Falta exactamente un año para que Colombia conozca a las personas encargadas de manejar los hilos de poder. Entre los aspirantes a la Presidencia y al Congreso hay una tendencia que, aunque no es nueva, preocupa a más de dos millones de ciudadanas afro: las mujeres negras tienen muy pocas oportunidades de ocupar esos espacios.
Así lo advierte un estudio de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), que muestra cómo para ellas aspirar, sentirse representadas y acceder a la política ha sido una carrera llena de obstáculos. En el informe publicado a finales de julio, la organización señala que, si no cambian las estrategias políticas actuales, las posibilidades de que más de 2,3 millones de mujeres afro vean a una de sus pares en los más altos cargos seguirán siendo mínimas. Y que, aunque históricamente han sido excluidas y racializadas, también pueden ocupar una gobernación, un ministerio o, incluso, la Presidencia de la República.
Yuli Mosquera, una de las investigadoras del CNOA, cuenta que este informe surge “en un momento en que se acumulan silencios, exclusión y obstáculos visibles e invisibles para las mujeres afro en política”. Además, en su opinión, los resultados pueden ser el “reflejo de cómo estas mujeres viven una existencia fragmentada que limita su participación, refuerza un circuito de exclusión social que, a la vez, impacta en su identidad colectiva y su percepción de poder.
Cifras cortas
Hace menos de un mes, Francia Márquez, la primera vicepresidenta afro, habló ante miles de personas en Cali. El discurso, con motivo del Día Internacional de la Mujer Afro, se convirtió en una reflexión sobre el camino turbulento que ella y muchas de sus compañeras han tenido que recorrer para llegar al poder.
“Vengo a hablar de un cuerpo de una mujer negra, que ha sido instrumentalizado, celebrado, desgastado y desechado (...). Nos quieren para la foto, pero no en la toma de decisiones”, dijo Márquez al comentar que en poco más de tres años en la Vicepresidencia no ha tenido reconocimiento ni autoridad, y que la exclusión racial sigue presente.
El informe del CNOA es, en parte, una radiografía de ese pronunciamiento. Márquez, que también estuvo al frente del Ministerio de la Igualdad, afirmó que pasó de “ser el fenómeno político y la heroína a una traidora. Cuando una mujer negra asciende en este país, la sospecha la persigue”.
La Conferencia de Organizaciones recuerda que, en casi siete décadas desde que las mujeres tienen derecho a ocupar cargos político, solo ocho afrodescendientes han llegado al Congreso. Esto representa menos del 1 % de todos los legisladores que han pasado por el Salón Elíptico, donde sesionan los parlamentarios.
En las últimas elecciones legislativas (2022 - 2026) hubo un ligero avance: de 296 congresistas, seis son mujeres afro. Entre ellas, Dorina Hernández, la primera palenquera en presentar a San Basilio, Bolívar. Sin embargo, para la CNOA, esto sigue siendo una “ciudadanía de baja intensidad”: aunque existen curules afro, circunscripciones especiales y leyes de cuotas de género, la representación sigue siendo limitada y poco significativa.
En la Rama Ejecutiva el panorama es similar. De las 32 gobernaciones en el país, solo seis están a cargo de mujeres, y únicamente Nubia Carolina Córdoba, mandataria de Chocó, es afro. Los pocos rostros de mujeres negras en estos espacios, indica el documento, no solo restan representatividad a una población de más de cinco millones de afrodescendientes, sino que también evidencian que, en una democracia participativa, no todas las voces son escuchadas.
En las últimas dos décadas, los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque nombraron a una sola mujer afro en un ministerio. Con Gustavo Petro esa cifra aumentó, al posesionar a Aurora Vergara en la cartera de Educación, María Isabel Urrutia en la de Deporte y a Yesenia Olaya en la de Ciencia. Pero, advierte el CNOA, “no es suficiente”.
Para Mosquera, la inclusión real no se trata de cumplir una cuota, sino de transformar las dinámicas de poder, garantizar recursos, fortalecer liderazgos y asegurar que las mujeres afro participen activamente en las decisiones. “La participación debe ser significativa, con reconocimiento y respaldo institucional, no solo formal”, subraya.
El problema no se explica solo por la discriminación que la población negra ha denunciado por décadas. También influye la competencia interna entre decenas de organizaciones negras y consejos comunitarios por ocupar espacios de poder.
En el Congreso, por ejemplo, hay dos curules afro para representar a las comunidades negras, pero no existe un consenso sobre quiénes deben ocuparlas. En las elecciones más recientes, 48 organizaciones afro compitieron por esas dos plazas que, en la práctica, suelen ser ocupadas por hombres. Esto dispersa los votos y limita que una mujer sin maquinaria política ni grandes recursos pueda llegar por su cuenta a una curul.
Para Mosquera, el desafío no termina en el acceso, pues cuando una mujer afro llega a un cargo de poder, necesita autonomía política y económica para ejercerlo plenamente. “La participación de las mujeres negras no solo es válida, es necesaria para tener una democracia más inclusiva y justa”, asegura la investigadora y añade que si bien el camino no ha sido fácil, “las mujeres afro continúan haciendo historia que inspira a muchas otras y demuestra que su voz y su liderazgos son imprescindibles para transformar el país”.