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Ya lo advertían las voces expertas antes de las elecciones del domingo pasado: ganara Nicolás Maduro o la oposición en cabeza de Edmundo González, por distintas razones, habría un impacto en los flujos migratorios desde Venezuela hacia Colombia y el resto del continente.
María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que los ciclos electorales en ese país y la incertidumbre e inestabilidad que de ellos han derivado en los últimos años han estado relacionados con las decisiones migratorias de la población. Aunque aclara que no es el único elemento en consideración, sí se puede sumar a las muchas razones de una persona para dejar su país.
En el contexto actual de represión del régimen, Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, advierte que se podrá ver mayor migración de personas que salen en busca de protección internacional por persecución política. Eso no significa, agrega, que no “seguirá saliendo el perfil de personas que huyen de la emergencia humanitaria compleja y caben dentro de los supuestos de la definición ampliada de refugio de la Declaración de Cartagena”.
Sobre el ritmo o la rapidez con que estos movimientos se pueden dar, Bolívar comenta que no es fácil hablar de eso, pues “depende de muchas cosas, incluso de cuál será el desenlace de la crisis política reciente” en Venezuela. De eso “dependerán la fuerza, el momento y la rapidez con que ocurra el flujo, que ya está ocurriendo”. Esto último, explica, se debe al aumento de la persecución política que se ha visto de nuevo en Venezuela, en especial desde enero de este año.
Robayo destaca que Colombia está mejor preparada que al principio del gobierno de Nicolás Maduro, en cuya administración ha salido la mayoría de los casi ocho millones de personas del éxodo venezolano. Colombia, anota, no tenía experiencia en cómo responder a un fenómeno de este tipo, cómo canalizar fondos de la cooperación internacional, por ejemplo, y mucho menos la tenían los gobiernos locales. Por eso, dice que esta es una “curva de aprendizaje” muy valiosa. Sin embargo, Bolívar y Robayo coinciden en que, paradójicamente, Colombia está hoy menos preparada que hace dos años.
“Colombia ha invisibilizado y restado prioridad al tema de la migración venezolana y eso ha tenido impacto en la cooperación internacional, porque si no se refleja la situación en tus políticas, no puedes esperar que la cooperación esté atenta a lo que suceda en el país”, explica Bolívar y agrega: “También tenemos una situación en la que el PPT (Permiso por Protección Temporal) está suspendido”, mientras que las solicitudes de refugio pueden tardar hasta tres años en resolverse, periodo durante el cual la persona solicitante no puede trabajar formalmente.
Robayo añade que la cooperación internacional, además, ha puesto su mirada en la atención de otras crisis de gestión migratoria alrededor del mundo y que la situación en Colombia, que, según ella, debería estar tomando la voz de liderazgo en este asunto en Sudamérica, se inscribe en una realidad regional menos favorable para la movilidad humana y la búsqueda de refugio. Señala las posturas más restrictivas que han adoptado países receptores como Panamá, Chile y Estados Unidos.
La represión que se vive en Venezuela, según Robayo, debería llevar al continente a replantear sus políticas: “Estamos hablando de población con necesidad de protección, y una respuesta se esperaría también por parte de Estados Unidos, en donde ha habido una carrera electoral muy complicada, en la que el tema migratorio es popular solo al hablar de cierres y construcción de muros”.
La experta opina que, si bien tanto en la frontera de Estados Unidos con México como por el tapón del Darién han disminuido los cruces irregulares en los últimos meses, esto no es sostenible. Como hemos dicho varias veces en este espacio, la migración no es un grifo que sencillamente se puede cerrar. Por el contrario, Robayo recuerda que este tipo de políticas terminan favoreciendo a las redes de tráfico de personas o las rutas más peligrosas y, en general, al nivel de precariedad de la movilidad. Concluye diciendo que Colombia debe prestar mucha atención a sus municipios fronterizos, acompañar en el inicio de diálogos y la toma de acciones también con los departamentos “para que si hay ese pico [migratorio] haya coordinación”. No deja de mencionar, además, que esta sería la primera crisis de gestión migratoria que podrían enfrentar los nuevos alcaldes y gobernadores.
¿Cómo se preparan las regiones?
En los últimos años, alrededor de 7,7 millones de venezolanos han salido de su país, según la Plataforma de Coordinación Internacional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que además resalta que casi 6,5 millones de estos están en Suramérica y el Caribe. Específicamente, en Colombia está el mayor número. De acuerdo con Migración Colombia, son alrededor de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos los que viven en el país, la mayoría de los cuales tienen Estatus Temporal de Protección.
Si se ahonda en estos números, se evidencia que el 52 % de los migrantes son mujeres, mientras que en las regiones donde más se han asentado son Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca, que en suma concentran el 51 % de los venezolanos en Colombia.
Junto a estas cifras, se puede analizar el tipo de migración, como la de aquellos que solo están en Colombia de tránsito y, por consiguiente, terminan en el puente de Rumichaca, en Ipiales, donde está la frontera con Ecuador, que utilizan para llegar a los países del sur, o en el Urabá antioqueño con el fin de cruzar la selva del Darién y seguir la travesía por Centroamérica hacia el norte del continente.
Este último ha sido el paso más recurrente en los últimos años. En 2023 Migración Panamá registró el paso de 328.650 venezolanos; es decir, un promedio de 900 por día por dicha selva. Esa cifra se ha reducido en las últimas semanas por las restricciones que aplicó Panamá, pues decidió cercar con púas cuatro de los pasos más concurridos y a que había venezolanos expectantes a lo que ocurriera en las elecciones para decidir si migraban o no. Ante la crisis que se ha desatado por los resultados, las expectativas están puestas en un aumento de la migración de la que los mandatarios de ciudades fronterizas (y de masiva llegada de migrantes) han comenzado a hablar.
