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Ana Karina García es la directora de la Fundación Juntos Se Puede, que brinda atención a la población migrante en Bogotá. Recientemente fue reconocida con el premio “Podemos ser: mujeres influyentes que inspiran y lideran 2025”, una iniciativa liderada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Colombia y el proyecto Podemos Ser.
En esta entrevista, cuenta lo que el premio representa, habla de la situación actual de la migración en Colombia y el impacto que la coyuntura geopolítica puede tener en la población migrante y refugiada venezolana alrededor del mundo.
¿Qué significó el premio para ti?
El premio Podemos Ser reconoce a mujeres influyentes en política social, electoral y técnica para el año 2025. Para nosotros significa que la migración de una u otra forma está siendo reconocida. No es Ana Karina como persona o nuestra institución, como la fundación que se ha convertido en referencia de atención a población migrante, sino la integración real y el reconocimiento de esa integración a las mujeres venezolanas que también hacemos vida en Colombia.
Es una muestra de que no solamente estamos ahí para las cosas negativas, como lo que sale en los medios sobre los venezolanos, la inseguridad y la situación de calle, sino también que los venezolanos estamos en los espacios de reconocimiento, aportando a Colombia, ya no solo desde la periferia, sino desde el centro del crecimiento del país.
¿Cuándo llegaste al país y cómo nace la fundación?
Yo llegué a Colombia el 8 de marzo de 2018 en un proceso de persecución política por el cual tuve que salir de Venezuela. Crucé la frontera como lo hacen millones de venezolanos. Esos primeros años son muy complejos porque sientes que dejaste todo atrás, que tienes que empezar de cero, que todo lo que habías construido en tu país queda del otro lado de esa línea imaginaria, y estando de este lado, esa primera Navidad, empezamos a sentir que teníamos que hacer algo por la gente y para sentirnos cerca de casa.
Entonces, empezamos a recoger juguetes en un parque, a repartirlos a niños en situación de calle. Entre 2018 y 2019 fue cuando más niños en situación de calle había en el contexto de la migración. En ese proceso nos dimos cuenta de que podíamos encontrar una razón de ser otra vez, desde lo individual y desde lo colectivo.
Ahí nace la fundación Juntos Se Puede, un grupo de jóvenes que decide crearla. Empezamos a orientar a la gente desde nuestra experiencia personal.
Después se convierte poco a poco en una institución, conseguimos gente que nos apoya y el reconocimiento del gobierno. En el proceso de institucionalización y apertura de nuestra sede llegó la pandemia.
Entonces, asumimos la crisis con el objetivo de ponernos al servicio no solo de los migrantes, sino en un contexto en que estaban botando a la gente de su casa. El migrante trabaja en un 90 % en la informalidad, lo que quiere decir que no tenían para pagar el día a día, vivían en pagadiarios, y empezó a haber un proceso de desalojo importante. Articulamos con la Alcaldía de Bogotá para poder evitar ese desalojo. En ese proceso se nos entregan 15 000 mercados por parte del gobierno nacional. Nosotros no teníamos ni la menor idea de qué significaba en volumen 15 000 mercados y empezamos a repartirlos por la ciudad. Eso nos permitió conocer los territorios más profundos de Bogotá. Fue una oportunidad para que la gente nos viera en el momento difícil y nos convertimos en el primer centro de vacunación de población migrante. Nacer en el medio de una crisis como esa y de las consecuencias de la crisis venezolana también nos llevó a ser quienes somos hoy.
¿Cómo describirías actualmente el flujo migratorio desde y hacia Venezuela?
El contexto es mixto. Tienes un contexto geopolítico complicado, un grupo de migrantes que vivía en los Estados Unidos, 600 000 venezolanos que se quedan sin TPS en los Estados Unidos, y muchos de esos venezolanos están buscando salir de los EE. UU. hacia otros países, en los cuales se puede incluir Colombia o inclusive llegar a Venezuela como una parada momentánea, para poder ver qué hacer con sus vidas.
Tienes también un flujo desde el resto de los países de América del Sur, como Perú y Chile, donde han incrementado los procesos de xenofobia y las dificultades de regularización. En ese proceso hay otro flujo migratorio desde el sur hacia Colombia.
