Es el temor a la congelación de fondos, pero también a los arrestos. Es el miedo de ofrecer un galón de agua y terminar acusado por los poderosos de colaborar con el ingreso de indocumentados a Estados Unidos. Es tener que cambiar el lenguaje y evitar decir “estamos ayudando a los migrantes”, a pesar de saber que eso no es un crimen, pero también reconocer que se viven tiempos de ruptura de la ley, y ejemplo de eso es el caso de Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error a la megacárcel del terrorismo de Nayib Bukele (CECOT). Es dejarse llevar por el susto y pronunciar frases menos directas, como “estamos apoyando para que estas personas coman y tengan lo que necesitan”, evitando nombrar esa palabra que está casi prohibida: migración.
Dora Rodríguez ya no puede acercarse con Salvavisión, su organización, a dar asistencia humanitaria en Sásabe, Arizona, como antes lo hacía con quienes llegaban hasta allí buscando asilo. La militarización de la frontera se lo ha impedido. Desde que Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca, en enero de este año, ha visto cómo el discurso estigmatizante ha crecido, y con ello los ataques de odio. Se sabe, por ejemplo, que no muy lejos de la zona donde ella se movía, el despegue del republicano ha acentuado el acoso de las milicias civiles contra los migrantes y los trabajadores humanitarios que los asisten. Los tanques militares también se ven cerca de allí. Es un clima de peligro, de extremo cuidado, algo que no ha sentido hasta ahora del lado mexicano del borde, en Nogales (Sonora), donde, en palabras suyas, “no nos consideran criminales”.
Si en suelo estadounidense dice que ve crueldad, reflejada en la separación de familias y las detenciones arbitrarias, Rodríguez comenta que en México se ve el otro lado de la moneda: la reacción a un reto que se renueva día a día. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció casi a la par de la posesión de Donald Trump la construcción de algunos centros de acogida en los estados de Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, con la idea de recibir a los mexicanos expulsados por Washington; en cambio, quienes tienen otras nacionalidades son enviados al sur del país para que se autodeporten.
Ahí, en ese vacío, quedan a la deriva y como blanco fácil del crimen organizado, algo que se viene consolidando desde hace tiempo con una gran preocupación. De 2017 a 2024, la Fiscalía General de la República contabilizó 77.167 migrantes que fueron víctimas de trata de personas. En el cruce de México hacia Estados Unidos, Insight Crime calcula que ese tráfico ilegal puede generarles a las bandas criminales unas ganancias de más de US$12.000 millones al año. Mientras tanto, los albergues en la frontera sur se ven cada vez más vacíos, con una disminución hasta del 90 % en su ocupación, pues quienes no están transitando por el centro de México intentan regresar a sus países de origen.
La criminalidad alrededor de la migración es un fenómeno que lleva funcionando al menos dos décadas en el Estado norteamericano, cuenta Maureen Meyer, directora de proyectos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien menciona que en ese coctel delictivo hay secuestros, extorsión y abuso sexual, hechos conocidos por las autoridades, pero ignorados por razones de colusión entre funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración, de seguridad y del Gobierno, que han colaborado con grupos criminales para perseguir a los migrantes. Se trata, de acuerdo con lo dicho por la también analista, de un problema de larga data que se complica aún más con el hecho de que cuanto más difícil es cruzar la frontera con Estados Unidos, los traficantes de migrantes recurren con más fuerza a los cruces ilegales.
El miedo es lo que permea todo esto, y la campaña desarrollada por la Casa Blanca, con una tendencia que Meyer denomina militarista, ha desencadenado una caracterización criminal de quienes quieren migrar, en la cual el discurso es un arma de doble filo. Apenas hace unas semanas, el gobierno de Sheinbaum le pidió a la televisión privada retirar una propaganda en la que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Trump, afirmó que “los criminales no son bienvenidos” y que serán “perseguidos si están pensando entrar a Estados Unidos”. La mandataria argumentó que quitar el anuncio contribuiría a una sociedad sin discriminación. Sin embargo, Meyer lee algo de hipocresía en la postura mexicana: “Se tiene que luchar a favor de los migrantes en el exterior, pero eso también se tendría que reflejar en cómo se les trata a ellos dentro del país”.
En abril, el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares emitió desde Ginebra, Suiza, 69 recomendaciones para México. En un documento expresó preocupación por varios aspectos críticos de la política y la legislación migratoria actual, entre ellos las detenciones, los procesos de regularización, la protección de la niñez y la adolescencia, el acceso a educación y a salud, el registro de nacimiento e identidad, la no discriminación, el empleo digno, las expulsiones, la cooperación bilateral con Estados Unidos, el creciente uso de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias, la subcontratación de funciones de seguridad a empresas privadas y la realización de operativos migratorios por actores sin facultades legales, así como la falta de investigación de delitos y graves violaciones a los derechos humanos, además de la impunidad en casos de masacres y desapariciones.
Sobre por qué ocurre esa dualidad entre el discurso y las políticas, Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia —entidad mexicana que trabaja en el fortalecimiento del Estado de derecho, uno de cuyos ejes de trabajo es la migración—, asegura que el problema es que la Presidencia no controla por sí misma todas las esferas de la política nacional ni todo el Gobierno. Además, en materia migratoria, aún no se ha visto que Claudia Sheinbaum se aparte de la estrategia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, como sí lo ha tratado de hacer en el asunto de seguridad, por ejemplo. Falta por ver qué pasará tras el cambio en la dirección del Instituto Nacional de Migración, que hasta hace poco estaba liderado por Francisco Garduño.
Según Cabaret, más que a la presión internacional, ese movimiento se debe a que la presidenta necesita tener más poder de decisión, sin desalinearse de las exigencias de Estados Unidos. Ahora bien, más allá de que Garduño no haya sido aliado de Sheinbaum, y que en su reemplazo haya llegado Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, con la promesa de implementar un enfoque migratorio ordenado, regular y seguro, la analista no deja de lado las críticas que reposan tras el incendio de un centro de migrantes de Ciudad Juárez ocurrido en 2023, donde murieron 40 personas, sobre el cual ella dice que el sistema de justicia ayudó a librar responsabilidades. De hecho, ese episodio es un ejemplo que pone Meyer al hablar de la falta de rendición de cuentas del Gobierno mexicano: “El excomisionado sigue impune en su responsabilidad tras el fallecimiento de esos migrantes. No hemos visto el compromiso de que, como mínimo, los agentes de seguridad y de migración no violen los derechos de las personas migrantes”.
Es difícil identificar qué pasará en el corto y mediano plazo, más aún sabiendo que la migración es una moneda de cambio con Estados Unidos y que hay mucha volatilidad en las acciones de Trump, pero Cabaret considera que México debe limpiar el sistema de migración, todavía muy infestado de corrupción, además de despojarse de la lógica criminalizante y plantear un modelo basado en el reconocimiento de la dignidad humana, la no discriminación y el derecho a migrar. A su parecer, esta es una oportunidad para el Estado de repensar su política y articularse con los demás países.
En eso coincide Meyer, quien dice que Latinoamérica debe reflexionar sobre qué postura tomará y cómo se adaptará a la nueva realidad impuesta por las decisiones de Trump, en un contexto donde Estados Unidos está dejando de ser una opción para asentarse. No se trata solo de que México pida un trato digno para los suyos, sino de crear una articulación que permita buscar mecanismos de protección y de estatus legal en otras latitudes de la región. Ahí, las decisiones de Sheinbaum serán fundamentales, pues, según Rodríguez, el país puede convertirse en una voz central que vele por la seguridad de las personas que están en movimiento.
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