No saben qué hacer con certeza. Las llamadas se convierten en un timbre interminable. Los correos electrónicos no son más que mensajes sin receptor. Pasan días o incluso meses y mientras sus allegados están en uno de los 212 centros de detención de EE. UU., las familias esperan recibir una noticia.
Desde la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la situación de miles de migrantes, entre ellos colombianos, se ha reducido a una espiral de incertidumbre para sus familias.
En los 13 meses que Trump ha comandado una “deportación masiva”, al menos 2.200 colombianos han sido conducidos a centros de reclusión. Mientras tanto, sus familias solo esperan a que pasen los 53 días que en promedio dura un migrante en esos centros, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios que analiza los datos de las autoridades estadounidenses. Pero hay casos de connacionales que superan los tres meses en estos espacios que incluso la ONU ha catalogado como “lugares inhumanos que van contra el propio tejido social de los principios fundamentales de la salud”, como dijo Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Así lo cuenta la congresista Ángela Vergara, quien permaneció en silencio durante 17 días buscando abogados o algún referido en EE. UU. que pudiera indicarle dónde estaba su hijo, Rafael. Al inicio solo supo el número que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le otorgó al joven y así poder conocer dónde estaba recluido.
Luego conoció más detalles: está hacinado en un pabellón en Louisiana con 80 personas, solo accede a agua potable cada ocho horas y no sabe con exactitud cuándo será la próxima vez que podrá volver a comunicarse con él. Ha sido esposado, tratado de criminal y ha visto cómo otros colombianos llevan meses en esos centros, incluyendo mujeres cuya salud menstrual se ve vulnerada por falta de insumos.
Human Rights Watch ha ofrecido otro panorama sobre las condiciones que quienes están retenidos enfrentan. En un informe de julio de 2025, la ONG aseguró que deben “alimentarse como animales” y que aquellos que reclaman a los agentes son conducidos a confinamiento solitario.
Carmen Ramírez, congresista por la circunscripción de colombianos en el exterior, aseguró que durante sus labores legislativas ha recibido casos de colombianos detenidos que en ocasiones superan los 100 días en los centros
Antonia, una niña colombiana de nueve años detenida en Dilley, Texas, aseguró a través de una carta revelada por ProPublica que fue interrogada por más de dos horas por agentes migratorios y su estancia allí se prolongó 113 días.
“Es una situación que va mucho más allá de lo humanitario. Hemos enviado más de 200 derechos de petición a la Cancillería para que prioricen los casos y haya una pronta repatriación. Pero la realidad es que esta situación, donde hay una política orientada al terror, es un drama de una enorme magnitud que depende más de ICE y el gobierno estadounidense que de nosotros”, comenta la legisladora, quien tiene la cifra de los 2.200 colombianos que han sido detenidos.
Recorrido por el laberinto
Cuando los colombianos son conducidos a los centros, en caso de aceptar una deportación voluntaria, deben esperar su turno para que alguno de los vuelos gestionados por ICE los lleve de vuelta a su país. Pero la situación se complica teniendo en cuenta que, de acuerdo con USA Facts, hay más de 70.000 personas recluidas en estos espacios, y esos vuelos deben repatriar a personas de 76 países que cuentan con órdenes de deportación.
La otra opción consiste en que Colombia envíe vuelos humanitarios para repatriarlos. Ese camino para volver a ver a su hijo, comenta Vergara, también se ha llenado de obstáculos pues ha encontrado que a lo largo de 2026 el Estado colombiano redujo la frecuencia de vuelos humanitarios desde EE. UU.
A lo largo de 2025, comenta la representante, Colombia envió dos vuelos semanales de repatriación, pero se suspendieron durante más de seis semanas, entre diciembre y enero, asegura. Tan solo hasta este febrero se retomó el envío de aeronaves a EE. UU. para retornarlos. Intentamos contactar a la Cancillería para obtener más información, pero al cierre de esta edición no habíamos tenido respuesta.
Hay incluso familias que frente al desasosiego han valorado la opción de costear algún vuelo comercial que traiga de vuelta a sus hijos o padres. Pero esa opción, también estudiada por Vergara, tampoco se ha concretado en soluciones, pues es un asunto entre dos Estados que deben coordinarse y, según explica, aún hay vacíos en esa organización entre Bogotá y Washington. “Todas las noches nos enfrentamos al dolor de no saber cuándo va a volver ni en qué condiciones se encuentra. Un episodio de este tipo no solo quiebra a quien está detenido, también a su familia”, comenta.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro ofrece alguna solución a los connacionales, los agentes de ICE siguen deteniendo personas y conduciéndolas a los centros. Para Vergara y al menos otras 2.000 madres el suplicio continuará hasta que sus hijos, algunos después de meses de estar esposados o en celdas hacinadas, puedan volver a casa.