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Habitaciones que en el pasado sirvieron para planear actividades criminales ahora serán utilizadas para garantizar derechos a niños migrantes. El mes pasado, la Sociedad de Activos Especiales entregó oficialmente la Casa de la Esperanza, un predio que por años perteneció a la mafia y que tras un extenso laberinto judicial servirá para acoger menores de edad en estado de vulnerabilidad.
El predio, ubicado en el centro de Necoclí, está pensado para ofrecer soluciones en un municipio que sigue siendo una de las principales rutas migratorias de Colombia. El escenario se complica aún más cuando se habla de niños y niñas. Centenares de ellos, en su travesía por el Darién, han vivido historias traumáticas y tal como ha documentado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay un gran porcentaje que debe continuar el camino en soledad por la muerte o desaparición de sus familiares.
Durante el año pasado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió y acogió a 100 menores migrantes que habían perdido su rumbo en las rutas de Urabá o en los bosques chocoanos. Otros informes, como el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muestran que el fenómeno migratorio en Urabá y Necoclí, aunque ha disminuido, está lejos de desaparecer.
El último sondeo que hizo el organismo en 2025 indica que, si bien hubo una reducción del 97 % del flujo migratorio, aún se registran 14.000 personas que estarían transitando regularmente por Necoclí y sus municipios fronterizos. “Lo que antes era un símbolo de economías ilícitas, hoy se transforma en refugio, cuidado y oportunidades para la niñez”, aseguró Catalina Serrano, encargada de la SAE para entregar la casa.
El predio, avaluado en COP 73 millones, ahora será propiedad del ICBF que invirtió COP 150 millones adecuando las instalaciones. La ONG Aldeas Infantiles también puso un monto similar para dotar el inmueble con mobiliario, enseres y artículos enfocados a garantizar cuidados y pedagogía a los niños. En los planes está que el predio pueda atender a cualquier niño migrante que esté en riesgo de inanición o reclutamiento, pero también abrirá sus puertas para cualquier niño oriundo de Urabá que pueda estar en riesgo en sus propios núcleos familiares.
La alianza consiste en que el ICBF entrega el predio listo para usarse, y la ONG Aldeas Infantiles, por su parte, se encarga, con personal e insumos, del funcionamiento adecuado a las necesidades particulares de cada niño o niña.
Remodelación total
El predio tuvo que atravesar una completa remodelación, tanto en sus acabados como en el pasado judicial que poseía. Durante años, alfiles del narcotráfico fueron amos y señores del lugar. Luego de meses de seguirle la pista, la Fiscalía solicitó la extinción de dominio, un proceso que demoró meses y costó varios pleitos judiciales, pues implicaba comprobar que el inmueble fungió como sede del crimen y la propiedad debería dejar de ser de un particular y pasar a manos del Estado.
En 2021, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) logró adquirir los títulos del inmueble. Pero no fue entregado sino hasta este año para darle un uso socialmente positivo. Fue un proceso relativamente rápido, pues en otros sectores del país hay bienes decomisados que luego de 20 años siguen sin ser entregados a quienes más lo necesitan, como víctimas del conflicto o campesinos desplazados.
Astrid Cáceres, directora del ICBF, comenta que es una inversión para crear un espacio amigable con la niñez. Sin embargo, cree que podría funcionar como un piloto sobre cómo garantizar derechos en Colombia, principal receptor de migración venezolana, y un paso clave para muchas personas en procesos de movilidad humana. “¿Por qué Necoclí? Por la ruta de migración tan fuerte. Hemos puesto a funcionar un centro de emergencia transitorio que nos permitirá acoger y hacer un ejercicio de protección de derechos”, comenta.
Resignificando el espacio
Los mayores cambios están en la función que tendrá la casa, no en los papeles de notariado y registro. La casa recibirá cerca de 250 niños migrantes y locales entre los seis y los 18 años que hoy se encuentran en riesgo. Allí, Aldeas Infantiles se encargará de la presencia de expertos en trabajo social, psicología, pedagogía y nutrición que atenderán las necesidades más básicas de los niños, que quedaron suprimidas mientras se movilizaban a través de cientos de kilómetros.
Una alerta emitida por la Defensoría en 2022 reveló que estos menores de edad, en su mayoría venezolanos o haitianos, han tenido que vivir en la calle y, una vez encaminados por las selvas del Darién, han estado en riesgo de desnutrición, violencia sexual, explotación o trata de personas por los grupos armados en esa zona.
La casa funcionará las 24 horas, los siete días a la semana, y tendrá un enfoque de reparación y atención a esas vivencias que los niños han tenido, pues lo ideal es que sea un centro transitorio, no un hogar donde se asienten para siempre. Además, hay instrucciones claras para intentar reunificar a estos niños con sus familias, independientemente de dónde se encuentren sus allegados o qué tan complicado sea el trámite.
Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, considera la entrega de la casa como un momento histórico. Para él, se marca un hito, pues cambia el pasado turbulento en un espacio donde se atenderá la niñez sin importar su nacionalidad.
“Es la muestra de cómo sumamos esfuerzos para lograr beneficios hacia una población que más necesita oportunidades en Colombia”, concluye.