Hasta mediados de este año estaba en duda la efectividad de la promesa de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, pues las cifras reflejaban que lo hecho por Barack Obama y Joe Biden tenían números muy similares a los que han reportado hasta ahora de la ofensiva migratoria del republicano. Entre enero y junio, Trump había deportado de 142.000 a 150.000 migrantes, según datos del Departamento de Seguridad de EE. UU. y Reuters, mientras que entre febrero y abril de 2024 Joe Biden deportó a más de 195.000.
Sin embargo, con la megainyección de capital de la ley fiscal que Trump logró firmar en julio, casi US$170.000 millones dólares reforzaron las actividades antiinmigración y de seguridad fronteriza. En la capacidad de detención de migrantes, entre camas y acondicionamiento de nuevos centros de retención, invirtieron unos US$45.000 millones. Esto parece haber acelerado los resultados del presidente en este sentido. Según informó esta semana The New York Times, “para la primera semana de agosto, las deportaciones alcanzaron casi 1.500 personas al día, según los últimos datos; un ritmo sin precedentes desde la administración Obama”. El medio explica que ya podríamos estar hablando de unos 180.000 migrantes deportados durante 2025. Pero aquí comienza uno de los problemas más grandes al hacerle seguimiento a esta ofensiva: el mismo artículo recoge que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, han sido deportadas 332.000 personas, cifra que incluye a las interceptadas en pasos fronterizos por Aduanas y Protección Fronteriza.
En El Espectador recogimos hace una semana las cifras discriminadas que existían sobre las deportaciones de Trump, en las cuales se mostraba que los migrantes colombianos estaban entre las cinco nacionalidades con más deportaciones entre los países con mayores cifras en cuanto a arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y también en números de deportaciones efectivas. Colombia apenas superaba los 3.000 en ambos listados.
Esos datos fueron reunidos gracias a investigaciones de The Washington Post y otras fuentes, pero ninguna oficial. También durante la última semana surgió otra fuente de números adjudicada a un informe de Tracreports, perteneciente al Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro afiliado a la Universidad de Siracusa, que estimaba que este año han sido deportados unos 23.045 colombianos, lo que sería la cifra más alta en 10 años. Pero entonces, ante la diferencia tan notable de datos, ¿a quién le creemos?
La opción más lógica, si hablamos de colombianos, es acudir a las fuentes oficiales. El Espectador consultó para este informe a la Cancillería acerca de cifras oficiales y vuelos desde Estados Unidos, pero no recibió respuesta para la publicación de este artículo. De todas formas, según información de distintas fuentes como Cancillería y la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre, son más de 1.000 los connacionales deportados, teniendo en cuenta que las cifras más claras se dieron cuando se trataba de los vuelos con migrantes que causaron un impasse diplomático entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Desde entonces, tanto Tracreports como los medios estadounidenses reportan que los vuelos han seguido partiendo, sea bajo la modalidad de “vuelos fantasma” —es decir, sin matrícula disponible para rastrear— o vuelos chárter contratados con compañías privadas, gracias a la inyección fiscal.
A EE. UU. no le importa dar cifras
Un investigador de temas migratorios, cuya identidad es preservada, explica para este artículo que la transparencia en cuanto a cifras no es la prioridad del gobierno de Donald Trump al abordar su ofensiva migratoria. “Es una complejidad muy grande tener claridad. La prioridad del Gobierno no es dar cifras claras, sino tener acciones muy contundentes y generar una percepción de grandes políticas de deportación”, explica y añade que la tendencia de Trump es maximizar estas cifras y presentarlas como grandes logros.
Esto es algo que se ve comúnmente no solo en materia migratoria. Después de su encuentro, a inicios de semana, con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, Trump se jactó de haber resuelto seis guerras desde que llegó en enero, pero el medio estadounidense Axios revisó ese dato y descubrió que dos de esos conflictos fueron acuerdos de paz negociados en su primera administración.
¿Será la tendencia?
La fuente consultada explica que uno de los peores problemas de este fenómeno es que es una situación que cambia siempre y las intensas redadas que ocurren en tiempo real dificultan la tarea para investigadores, medios de comunicación y sociedad civil en general. “No existe necesariamente una búsqueda por producir una única cifra y el panorama está cambiando muy rápido: hay un aumento en las deportaciones y en las detenciones que puede tardar en reflejarse en las estadísticas. Además, hay múltiples cifras y conceptos distintos relacionados con el control migratorio, muchos de ellos vinculados entre sí. Existen diferencias legales entre términos como detención, deportación, presentación de cargos, detención sin cargos o remoción”, comenta.
El investigador acota que siempre existirán vías legales para acceder a esta información, mientras en Estados Unidos se mantenga el Estado de derecho. Esto lo corrobora lo publicado por The New York Times, que reseña que la información fue conseguida gracias a los pocos informes que ha entregado ICE y a la “Ley de Libertad de Información por parte del Proyecto de Datos de Deportación, un repositorio de datos de control de inmigración en la facultad de derecho de la Universidad de California, Berkeley”.
Existen las vías para buscar esta claridad y los esfuerzos pueden hacerse, pero es difícil hacer estimaciones tangibles y el tiempo pueden ser largo para presentar esta información. Mientras tanto, la percepción de la información que se va consiguiendo, sin duda, tiene un impacto. “La percepción es que el control migratorio y las deportaciones han aumentado de manera significativa y, en muchos casos, de forma indiscriminada. Mientras que otros presidentes estadounidenses priorizaban a personas que habían cometido un delito o alguna infracción, ahora la política parece aplicarse de manera mucho más amplia. Los migrantes tienen miedo”, concluye.
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