Violencia económica: ¿cómo saber si la estás viviendo o ejerciendo?

En Bogotá existen 16 casas de justicia y desde el 2021 han registrado más de 14 mil mujeres víctimas de violencia basada en género, el 35 % de los casos corresponden a violencia económica.

Foto: Cristian Garavito

¿Por qué te compraste esa ropa? ¿Para qué te fuiste al salón de belleza? Ese gasto no es necesario. ¿Por qué en esta casa no crecemos económicamente? Porque tú estás gastando en tus cosas. Es preferible que te quedes en el hogar, que no estudies, yo te mantengo. ¿Por qué el mercado salió tan caro?

Estas son algunas frases de alerta o red flags (banderas rojas) que pueden servir para identificar acciones y conductas de violencia económica. Las mujeres son quienes principalmente sufren esta violencia en sus relaciones amorosas, sean de noviazgo, matrimonio o unión libre, pero también en el ámbito familiar y en proceso de divorcio.

El informe de la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer expone que el 41 % de las personas agresoras de violencia económica son la pareja actual, seguido de la expareja (35 %), hijos o hijastros (10 %) y madres o padres (8 %).

Para prevenir esta violencia que se ha naturalizado y justificado desde los espacios de cuidado, hay que entender qué es, cómo funciona y qué se puede hacer en caso de ser víctima o victimario.

¿Qué es la violencia económica?

La Organización de Naciones Unidas define la violencia económica como una acción que busca conseguir “la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela”.

En Colombia, el tema se ha abordado desde 2008, cuando la Ley 1257 estableció normas para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer. Por ejemplo, se estableció el daño patrimonial como una forma de violencia económica contra la mujer, pues se da una pérdida, destrucción, retención o transformación de bienes, documentos o instrumentos de trabajo de las mujeres para satisfacer sus necesidades.

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Todas estas acciones de violencia económica y patrimonial están cargadas de violencia psicológica, pues el abusador genera manipulación, control, reproches, culpa y algunas veces violencia física. La Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida de Putumayo expone un caso que ilustra muy bien la situación, en su plataforma No estás sola.

“Un día mi mamá, cansada de los golpes, le dijo a mi papá que lo iba a dejar y que nos llevaría con ella. Él le respondió que se fuera con lo que llevaba puesto, que de allí no podía sacar nada, ni los papeles de nosotros y que nunca nos ayudaría si lo abandonaba”, relató una joven en el marco del proyecto de atención psicojurídica a las mujeres sobrevivientes de violencia de género del Putumayo, realizado en el año 2020.

Acciones como limitación de los recursos económicos, incumplimiento de las obligaciones alimentarias e impedimento en la posesión y el disfrute de bienes comunes (que se evidencian en esta historia) son algunos ejemplos de cómo se vive la violencia económica durante un proceso de divorcio.

La violencia económica también se enmarca en el trabajo del cuidado, muchas veces no reconocido monetariamente ni como aporte a la economía, pues se entiende como una serie de acciones que las mujeres, desde un rol socialmente impuesto de “cuidadoras”, deben realizar. Cocinar, limpiar la vivienda, atender a niños, personas con discapacidad y adultos mayores son algunas de esas labores catalogadas como “innatas” de la mujer, que dan paso a esta violencia.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el confinamiento que generó la pandemia del covid-19, las mujeres colombianas dedicaron casi ocho horas diarias de trabajo no remunerado, casi el doble del tiempo dedicado por los hombres (tres horas y seis minutos en promedio). La pandemia empeoró esta situación, pues en comparación con los resultados de esta encuesta en 2017-2019, en el caso de las mujeres aumentó casi una hora el tiempo de trabajo diario no remunerado.

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Otras acciones para identificar si se está ejerciendo o viviendo violencia económica es la prohibición al acceso a cuentas de bando o servicios financieros, tomar decisiones sobre los bienes o recursos de la otra persona sin su consentimiento, pedir información por cada gasto que hace la pareja y destinar sueldos menores a trabajos “feminizados”, entre otros.

La vigilancia del gasto y manejo del dinero, por parte de la pareja principalmente, es un hecho que sucede con más frecuencia en zonas urbanas que rurales. Esta información la reveló la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) en su “Estudio de tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres”.

