No es una casa convencional, al menos no como tantas que abundan en las calles de Bogotá. Tiene dos pisos, un tejado rústico y una fachada que a simple vista podría confundirse con cualquier otro predio. Pero en su interior se gesta un proyecto de emprendimientos que busca que miles de familias venezolanas puedan luchar por su seguridad económica.
En la casa funciona la Fundación Juntos Se Puede, que pretende que los migrantes que se asentaron en Bogotá tengan una segunda oportunidad tras haber perdido sus proyectos de vida el día que atravesaron la frontera hacia Colombia.
Su más reciente iniciativa, estrenada a finales de febrero de este año, es un centro de innovación. A través de este, la fundación ofrece las instalaciones y los conocimientos técnicos, pero son las familias, algunas de ellas lideradas por madres cabeza de hogar, las responsables de lograr que sus ideas se conviertan en negocios consolidados.
Uno de los puntos fuertes es la presencia de al menos 85 modelos de negocio de mujeres que hoy tienen emprendimientos que generan ingresos y tranquilidad para las familias y sus bolsillos.
Así lo explica Alya, una madre soltera que llegó de Venezuela hace algunos años. Frente a las barreras para encontrar un trabajo formal decidió apostar por un emprendimiento gastronómico. “Antes tenía la idea y las ganas; pero no el orden. El programa (de la fundación) me ayudó a entender mi negocio y creer que sí es posible crecer”, comenta la mujer, hoy propietaria de su negocio de comidas.
El espacio tiene habitaciones en las que las mujeres a cargo de niños menores de edad pueden confeccionar prendas de vestir y allí mismo ofrecerlas a docenas de potenciales clientes que visitan la fundación. También hay espacios para que venezolanos dedicados al mundo de la creatividad puedan redactar libros, dedicarse a la investigación o iniciar sus incursiones en el mundo de las redes sociales.
Tras menos de un mes de haberse iniciado, el centro ya muestra sus primeros resultados: la publicación de la revista Andantes, un texto que recoge las memorias de miles de personas que cruzaron las trochas hacia Colombia.
“Derribar fronteras no siempre implica cruzarlas. A veces significa negarse a cerrarlas”, explicó para este diario Ana Karina García, presidenta de la Fundación y una de las impulsoras del Centro.
Primero lo urgente
Esta historia de apostar por la solidaridad y los negocios empezó en 2019, cuando García y otros tres amigos migraron a Bogotá. Como miles de otras personas, vieron que acceder a derechos básicos como educación o salud era un camino cuesta arriba. Pero también lo era conseguir un trabajo estable o ingresos fijos que aliviaran la angustia de haber migrado y en muchas ocasiones no tener un estatus regular.
García y sus compañeros empezaron con acciones pequeñas. Ese año, en plena época de covid-19 y aislamiento obligatorio, vieron cómo miles de migrantes en Venezuela convivían con la vulnerabilidad. Así que decidieron auxiliarlos.
Primero recogieron juguetes para entregarlos a niños en condición de calle. Luego distribuían almuerzos a los barrios donde el aislamiento y la falta de ingresos amenazaban con el hambre a los hogares venezolanos. Siete años después, se inauguró el Centro de Innovación para que la asistencia no sea la única manera de ayudar a más de 2,8 millones de venezolanos que hay registrados en Colombia en la actualidad.
El modelo plantea que las familias que lleguen “aprendan a pescar”. Es decir, recibirán conocimientos y una certificación educativa que les servirá para su sostenimiento económico. Ese es el caso de Korina Nova, una mujer joven que recién llegó a territorio colombiano apostó por las artesanías y los accesorios. “Aprendí a valorar mi producto, a definir mejor a mis clientes y a proyectar mi emprendimiento a futuro”, comenta la hoy propietaria de Accesorios Korbin.
La Fundación también ha hecho presencia en espacios de incidencia política. A partir de la recolección de información en territorio, la organización construyó informes sobre trochas y pasos fronterizos que luego llevó a espacios de decisión.
Pero la agenda también se ha ido transformando con los riesgos del presente. En octubre de 2025, puso sobre la mesa un fenómeno con menos visibilidad: la seguridad de los perseguidos políticos del chavismo en Colombia. Este tipo de alertas ha mostrado que la migración no puede seguir siendo atendida únicamente desde la emergencia, sino que también requiere respuestas estructurales y sostenidas en el tiempo.
Derecho a empezar de nuevo
El Centro de Innovación ha surgido en un contexto en que la migración venezolana no puede verse solamente como resultado de una emergencia humanitaria compleja, sino como un proceso que requiere integración y soluciones sostenibles. En otras palabras, dejar de depender exclusivamente de la ayuda para construir oportunidades propias.
“Le decimos el ‘modelo de atención 360 grados’, donde se asiste a las personas, pero también se procura por su futuro y proyecto a largo plazo. Es una decisión que tomamos por convicción, no por responsabilidad. La asistencia tiene un impacto real en la vida de las personas”, dice García.
Hoy la organización genera empleo para 40 personas y ha ampliado su alcance. En sus instalaciones, la población venezolana puede acceder a servicios de salud, incluidos los sexuales y reproductivos, asesoría jurídica y acompañamiento en procesos de regularización migratoria.
Tras siete años de tender una mano amiga a sus connacionales en Colombia, García asegura que quedan varias tareas pendientes por hacer, como avanzar con la regularización de 500.000 venezolanos indocumentados, atacar riesgos de caer en la pobreza o la falta de derechos. Pero el trabajo, comenta la lideresa, ha valido la pena.
“La Fundación fue la que me dio un propósito luego de la migración y la que sigue dando oportunidades a personas como nosotros, que en algún momento estuvimos muy lejos de quienes fuimos y quisimos en Venezuela”, concluye.