Y tienes un grupo de venezolanos que todavía sale de Venezuela hacia los otros países por reunificación familiar, porque la cosa en Venezuela está complicada dado que sigue habiendo una crisis humanitaria compleja, pero también tienes un grupo de venezolanos que en esta época, sobre todo en diciembre, retorna. Muchos lo hacen con la esperanza de que el nuevo año les permita quedarse en Venezuela, pero lo que ha pasado en los últimos seis o siete años es que en enero vuelven otra vez.
Entonces hay un flujo pendular otra vez de retorno hacia Colombia. Es decir, no necesariamente estamos hablando de migrantes nuevos, sino de migrantes que cruzan en diciembre desde Colombia a Venezuela y que en enero retornan.
También hay mucho miedo. El cierre de los vuelos genera miedo porque la gente se siente encerrada y empiezan también a salir por la frontera; hay gente que está varada en el mundo entero y que no ven a Venezuela como su puerto final de llegada por la situación y también por el miedo de lo que significa el contexto geopolítico que estamos viendo.
Mencionabas la xenofobia. Quisiera saber cómo evalúan la política pública migratoria en este gobierno y la integración social de la población venezolana en la sociedad colombiana.
Sin duda hay un retroceso en la política pública de integración a la población migrante y refugiada. Con la no apertura del PPT, la lentitud que hay en los procesos de Cancillería y de Migración Colombia, la narrativa del presidente Petro en torno a que ya no están llegando migrantes, que los migrantes se están devolviendo. Todo eso genera una cantidad de impactos importantes en las políticas públicas. No hay vocación de integración por parte del gobierno nacional, pero todavía hay unas estructuras medianamente estables en los gobiernos locales, que siguen haciendo su trabajo en pro de la integración, pero están muy solos. Es decir, los gobiernos locales sin una política nacional muy poco pueden hacer por lo menos en el área de regularización y muchas más deudas generan en los gobiernos locales la imposibilidad de que la persona se regularice.
Nosotros estamos convencidos de que la razón por la cual hubo un retroceso en la política migratoria es porque Petro está buscando proteger a Maduro de la narrativa de la migración. Ya no se habla de migración en la opinión pública o del fenómeno migratorio en los medios internacionales como se hablaba antes. Entonces, la mezcla de la voluntad política de Petro y el contexto de Estados Unidos en torno a la migración han hecho que haya un retroceso.
Si tú me preguntas a mí si hay xenofobia, soy de las convencidas de que no, de que en Colombia no vivimos grandes procesos de xenofobia. Estoy convencida de que sí hay procesos de aporofobia, no en torno a la nacionalidad, sino a las condiciones de vida vulnerable de ambas poblaciones.
Bajo todo este contexto, ¿qué es lo que más te preocupa?
Me preocupan tres cosas. La seguridad de la población migrante, sobre todo de la población que sale por razones de persecución política. Es una población que hoy está en un riesgo inminente, no solo por el atentado en Bogotá y el asesinato y el otro atentado en Chile, sino porque estoy convencida de que hay una persecución transnacional importante, y la apertura de este gobierno a la relación con Maduro los expone mucho más.
No tener políticas públicas para integrar lo que más afecta es el tema económico, que a su vez nos lleva a falta de una alimentación adecuada, problemas de salud, a tener que responder a través de las emergencias y no de la medicina preventiva. Entonces, al final, esa vulnerabilidad nos lleva a unas condiciones económicas complejas, que afectan toda la gama de derechos de la población migrante.
Además, en el contexto de Colombia, el aumento de los grupos irregulares y del reclutamiento forzado pone al migrante irregular en manos de las mafias. Esa es mi mayor preocupación hoy. Están aumentando los casos de personas a las que, por ejemplo, les ofrecen un trabajo sin papeles, los secuestran, los abusan sexualmente, los explotan, no les pagan... Ese contexto económico en el que la persona no tiene documentación lleva a espacios no formales y pone a los migrantes en un peligro mucho más alto para su seguridad física, psicológica e inclusive personal.
La Fundación Juntos Se Puede denunció que estaban siendo objeto de vigilancia e intimidación. ¿Han recibido algún tipo de protección o alguna autoridad ha tomado alguna acción?
