Comer es la más básica de todas las necesidades que sostienen la vida humana. Sin embargo, no todos en Colombia pueden tener tres comidas al día —que es lo mínimo ideal— y aún menos con una dieta sana, nutritiva y suficiente.
De hecho, el 27,6 % de la población del país tuvo inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que equivale a 14,4 millones de personas. De ellas, son 2,7 millones los que tienen una situación más grave de hambre (equivale al 5,2 % de la población), de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2024.
Esta situación está profundamente relacionada con la pobreza y es el resultado de la informalidad laboral, los bajos ingresos de los hogares en relación con el alto costo de los alimentos, el conflicto armado y los eventos climáticos adversos (especialmente para las poblaciones rurales), explica Marcela Gordillo, especialista en el tema y coordinadora de proyectos en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés).
Lo anterior ayuda a entender por qué el indicador —moderado o grave— es mayor en la ruralidad y en departamentos como La Guajira (52,4 %), Sucre (49,5 %) y Córdoba (47,6 %). Aunque hay otros factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de un territorio como el hecho de que la jefatura de hogar sea monoparental y esté a cargo de una mujer, que haya menores de cinco años y que esté conformado por más de cuatro personas.
Gordillo añade que “la inseguridad alimentaria corresponde solo a una de las múltiples expresiones que hay en violaciones y vulneraciones del derecho a la alimentación, como la malnutrición (por déficit o por exceso de peso). Son resultados de la no garantía de ese derecho”.
Alimentarse es un derecho constitucional
Con esta realidad como centro —y tras de 17 años de intentos— el derecho humano a la alimentación es declarado como uno de orden constitucional a través del Acto Legislativo número uno del 6 de febrero de 2025, modificando el artículo 64 de la Constitución Política.
Sobre esta declaratoria, Paola Romero, directora encargada de FIAN Colombia, organización que lleva la secretaría técnica de la comisión de seguimiento, considera que se trata de un avance trascendental; pero apunta que se necesita ir más allá, ya que el hambre es una crisis evitable porque es más resultado de injustas decisiones políticas que de hechos sobrevinientes. “Garantizar el derecho a la alimentación es fundamental porque sin ello no existe la vida y el que se haya reconocido en la Constitución es clave para que sea exigible y tenga una construcción jurídica adecuada”, expresa.
Para que el Estado pueda tomarse la tarea en serio se necesita dar un paso clave en el Congreso: crear una Ley Estatutaria que establezca el alcance y contenido del derecho, así como la arquitectura institucional adecuada. Es decir, se deben crear herramientas y reglas de juego para que todos los Gobiernos, en lo sucesivo, asignen recursos suficientes, definan cómo se van a invertir, diseñen políticas públicas en pro de la alimentación, garanticen los mecanismos de participación ciudadana, establezcan qué entidades serán las responsables y protejan a las poblaciones de especial protección constitucional.
“Hoy hay una nueva forma de entender la alimentación en el país. Y se reconoce la producción de alimentos como una actividad de especial protección del Estado”, declara Eduard Sarmiento, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Y añade que hay ya muchas leyes que están relacionadas con el derecho, pero que se les debe dar una unidad para que tenga un mayor alcance.
Que el Derecho a la Alimentación esté dentro de la Constitución, brinda los mecanismos de exigibilidad jurídica —como la tutela— y se constituye en una herramienta para reclamar el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en la materia, afirma Romero.
Del derecho a la realidad: el camino de la Ley Estatutaria
Para adelantar la discusión y crear el un documento base sobre el contenido que debería tener la ley, más de 30 organizaciones de la sociedad civil sin conflicto de interés han creado una Comisión de Seguimiento al Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (Comisión DHANA). En el proceso se involucraron redes académicas; organizaciones en defensa de las medidas saludables; organizaciones de la agricultura campesina, familiar, pueblos y comunidades; de la agroecología; mujeres rurales, ambientalistas; organizaciones en defensa del derecho a la salud y asociaciones de consumidores.
Se trata de una construcción cuidadosa y compleja porque abarca todo lo relacionado con la alimentación como proceso y no solo como acceso a alimentos, es decir, va desde la protección de las semillas nativas y criollas —como lo establece la Sentencia T-247 de 2023 de la Corte Constitucional— hasta quienes transforman, intercambian o consumen los alimentos. También incluye la garantía de derechos conexos como el agua, el ambiente y la salud, así como políticas fundamentales de amplio alcance como la alimentación escolar y la declaración del campesinado como sujeto de especial protección.
