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La noche del 23 de marzo de 2023 en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, en el norte de México, quedó marcada como una de las peores tragedias que involucran a migrantes en los últimos tiempos. Durante una protesta por sus derechos, varios detenidos en este centro, adscrito al Instituto Nacional de Migración (INM), en señal de protesta prendieron fuego a los colchones que los guardias habían dispuesto para ellos, según denunció la revista Vice, por no haber recibido comida ni agua en los últimos 10 días.
Entonces, las celdas, en las que estaban hacinadas casi 70 personas de diferentes partes del continente, comenzaron a llenarse de humo. Entre la desesperación y la incertidumbre, los gritos y los pedidos de auxilio para que los dejaran salir de un lugar que evidentemente se estaba incendiando, comenzaron a inundar el lugar.
“Empezó a salir el humo y el abogado desapareció. Nosotros empezamos a gritar, pidiendo ayuda: ‘¡Ayúdenos! ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo?’ En ese momento no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente todo se llenó de humo; de hecho, en los videos se ve cómo, en cuestión de segundos, el humo oscureció todo”, cuenta Kelly Ospina, una colombiana nacida en Medellín que para esos días estaba recluida en esas instalaciones, sin saber hasta el momento por qué. Como resultado de estos hechos fallecieron 40 hombres, pues el incendio ocurrió en el panel de reclusión masculino, y 15 mujeres se salvaron de las llamas.
Según cuenta Kelly, están vivas porque una de las guardias de seguridad que las custodiaban se conmovió y regresó para abrirles la puerta de la celda.
Sin embargo, la historia de Kelly no comienza ni termina esa noche. Sí, es una mujer migrante y llegó a México con la intención de llegar a Estados Unidos, pero su ingreso al país fue de forma legal. Antes de arribar a Ciudad Juárez había estado en Cancún con dos mujeres miembros de su familia, y hasta entonces no hubo ningún problema. Cuando llegaron a la ciudad fronteriza todo cambió. “Llegamos a Juárez y nos detuvieron dentro del aeropuerto. Nunca nos dijeron nada, simplemente nos pidieron los pasaportes. Nos los retuvieron de una manera que, para mí, fue irregular; nunca supimos por qué. Una familia peruana estaba con nosotros. En ese momento nos detuvieron y nos dejaron mucho tiempo paradas ahí, esperando a ver qué sucedía. Nunca nos dijeron nada. Empezamos a notar que algo andaba mal cuando nos hicieron quitar los cordones de los zapatos”, cuenta. Nadie habló con ellas. Nadie les notificó que estaban formalmente detenidas, ni que las autoridades nacionales planeaban deportarlas de regreso a Colombia. Nadie les preguntó qué hacían en Juárez, ni si planeaban viajar a otro país, como Estados Unidos, que era su destino final. En una desafortunada coincidencia, todo esto ocurrió el mismo día en que sucedieron los hechos en el Centro Migratorio, al que fueron llevadas en un transporte oficial directamente desde el aeropuerto y sin sus documentos.
Arturo Gómez Padilla, miembro de la organización Asylum Access México, denuncia que la historia de Kelly, contada hasta este punto, desde su detención y traslado al centro del INM, es similar a la de miles de ciudadanos extranjeros que diariamente ingresan a México.
“Ha habido un incremento de retenes, particularmente en los aeropuertos, pero también en las carreteras de las zonas sur y norte. Este aumento en los puntos de verificación lo realiza el Instituto Nacional de Migración en conjunto con la Guardia Nacional, y las detenciones son arbitrarias. A veces hemos detectado casos de personas, al igual que Kelly, que no ingresaron de forma irregular al país, que tenían pasaportes, incluso empresarios de China. Hemos detectado que son detenidos, y las revisiones no se realizan conforme al derecho”, explica Gómez.
El abogado también afirma que se realizan con un evidente sesgo discriminatorio, pues, a su juicio y el de distintas ONG, basados en las características físicas de los viajeros, los encargados asumen si pueden o no ser migrantes.
Condiciones insalubres
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó del incendio a los migrantes, de quienes dijo que prendieron fuego como una queja porque los iban a deportar, lo cierto es que, como recogió Vice, el fuego empezó por la falta de condiciones humanitarias dentro del centro. Esto lo constata Kelly, quien por unas horas estuvo allí, y asegura que se encontró con mujeres que llevaban días y hasta semanas en el mismo limbo que ella y las otras dos mujeres miembros de su familia.
“Nunca había estado encarcelada y vi una situación alarmante. Primero, porque veía niñas que llevaban allí días, y creo que eso es algo ilegal, a menos que hayan cometido un delito. Había una chica que tenía su período y no le facilitaban los implementos de aseo necesarios. Escuchábamos lo que decían y nos llenábamos de miedo; no sabíamos qué iba a pasar. La celda era muy sucia, fría, con pocas colchonetas sobre el cemento. El baño estaba sucio y ella llevaba muchos días sin poder bañarse. Tenían que pedir agua y comida, así como sus implementos básicos”, describe Kelly sobre las horas que pasó en el centro. De la celda en la que la retuvieron, afirma que estaban hacinadas por lo menos 30 mujeres la mayor parte del tiempo.
Entonces, en cuestión de minutos, la mitad de ellas fueron retiradas de la celda antes de que empezara la conflagración. Todo parecía seguir las dinámicas del recinto, con migrantes que salían de allí con rumbo desconocido y abogados que venían a hablar con otras de ellas. Cada una tenía una historia diferente, aunque todas fueran tratadas de la misma forma por los encargados del penal. Poco antes de que sucediera todo, a Kelly y sus familiares les regresaron sus documentos, aunque todavía nadie les decía ni por qué estaban allí, ni cuál sería su suerte, ni por qué se los regresaban. Entonces pasó lo peor. Los guardias sacaron a un abogado que estaba convenciendo a una migrante de firmar un documento del cual Kelly desconoce el contenido, pero sí recuerda lo que le dijeron al jurista: “Escuché que dijeron: ‘Doctor, salga rápido, que esto se está incendiando, nos vamos a quemar’. Y ese señor, tan pronto le dijeron eso, dejó los papeles y huyó”.
