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El presidente Abelardo De la Espriella nombró a José Luis Castañeda, teniente coronel retirado de la Policía Nacional, como nuevo director de Migración Colombia. El nombramiento se formalizó a través del Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar, quien aceptó la renuncia de la directora Gloria Esperanza Arriero López a su cargo.
Castañeda desarrolló su carrera en la Policía Nacional y ocupó su último cargo como oficial activo en 2018, cuando comandó el Departamento de Policía Cesar y acumuló experiencia en inteligencia y operaciones contra estructuras ilegales.
Su perfil llama la atención pues es, en esencia, el de un hombre formado para la seguridad operativa, no para la gestión administrativa, diplomática y de derechos humanos que exige dirigir una entidad que controla fronteras, aeropuertos y la permanencia de millones de extranjeros en el país.
El nombramiento llega, además, un día después de que De la Espriella había anunciado el inicio de “operativos coordinados” con la Policía contra migrantes en situación irregular, priorizando primero a quienes cometan delitos y luego a quienes no tengan su estatus regularizado.
La medida rompe con casi una década de consenso migratorio entre gobiernos de distintas orillas políticas y ubica a Colombia dentro de la ola de mano dura migratoria que ya gobierna buena parte de la región.
El experto Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ya había advertido que el uso reiterado de la palabra “ilegales” para referirse a los migrantes no es un descuido: es una decisión deliberada que conecta al nuevo gobierno con el discurso antiinmigrante de la derecha latinoamericana. El impacto potencial es enorme: de los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, 848.000 están en situación irregular, y 193.000 de ellos son menores de edad.
Poner a un exuniformado con perfil de inteligencia y seguridad al frente de la agencia migratoria no es un experimento nuevo en la región, y la experiencia reciente ofrece motivos para la cautela. En México, el control migratorio lleva años en manos castrenses. El actual Instituto Nacional de Migración fue dirigido por Francisco Garduño, un funcionario que antes administró cárceles federales, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó entregándole a la Marina el control de aduana y migración en el aeropuerto de Ciudad de México.
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El mensaje, en su momento, fue igual de directo que el de Bogotá hoy: la migración se trata como un asunto de seguridad nacional, no de derechos. Las consecuencias de ese enfoque quedaron documentadas. Organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) señalaron que la militarización del control migratorio en México derivó en detenciones ilegales, violencia excesiva y hasta muertes bajo custodia estatal, al menos 26 desde 2015.
Lina Arroyave, abogada de Dejusticia, explicó que las fuerzas militares y policiales no son un cuerpo especializado en migración, la ven desde la seguridad y no desde un enfoque de derechos humanos capaz de tramitar lo que realmente implica la movilidad humana.
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