Uno de estos fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien retomó los sondeos hechos por encuestadoras que señalan que del 18 % al 25 % de los venezolanos podría migrar, por lo que asegura que se requieren “acciones inmediatas que permitan el control de estos nuevos flujos mixtos en nuestro país, retomar el control territorial por parte del Gobierno y desplegar la atención humanitaria de carácter urgente, la cual se requerirá en mayor proporción en las zonas fronterizas, especialmente en la subregión del Urabá antioqueño”.
Sumado a esto indicó que es importante que el Gobierno nacional le quite al Clan del Golfo el control territorial que tiene sobre los pasos de migrantes en el Darién, que se hagan más controles para proteger a los niños y adolescentes que emprenden estas travesías y se tomen acciones conjuntas con Panamá y Estados Unidos para dar alternativas más seguras a los migrantes.
Desde lo local, Lina Cuartas, secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia, asegura que junto al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) han realizado visitas a los municipios sobre los que podría haber impactos; mantienen mesas de temas migratorios en las que también participan entidades como la Defensoría del Pueblo y Procuraduría, así como cooperación internacionacional, así como le han pedido al gobierno destinar recursos y han enviado alertas ante una posible emergencia migratoria.
“Contamos con un mapa de ruta para atender una posible crisis: una guía para la atención humanitaria de emergencia, asociada a flujos migratorios mixtos por escenario de aglomeración regional Antioquia y un protocolo de implementación que será marco de actuación para una respuesta integral”, dijo Cuartas.
Por su parte, Amilcar Pantoja, alcalde de Ipiales, Nariño, resalta que acompañan a los venezolanos que han programado una serie de movilizaciones que comenzarán a realizar este viernes, mientras que el flujo de migrantes por Rumichaca ha tenido un aumento considerable, similar al que se registró en enero de este año.
“El tema (el posible aumento de la migración) lo hemos tratado con el gobierno departamental y el nacional, porque estuvo el vicecanciller, el doctor (Jorge) Rojas. A él le pusimos en evidencia un tema: si se cierra el tapón del Darién, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Cada día que pasa es un día menos que tenemos para brindar tranquilidad a la ciudadanía en la frontera”, aseguró Pantoja.
En el caso de Cali, el personero Gerardo Mendoza hizo un llamado tanto a las autoridades locales como nacionales para activar rutas de ayuda humanitaria para quienes van de tránsito, y sostuvo que se requieren programas institucionales que promuevan la inclusión de los migrantes en la ciudad. “Cali tiene que enfrentar realidades y los problemas se abordan visibilizándolos. Por ello, la situación migratoria merece una fuerte atención”.
En respuesta, Alejandro Eder indicó que se tendrán que reforzar los puestos de atención migrante y los programas sociales en la ciudad. Ante esto, la Secretaría de Bienestar Social reveló que hay un punto de información en la Terminal de Cali y un centro Intégrate, donde se brinda asistencia a quienes ya viven en la capital del Valle.
En La Guajira, Miguel Felipe Aragón, alcalde de Maicao, advierte que no tiene la capacidad para atender un nuevo éxodo de migrantes, dado que la administración municipal aún está atendiendo el impacto del éxodo más reciente, por lo que pide apoyo del Gobierno nacional. En parte, lo que le preocupa es la cercanía con el paso fronterizo de Paraguachón y la asistencia humanitaria, que en el municipio la han hecho en gran medida organismos internacionales, especialmente en La Pista, que es uno de los refugios más grandes de Latinoamérica, donde permanecen unas 13.000 personas entre indígenas y venezolanos.
En Cúcuta, donde están dos de los pasos fronterizos más importantes, los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, los cuestionamientos han venido del Concejo, que ve con preocupación la reducción del comercio desde el domingo pasado, así como la capacidad de atención en comparación con lo que se ha visto en anteriores pasos masivos de migrantes. El alcalde Jorge Acevedo aseguró que, debido a esa experiencia, la ciudad tiene protocolos para atender estas circunstancias. “Hoy tenemos la tranquilidad de la experiencia y esperamos que lo que suceda en Venezuela no sea tan traumático este domingo ni desborde las capacidades de la fuerza pública y de la institucionalidad”.
Por último está Norte de Santander, donde se anunció la apertura de dos puntos de atención de migración en San Gil y Barrancabermeja para fortalecer la atención en puntos recurrentes de tránsito, se activó un Puesto de Mando Unificado, en el que se articularon 40 agencias de cooperación, se mantiene la alerta amarilla hospitalaria, así como la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres) está articulada con los municipios fronterizos para dar atención humanitaria ante una migración masiva. De igual forma, se ha abordado el tema de la seguridad. “Se tiene un mayor número de funcionarios de Migración en los tres puentes internacionales, que estarán acompañados del Ejército y la Policía, quienes adicional al número de uniformados tienen un personal habilitado para evitar que haya desmanes y desorden, como se ha presentado antes. También hay articulación con Fiscalía, porque mezclados con las personas buenas también llegan delincuentes que quieren hacer de las suyas”.
Fuentes de Migración Colombia le dijeron a El Espectador que la entidad ha “convocado una reunión para el 5 de agosto. En este encuentro participarán agencias y organizaciones internacionales, así como entidades del orden nacional relacionadas con el tema de la migración y los migrantes, con el objetivo de coordinar una estrategia nacional sobre este tema”.
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