Los guardias sacaron al abogado y volvieron a cerrar la celda con ellas adentro, a pesar de saber que el fuego ya estaba consumiendo el edificio. Fue ahí cuando, como ya se contó antes, una guardia se conmovió y regresó a abrir la celda para que las 15 mujeres salieran, pero ahí no terminó el trauma. Kelly cuenta que tiene claras en su cabeza las voces de angustia de otras mujeres que se salvaron, pero que estaban recluidas y tenían hijos o esposos dentro del panel masculino, donde empezaron las llamas.
“La pesadilla continúa, porque es ahí donde nosotras empezamos a suplicarles que nos ayudaran, que no los dejaran morir. La señora peruana que estaba conmigo, junto con las niñas que estaban con nosotros, perdieron a sus padres, a su novio y a su hermano. Era muy impresionante ver que no hacían nada”, recuerda.
Todo se vuelve más doloroso cuando cuenta los comentarios que hacían los guardias, que, a su juicio, dejaron morir a los migrantes detenidos. “Simplemente decían: ‘Que se quemen, que se chicharroneen; eso se lo buscaron, es problema de ellos’. Nos cuidaban más a nosotras para que no nos escapáramos que la ayuda que les daban a ellos. Nos llevaron a un costado, como una jaula a la intemperie, y empezamos a ver que cerca de las 3:00 a.m. comenzaron a llegar los bomberos y la policía. Solamente sacaban los cuerpos, pero no vimos que trataran de darles primeros auxilios”, cuenta. El Espectador contactó por varios medios al Instituto Nacional de Migración buscando una respuesta oficial sobre las denuncias hechas por Kelly, pero para la fecha de publicación de este artículo no hubo respuesta.
La búsqueda de justicia
Gracias a organizaciones civiles, Kelly y las migrantes que sobrevivieron a la catástrofe fueron puestas en libertad, les aclararon que no estaban detenidas e incluso les ofrecieron una visa humanitaria en México, la cual declinaron. “No la aceptamos porque no íbamos a quedarnos en México. Siento que fue una forma de lavarse las manos. Tomaron nuestras declaraciones, pero después nos dimos cuenta de que no nos dejaron como víctimas, sino como testigos. Siguen lavándose las manos”, dice. Entonces llegaron a la frontera en Estados Unidos y se entregaron a la patrulla fronteriza, pero lejos de terminar la historia, la experiencia de las otras mujeres llevó a Kelly a iniciar un proceso psicológico que le permitiera tramitar con más claridad lo que había vivido aquella noche.
“Inicié una terapia porque tenía una obsesión pensando siempre en las otras mujeres, en sus familias, en la falta de oportunidades para ellas, porque ellas sí estaban indocumentadas, no tenían un pasaporte, y al pensar en eso me enfermé mucho pensando en ellas, en ese trauma. Pensaba qué sería de ellas, de los cuerpos de estos chicos, qué habían hecho sus familias. Tuve un miedo casi como si me estuvieran buscando”, afirma.
En este proceso pasó más de un año. Ahora reside en Estados Unidos y fue solo hasta que la Fiscalía de México y otras organizaciones civiles las buscaron a ella y a sus familiares que volvió a reconectarse con el caso y se abrió la puerta para vincularse al proceso, esta vez como una víctima: “Tuvo que pasar todo este tiempo para que tomáramos la decisión de hablar. Decidimos convertirnos en la voz de todas estas personas que ya no pueden decir nada, de las niñas que tienen incluso más miedo que nosotras. No podemos quedarnos calladas sobre una situación tan irregular y tan macabra”.
Hasta la semana pasada, la defensa de Francisco Garduño, designado por López Obrador como director del INM, estaba buscando la forma de desligar a dicho funcionario de la responsabilidad sobre lo ocurrido el 23 de marzo de 2023. Presentaron ante el juzgado de Ciudad Juárez que adelanta el proceso una propuesta de reparación que resarcía los daños económicos al centro, pero no proponía ninguna reparación a las víctimas. “(La solución propuesta por Garduño) tiene por objetivo detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal. Francisco Garduño (a diferencia de los otros involucrados) no se le investiga por homicidio ni lesiones, sino por ejercicio ilícito del servicio público, por lo que la clasificación del delito para él es más benéfica, cuando su responsabilidad debería ser mayor a la de todos los imputados en el caso”, firmaron antes de la última sesión del juicio más de 74 organizaciones civiles.
El juez decidió que el proceso continuara, declinando la propuesta de Garduño, porque antes debían resolverse otros recursos presentados tanto por la defensa como por los representantes de las víctimas. Estas últimas buscan que, a la larga, más que una compensación económica, se esclarezca el grado de responsabilidad de Garduño y los otros investigados en lo ocurrido esa noche. “No ha habido un proceso real. Lo que sí vemos es que hay una protección importante del gobierno federal hacia Garduño. De acuerdo con la legislación mexicana, se permite acceder a este recurso legal para solicitar la medida con el fin de salir exonerado y se está ofreciendo una reparación, pero reitero, no a las víctimas, sino a la reparación de las instalaciones. Será una situación de lucha para las organizaciones de la sociedad civil, una exigencia constante para que este juicio, que consideramos el hecho más trágico cometido por el Estado hacia la población migrante, no quede impune”, concluye el abogado Arturo Gómez, de Asylum Access México.
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