Empezamos un proceso con la UNP. Hubo un taller con ellos en el que se analizaron y se determinaron unos riesgos, y hasta ahí hemos llegado. Hemos tomado medidas de autoprotección, y han seguido pasando algunas cosas en torno a la fundación. Lo hemos manejado con la policía de Bogotá y con la persona de asuntos migratorios de la Alcaldía de Bogotá, que es quien ha estado encima de nosotros.
Esto es una fundación que nunca en su vida ha tenido un vigilante o un celador en su puerta, es de puertas abiertas; es algo que va a tener que cambiar. Aquí nunca se pasa nadie por un detector de metales: es algo que tiene que cambiar y que estamos empezando a implementar. Para nosotros es un retroceso, pero si no tenemos una respuesta del Estado, tenemos que tomar decisiones para proteger a nuestro equipo y a la gente que se atiende aquí, que es población vulnerable.
¿Se han reunido con precandidatos? ¿Y cuál sería el llamado para ellos en vista de que la migración es un tema susceptible de politizarse?
Hay candidatos que ya han hablado del tema migratorio. Hay candidatos que nos preocupan porque han hablado del tema migratorio planteando el modelo de Estados Unidos o el modelo de El Salvador, como si los migrantes fuesen el enemigo de la sociedad y no quienes hemos aportado un montón al país. Tenemos toda una estrategia para hacer un llamado a los precandidatos en torno a que los migrantes somos una parte importante de aporte al desarrollo del país, que tiene que haber una política migratoria de integración, y no por las relaciones exteriores. Una de las cosas que hemos tratado de posicionar en la opinión pública es que las políticas públicas de migración no son política internacional, sino política interna, porque la verdad es que es una población que se encuentra en este territorio y a quienes más afecta es a los gobiernos locales. El llamado es a que la migración no se convierta en un discurso de polarización y que haya un acuerdo interpartidista en torno a la integración de la migración sin importar la tendencia política. Lo importante es que entiendan a la migración como un elemento de desarrollo y no como un enemigo. Y tres, que entiendan que la política pública tiene que ser un tema de política interna y no de política internacional.
¿Cómo lees lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela, la posibilidad de que haya una negociación, pero también el ruido en torno a una posible intervención de Estados Unidos y el caos que, se advierte, podría haber si eventualmente Maduro sale de Venezuela y no hay un plan?
Estamos en una coyuntura política y geopolítica compleja para Venezuela, que ha generado esperanza de retorno en la población, que entendemos que es difícil en términos geopolíticos, pero también es importante entender que nosotros como venezolanos lo hemos hecho absolutamente todo: hemos derramado sangre en las calles, hemos migrado, nos hemos quedado sin casa, hemos roto la familia… ya como no hay nada más que hacer. La única esperanza de retorno que tenemos es la realidad geopolítica en la que estamos.
Si hubiese una negociación que termine en la salida de Maduro y de todo su grupo del poder para que el grupo que ganó el proceso electoral pueda agarrar la dirección del país, ese sería el escenario ideal. Pero ese escenario no depende de nosotros como venezolanos. Depende de un grupo de personas que además juega en términos de crimen transnacional.
En el escenario de que no haya una negociación, la realidad es que la única forma de que en Venezuela se retome la soberanía y que la soberanía de los países de América Latina no siga comprometida, como está hoy, no tenemos una opción distinta a que haya un proceso en el que se capture a quienes hoy cometen crímenes de lesa humanidad. En ese proceso nosotros, como venezolanos, tenemos una posible esperanza de retorno. ¿La salida de este grupo y de esta élite política puede generar un caos en Venezuela? No, porque ya hay un presidente electo, porque ya hay una Asamblea Nacional electa, que pueden tomar las riendas de un país y retomar la seguridad nacional, los derechos humanos, el estado de derecho y sobre todo la soberanía del país.
Nuestro rol es la defensa de los derechos humanos. Hoy la violación a los derechos humanos está en manos de esos grupos y de esas élites, y la única forma de que esos derechos humanos sean garantizados es que esas élites salgan del poder y se retome el hilo constitucional del país.
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