogotá, tenga efectos en los territorios, comenta el embajador de Noruega Nils Martin Gunneng, que en su papel de diplomático ha hecho veeduría de la implementación del Acuerdo de Paz y la garantía de derechos de defensoras.
A sus ojos, las mujeres han sido pieza clave en los procesos de paz y de defensa de derechos. En el país esto no es un secreto. Un ejemplo, señala el embajador, es el Acuerdo de Paz de 2016. Aunque el panorama actual es inquietante, existen herramientas aplaudidas internacionalmente, que podrían hacer la diferencia. El problema, insiste, no es su existencia, sino su implementación. “Si bien nosotros, como Reino de Noruega o cooperación internacional, podemos ayudar, el deber es exclusivo del Estado”, añade.
Gunneng menciona algunas de las herramientas más importantes para protegerlas: desde el Acuerdo de Escazú, que en el papel protege a quienes defienden el ambiente, hasta programas más integrales, como el Programa Integral de Garantías para Lideresas. Sin embargo, la mayoría no ha cumplido su propósito de frenar las agresiones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las defensoras.
Un ejemplo claro ocurrió en 2023, cuando la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional debido a la falta de respuesta institucional frente a la violencia contra las lideresas. Por medio de la sentencia SU-546/23, el alto tribunal fue enfático al señalar que hay ausencia de coordinación entre entidades, escasez de recursos y una débil implementación de enfoques diferenciales.
En la sentencia, la Corte explicó que si bien existen regulaciones de diferente naturaleza, persiste la ausencia de capacidad institucional (para proteger a las defensoras). “No hay un instrumento que integre la política pública; no hay asignación y ejecución de esquemas de protección con enfoque diferencial; hay una ineficaz respuesta estatal frente a las alertas tempranas y se evidencia una ausencia de recursos para enfrentar la grave afectación de derechos”, agregó.
La radiografía de Gunneng sobre el riesgo que enfrentan las lideresas está respaldada por las cifras que la Embajada de Noruega y de otros informes estatales. Uno de ellos, elaborado por el programa ProDefensoras, muestra que los departamentos con mayores niveles de amenaza y vulneración a lideresas son Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia. Por eso, dice el embajador, el trabajo de protección debe hacerse en coordinación con el territorios y con las mujeres que viven a diario estas amenazas. El programa está presente en 71 municipios, la mayoría de ellos PDET, donde, tras la firma del Acuerdo de Paz se ha registrado una escalada sostenida de agresiones.
En opinión de Gunneng, una de las formas de cuidar a las defensoras es releer el Acuerdo de Paz de 2016. “Allí no solo fueron claves en la búsqueda de paz y justicia; también hay convenciones, términos, planes de acción, conceptos y maneras de implementar y llegar con la institucionalidad a los territorios. Esto está siendo subutilizado”, enfatiza.
Pero la voluntad política sigue siendo esquiva. Aunque existen al menos 50 normas, tratados y sentencias que obligan al Estado a prevenir, sancionar y evitar la repetición de estas violencias, su implementación es débil. Ni el Acuerdo de Escazú ni programas como el de Garantías para Lideresas han logrado frenar las agresiones.
El caso de María del Pilar Hurtado, lideresa asesinada en Córdoba tras pedir protección en vano, es un crudo recordatorio de esta deuda institucional. Su muerte no solo puso en evidencia la inacción del Estado, sino también la fragilidad del tejido comunitario cuando una defensora cae. “Nosotras construimos comunidad, tejemos paz, asumimos la maternidad, cuidamos la tierra y el agua. Cuando nos atacan, atacan todo un engranaje social. Todo el proceso queda expuesto”, cuenta Andrea Riascos, directora de la organización Ocho de Marzo, que desde 2011 trabaja por la prevención de agresiones basadas en género contra las lideresas.
¿Solución a la vista?
Para Óscar Martínez, coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES), el problema, no es solo normativo, también es político. “Probablemente, exista un consenso en torno al problema, las normas jurídicas y los otros documentos estatales. Sin embargo, buena parte de lo que constituye una política pública depende de los actores y los intereses en juego”, comenta.
Bibiana Aidó, desde ONU Mujeres, coincide y añade que, durante el diseño del organigrama y los engranajes de ProDefensoras, comprendieron, tras cinco años de trabajo en el terreno, que la protección debe construirse con las mujeres, desde los territorios, con enfoque diferencial y reconociendo sus trayectorias. “De poco sirve mitigar una amenaza con un esquema de protección si hay otros vacíos en las vidas de las defensoras. Proponemos cambiar el paradigma y ajustar todos los problemas psicológicos, económicos, sociales, de violencias de género o de mujeres que apostaron por la paz incluso antes de que sean amenazadas o asesinadas”, sostiene.
A pesar de las amenazas, las lideresas han demostrado que sus luchas pesan más que la violencia. A pesar de que sus derechos siguen en riesgo y muchas veces el Estado no responde, ellas continúan protegiendo la vida y los territorios. Algunas lo hacen incluso tras ver caer a compañeras a manos de la violencia.
Así lo cree Betsy, firmante del Acuerdo de Paz, quien ha vivido múltiples amenazas por su trabajo en el territorio. “No sé cuándo me toque morir por defender a las mujeres rurales o por apostarle a la paz. Pero todo habrá valido la pena”, concluye.