Para abarcar el tema de manera integral es necesario ponerle la lupa a los cultivos desde el principio, para que todo el proceso tenga las mejores prácticas, haya menores contaminantes y afectaciones a la salud y el ambiente.
Es en ese escenario en el que la agroecología se presenta como una alternativa esencial, pues también implica un sistema organizativo y un modelo de vida que tiene en cuenta el cuidado del entorno. “Priorizamos esa forma de cultivo, pero no es la única. También está la producción orgánica, aunque muchas veces se da en monocultivos que pueden perjudicar los suelos”, explica Yubisa Arredondo Sánchez, directora de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), organización no gubernamental perteneciente a la Comisión.
En últimas, la apuesta es por un sistema agroalimentario más sano, que tenga en cuenta la identidad de los colombianos desde la producción, en palabras de Arredondo. Lo que incluye darle prioridad a las semillas criollas y diversas que favorecen el entorno y permite que haya una mayor disponibilidad de nutrientes, acordes con la identidad territorial. Además, se busca generar sistemas de comercialización más cercanos entre productores y consumidores para que ambos tengan precios justos.
La Comisión DHANA ha venido adelantando diálogos con el Ministerio de Igualdad quien ha asumido la obligación establecida en el Acto Legislativo de radicar el proyecto de ley estatutaria y con el Ministerio de Agricultura y varios congresistas. El resultado de los diálogos ha conservado buena parte de la propuesta de la Comisión y se espera que el contenido de este documento pueda mantenerse por parte de los congresistas, en el año que dura el trámite.
Según voceros de la Comisión, el articulado contiene cinco pilares innegociables:
- Soberanía y autonomías alimentarias: que incluye que las personas y comunidades tengan la tierra, puedan sembrar y alimentarse según sus tradiciones y decisiones que toman en el territorio.
- La agroecología: es una solución fundamental al hambre, a través de la protección de semillas y prohibición de transgénicos.
- El combate a la invasión de la comida chatarra: busca eliminar los impactos negativos sobre la salud humana y ambiental.
- Alimentación real: aumentar la producción, transformación, intercambio y consumo de alimentos que vengan de la agricultura campesina, familiar, de pueblos y comunidades. Así se fortalece la activación de economías locales, el reconocimiento de la identidad y patrimonio alimentario.
- Participación social: vincular a la sociedad civil con voz y voto mediante un consejo nacional y consejos territoriales donde se toman las decisiones en materia alimentaria en el país.
Los obstáculos para dar un debate urgente
Es claro que la iniciativa va en favor de los más vulnerables: aquellos que padecen hambre. Pero se debe reconocer que es un tema que atraviesa asuntos económicos muy poderosos.
Según los voceros de la Comisión existen intereses de quienes tienen alta concentración de tierras, de las empresas que comercializan semillas transgénicas y agrotóxicos y de la industria alimentaria de productos ultraprocesados, quienes intentarán proteger sus negocios a través de una estrategia de lobby muy fuerte en las instancias de toma de decisiones.
De hecho, como antecedente notable, la misma declaratoria del Derecho a la Alimentación como uno de orden constitucional sufrió de este tipo de obstáculos. Durante décadas, bancadas parlamentarias aliadas a gremios agroindustriales bloquearon iniciativas que tenían este objetivo. Por eso, según la Comisión, quienes encabezan el debate deben tener cuidado de que ni la industria ni actores con conflicto de interés impongan sus estrategias en el Congreso, porque se priorizarían las ganancias sobre el Derecho a la Alimentación y el Derecho a la Salud, refuerza Sarmiento.
Pero ese no es el único obstáculo que enfrentará la iniciativa. El representante advierte que, por su naturaleza, se debe tramitar en un solo periodo legislativo (que recién inició tras el 20 de julio). El problema es que, como se avecinan las elecciones, el ritmo del legislativo se reduce.
Sin embargo, los promotores del proyecto de ley esperan sacarlo adelante y contar con el apoyo de los congresistas de diversos partidos que han conformado un frente a favor del tema. El debate en el Congreso apenas va a iniciar y será esencial la participación de todos los actores para que el resultado traiga los mayores beneficios y tenga los más altos estándares internacionales respecto al derecho a la alimentación.