USAID construyó este estudio a partir de 9.000 encuestas a mujeres y hombres de tres ciudades capitales de Colombia y 59 municipios, en el que también identificó que el 14 % de personas encuestadas están de acuerdo con la afirmación “quien trae la plata manda en la casa”.

El 17 % de la población encuestada cree que es válido que un padre no aporte económicamente para el sostenimiento de los hijos si su esposa le ha sido infiel. Esta situación conlleva a identificar cómo la violencia económica entra a ser justificada como una sanción hacia las mujeres por parte de sus parejas, generando más desigualdad entre las partes, pues no ocurriría lo mismo si la situación fuera contraria.

La encuesta se aplicó en las regiones de Pacífico, Bajo Cauca y Montes de María. Allí se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados con el Acuerdo de Paz con las extintas FARC en 2016, como un mecanismo para fortalecer las zonas más afectadas por el conflicto armado.

En estas regiones USAID está implementando su programa “Generando equidad”, que busca aumentar el empoderamiento económico de las mujeres, transformar los roles de género para reducir las violencias contra las mujeres y contribuir a la implementación de políticas y servicios de prevención, protección y atención de las violencias basadas en género.

¿Cómo se puede prevenir la violencia económica?

La inequidad en la repartición de tareas en el hogar y labores de cuidado propicia la dependencia económica, retrocesos o bloqueos en la construcción de un proyecto de vida y limitaciones en el acceso o dedicación en espacios de formación académica o laboral.

La aproximación desde la economía del cuidado busca reconocer la contribución que hacen las mujeres con estos trabajos a la economía familiar, local, comunitaria y nacional. En el programa “Generando equidad”, de USAID, se establecieron las cinco “r” del cuidado, con las que se busca valorar las actividades de cuidado que suelen realizar las mujeres: reconocer, redistribuir, reducir, recompensar y representar son las cinco acciones necesarias para empezar a frenar la violencia económica y patrimonial.

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Un primer paso es reconocer que la excesiva vigilancia y el control sobre los gastos y el manejo del dinero son violencia. Para evitar caer en eso, un camino es crear acuerdos mutuos sobre el uso del dinero en colectivo, a partir del diálogo en pareja o con ayuda de un tercero —por ejemplo, un psicólogo— que aporte a cambiar el comportamiento restrictivo.

La prevención de la violencia económica también debe hacerse en el ámbito bancario, para no replicar, justificar ni reforzar este tipo de violencias. Una de esas acciones realizadas en la campaña “Generando equidad” es la sensibilización a quienes brindan asesoría financiera para el acceso a productos, créditos y recursos.

Otra de las acciones para prevenir o salir de la violencia económica es desarrollar capacidades académicas, laborales y sociales que le permitan a la persona tener independencia, pues la restricción al acceso a espacios educativos afecta el desarrollo personal y dificulta el ingreso a espacios laborales. Al tener autonomía económica, la persona ya no tendrá temor de tomar decisiones financieras sobre su dinero y se reducirán los actos de control sobre estas.

¿Qué hacer cuando se es víctima de violencia económica?

Si las acciones de prevención no son suficientes, los casos de violencia económica se pueden tramitarse con una denuncia, que se puede hacer de forma presencial, telefónica, escrita o virtual ante la Fiscalía General de la Nación. Esta acción no requiere abogado ni tiene costo alguno y puede presentarla la persona que está siendo víctima de esta violencia, pero también amigos, familiares o personas cercanas que tengan conocimiento del caso.

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Las estaciones de Policía, la Defensoría del Pueblo, las comisarías de familia, las personerías municipales y las casas de justicia pueden recibir estas denuncias. En Bogotá existen 16 casas de justicia y desde el 2021 han registrado más de 14.000 mujeres víctimas de violencia basada en género, el 35 % de los casos corresponden a violencia económica. Siete de estas casas tienen rutas de atención integral a mujeres y protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.

Si decide tomar este camino, recuerde que también tiene derecho a recibir medidas de protección, a cargo de la Policía Nacional, para evitar acciones de represalia en su contra. La violencia económica también es catalogada como un delito porque implica agresiones como daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico y amenazas que atentan contra la seguridad, vida e integridad de una persona.

* Esta publicación fue realizada gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su programa “Generando equidad”. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de El Espectador y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.