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La justicia sigue siendo una cuenta pendiente para las mujeres en el mundo. Esa fue la conclusión a la que llegó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de haber sesionado en Nueva York. El encuentro, realizado en marzo, dejó en evidencia que en ningún país se ha logrado una igualdad de género plena e incluso que hay naciones donde las leyes y la jurisprudencia son la principal barrera para garantizar los derechos de las mujeres.
Algunas legislaciones, por ejemplo, siguen limitando la equidad de género en ámbitos laborales o de derechos civiles, como la participación política de las mujeres. Otras naciones, como Colombia, “siguen teniendo 12 normas que deben armonizarse para buscar la igualdad con las mujeres”.
Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, señala que “cuando se niega la justicia a las mujeres y niñas, el daño va mucho más allá de un caso concreto” pues, según dice, la confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita”
Cifras dispares
La Comisión detalló algunas cifras que demuestran la magnitud del problema. Por ejemplo, en el 54 % de los países la violencia sexual sigue teniendo vacíos legales, pues si bien se comete en contra de su voluntad, los sistemas legales no lo catalogan como un delito ni procesan judicialmente a los responsables.
También aparecen otras violencias que se perpetúan por su ausencia en los códigos normativos de los países. Ese es el caso del matrimonio infantil, donde el 72 % de los países no cuentan con prohibiciones o jurisprudencia para regular un fenómeno que obliga a niñas menores de 18 años a casarse, en la mayoría de los casos, con hombres que duplican o triplican su edad.
Otro caso importante que resalta el informe es el de las brechas salariales, donde casi la mitad de los países aún no han discutido leyes que garanticen sueldos equitativos a mujeres que tienen los mismos títulos académicos y desempeñan funciones idénticas a las de los hombres.
“Ningún país ha logrado igualdad jurídica para sus mujeres. La implementación de los marcos jurídicos sigue rezagada, ya que los recursos y las normas no logran seguir el ritmo. Incluso cuando se consigue la igualdad ante la ley, la justicia sigue fuera del alcance de muchas mujeres y niñas”, reza el informe de la Comisión.
Los tiempos cambian
El informe también habla sobre cómo la violencia contras las mujeres ha avanzado, pero la respuesta de los estados se ha quedado estancado. Una parte del texto muestra la preocupación de la ONU sobre cómo la tecnología o el acceso a redes sociales ha contribuido a amplificar las brechas de género y, en varios territorios, ahondar las violencias.
Ese es el caso de casi el 100 % de los países que se han visto limitados en las herramientas qu pueden emplear frente a casos de acoso sexual en el ecosistema digital o qué paso deberían seguir para proteger a las mujeres de ser violentadas en razón de su género. Asimismo sucede con la captación de niñas a redes de trata de personas u hostigamientos que viven las víctimas a la hora de denunciar sus casos de violencia.
“La tecnología no es infalible, y la privacidad y la seguridad de los datos siguen siendo motivo de preocupación (...). Las herramientas tecnológicas también brindan a las mujeres la posibilidad de acceder a los sistemas de justicia sin tener que estar físicamente presentes ante el tribunal, con lo que salvan las barreras geográficas y, a menudo, las limitaciones relativas a las responsabilidades de cuidados”, describe el informe.
Progreso posible
A pesar de estas inquietudes, la ONU indica que el avance es posible, pero no automático. Para que ocurra, es necesario ir más allá del acceso formal a la justicia y asegurar que mujeres y niñas obtengan resultados reales, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Esto implica reconocer las exclusiones históricas y las relaciones de poder que siguen marcando sus trayectorias. Las leyes, políticas y prácticas pueden abrir puertas o cerrarlas; por eso, transformarlas exige voluntad política, recursos públicos, movilización social y decisiones basadas en evidencia, siempre conectadas con la diversidad de experiencias que atraviesan sus vidas.
Y es que hay algunos casos donde los parlamentos y jefaturas de Estado alrededor del planeta han logrado avances concretos. En Colombia, por ejemplo, se logró la prohibición del matrimonio infantil tras décadas de ver cómo las niñas contraían matrimonio con adultos. El derecho al aborto, considerado como imposible hace algunas décadas, es ahora una realidad en al menos 70 países del mundo.
El informe muestra que hay avances importantes. La mayoría de países ha adoptado leyes contra la violencia doméstica y, en la última década, varios han reforzado las garantías constitucionales para proteger a mujeres y niñas. Sin embargo, estos logros conviven con una realidad incómoda: las normas, por sí solas, no logran cambiar lo que ocurre en la práctica.
¿Qué falta? Persisten barreras más profundas que siguen limitando el acceso a la justicia. La estigmatización, la tendencia a culpar a las víctimas, el miedo y las presiones sociales continúan silenciando a muchas mujeres, permitiendo que incluso violencias extremas queden impunes. A esto se suman obstáculos cotidianos como los costos, la duración de los procesos, las barreras de idioma y una desconfianza arraigada hacia las instituciones encargadas de protegerlas.
“Ha llegado la hora de actuar, de manifestarnos y exigir derechos, justicia y acción para que todas las mujeres y niñas podamos vivir seguras, hablar con libertad y vivir en igualdad”, concluye Bahous.