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Mientras los ojos del mundo centran su atención en el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano o en las maniobras militares para repeler los ataques, hay una mujer que ha decidido pensar en lo que ocurrirá cuando los fusiles se detengan y la guerra llegue a su fin. Se trata de Mariia Sulialina, una mujer que durante los últimos cuatro años ha dedicado sus esfuerzos para dirigir la ONG Almenda, una plataforma que defiende los derechos humanos en medio de la violencia.
En entrevista con El Espectador, Sulialina cuenta cómo, en medio de foros, congresos y escenarios internacionales, ha denunciado que la niñez ucraniana corre el riesgo de ser despojada de su identidad cultural, de su idioma y de la posibilidad de crecer lejos de los cuarteles militares. “Debe haber alguien que piense en un “después”de la guerra y en toda una generación de niños, niñas y adolescentes que conviven con miedo o han sido arrastrados a la guerra de una forma u otra. Nuestro trabajo es darles una posibilidad a que tengan un futuro”, explica.
Sulialina, galardonada en 2024 por Civil Rights Defender como la Defensora de los Derechos Civiles del Año, conoce desde hace más de una década los efectos de la guerra sobre la juventud ucraniana. En 2014, siendo apenas una adolescente, presenció cómo las tropas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, anexaron la península de Crimea y transformaban su hogar en un territorio militarizado, donde primaba la hostilidad y la incertidumbre.
Tuvo que salir de su hogar y, conforme pasaban los años, continuó viendo que la guerra también se estaba librando en los centros educativos de los territorios ocupados. Rusia, al controlar casi una quinta parte de Ucrania, empezó a poner sus propias reglas; una de ellas fue la de eliminar el idioma ucraniano de los colegios, censurar textos académicos que hablaran sobre la identidad y convencer a cientos de miles de jóvenes para que se unieran a la guerra e integraran los batallones rusos.
En uno de los apartados de un informe que redactó, detalla que, hasta octubre de 2024, ya se habían registrado 1.600.000 niños y niñas en las zonas ocupadas por Rusia. De este número, al menos 590.000 están en colegios que han sido completamente manipulados por los rusos. En 2022, cuando el conflicto escaló, Sulialina dejó atrás sus proyectos personales y se dedicó a documentar violaciones contra la niñez ucraniana.
Desde entonces asumió la dirección de Almenda, gestionó apoyos en distintos países europeos y se adentró en los territorios ocupados para recoger testimonios y pruebas. “Algún día esta guerra terminará, y esos informes mostrarán quiénes fueron responsables de que casi dos millones de niños fueran utilizados como botín. Revelan las tácticas de despojo, pero también la oportunidad de corregir el rumbo”, añade.
Los documentos que Sulialina ha difundido incluyen fuentes que respaldan sus preocupaciones, como estadísticas oficiales rusas, datos recopilados en terreno y consultas a comunidades locales. Tras analizar toda esta información, la defensora advierte que “el futuro de Ucrania está en riesgo si no se habla de los niños que ya hemos perdido, sea porque fueron adoctrinados militarmente, deportados ilegalmente a Rusia o asesinados en los ataques”.
Además, asegura que uno de los hallazgos que más le ha llamado la atención es la aprobación en la Duma (congreso ruso) de una ley de “política juvenil” orientada a “reforzar los valores morales tradicionales de la patria” en los territorios ocupados. Luego de meses de investigación, encontró que la Federación de Rusia ha destinado en los últimos cinco años cerca de $ 246 millones de rublos ($US 3.000.000) a programas de adoctrinamiento y entrenamiento militar juvenil.
Otro de sus reportes señala, por ejemplo, que hacia finales de 2024 al menos 6.265 adolescentes ucranianos estaban matriculados en clases de cadetes en las filas rusas o que, en ciudades como Mariúpol, las autoridades reemplazaban la infraestructura educativa por instalaciones castrenses, levantando escuelas navales en lugar de nuevas aulas.
Esas denuncias han tenido eco en varios organismos internacionales. La UNICEF, por su parte, ha respaldado su trabajo y replicado sus advertencias sobre los riesgos que enfrenta la infancia ucraniana. Otras organizaciones, como la Asamblea General de la ONU, ha citado sus hallazgos, como el que muestra que de 229.000 niños que viven en Crimea, apenas 164 siguen hablando ucraniano, mientras decenas de escuelas han sido clausuradas bajo acusaciones de “extremismo proislámico”.
En opinión de Sulialina, en las agendas internacionales casi no se habla de estas amenazas a la juventud de Ucrania. Por eso, defiende su trabajo y dice que es valioso al documentar y evitar que crezca otra generación destinada a combatir contra su propio país.
Aunque el final del conflicto parece lejano, Sulialina asegura que cada informe escrito ha valido la pena porque los lleva a imaginar un futuro sin niños adoctrinados y con mayor acceso a la educación. Mientras las negociaciones para acabar con la guerra avanzan lentamente, ella se aferra a la idea de seguir denunciando para que las nuevas generaciones tengan una opción de vida diferente, lejos de la lógica militar. “No se trata solo de Ucrania, sino de toda la humanidad. Mi generación ya lo vivió y ahora lo viven estos jóvenes. Aunque Rusia enseñe que Ucrania no existe, todavía hay personas que luchamos para que siga existiendo en el presente y en el futuro”, concluye.