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El sueño de Marta siempre ha sido tener una casa propia. En 2018, cuando la crisis económica en su natal Venezuela arreció, supo que en su país no podría lograrlo. Migró a Colombia con su esposo y empezó de nuevo. Al año de estar en Bogotá dio a luz a una niña; cinco años después, a otra. Las dos pequeñas nacidas en Colombia, más dos hijos mayores, apretaron la economía en casa, lo que los llevó a tomar la decisión de migrar a Estados Unidos.
Era agosto de 2024. Al principio, como lo hacen anualmente miles de migrantes, caminó por la densa y peligrosa selva del Darién, en la frontera panameña. Luego, cruzó Centroamérica, llegó a Guatemala, atravesó el río Suchiate y aterrizó en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, sur de México. Allí, tras más de un mes de travesía, Marta y su familia se asentaron mientras les asignaban su cita del CPB One, una aplicación que les permitía pedir asilo en el país vecino, pero el ascenso al poder de Donald Trump en Estados Unidos arruinó sus planes.
Con Trump en la Casa Blanca, se esfumó la esperanza de miles de latinos como Marta de ingresar a Estados Unidos. Desde su posesión, el republicano ha emprendido una cruzada en contra de las medidas que favorecían a los solicitantes de asilo, como el cierre de la CBP One y la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), un programa que amparaba a cientos de miles de venezolanos para permanecer de manera regular en Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo. Con las nuevas directrices de la Casa Blanca, muchas familias colombovenezolanas se llenaron de temores y decidieron suspender su misión de llegar al norte y han buscado retornar a sus países natales. Aun así, esto se convirtió en otra odisea. El flujo inverso se ha complicado. En el caso de los miles de familias venezolanas y colombianas, mucho más.
Varios lo hacen a través de Panamá, pero, en vez de volver a cruzar la peligrosa selva del Darién, viajan por mar desde Guna Yala, en Panamá, hasta la frontera con Colombia, principalmente hasta las playas de Necoclí y Capurganá. Alrededor de un centenar de personas, según autoridades panameñas, están haciendo la ruta hasta el sur, por lo que el Ejecutivo de ese país busca “regularizar, para evitar con esto que ocurran los tráficos de seres humanos, que los retengan contra su voluntad y les exijan dinero, y a la vez evitar cualquier tipo de acción criminal”.
No solo las intenciones de Marta y su familia de llegar al norte se vieron frustradas por las duras políticas migratorias del republicano, sino que ahora también quedaron varados sin posibilidad de regresar, pues no tienen el permiso de protección temporal (PPT) ni pasaporte, documentos que les exigen en los puertos de embarque en los aeropuertos para devolverse, y los consulados venezolanos no les responden cuando solicitan uno.
Las oficinas de migración en Chiapas le han insinuado a Marta, según cuenta, que se regrese como llegó: cruzando de Panamá a Colombia por tierra o en lancha. La mujer se niega a repetir ese trayecto, pues teme por la vida de sus dos pequeñas hijas. A mediados de febrero naufragó una embarcación con 19 migrantes colombianos y venezolanos, y un capitán y su ayudante panameños. El accidente, provocado por “fuertes oleajes causados por el mal tiempo”, según la autoridad panameña de fronteras, cobró la vida de una niña de ocho años.
“Ayúdennos a volver a casa. Es lo único que le pido. En Bogotá mis hijas pueden estudiar, nosotros volver a trabajar, estabilizarnos y ojalá comprar una casa”, sostiene Marta, quien se ve enfrentada a un limbo legal que solo permite que sus hijas salgan del país, pero ella ni su esposo podrían hacerlo, pues no tienen pasaporte. Ella, dice, ha llamado a diario a diferentes oficinas consulares venezolanas en México y no ha obtenido respuesta, pero las autoridades de migración mexicanas les exigen este documento para poder tomar un vuelo de regreso.
En una situación similar se encontró Margelis, otra venezolana que junto a sus dos hijas buscaba alcanzar a su padre en Estados Unidos. Salió de Maracaibo, cruzó el Darién y, como Marta, llegó a Chiapas justo para la victoria de Trump. Las decisiones del mandatario la atemorizaron, por lo que decidió buscar la forma de volver a Venezuela, pero se chocó de frente con un escollo que nadie parecía saber cómo resolver. Una de sus hijas, la menor, de dos años, es venezolana; la mayor, colombiana. Para abordar cualquier vuelo, las aerolíneas le exigían pasaporte de Ana, la niña mayor, pero tampoco logró comunicarse con la Cancillería venezolana para obtenerlo.
La única salida parecía ser embarcarse en “Vuelta a la patria”, una serie de vuelos humanitarios habilitados por el Gobierno venezolano. Sin embargo, de nuevo, se estrelló con medidas que no contemplaba su tipo de familia. En estos vuelos no se aceptan ciudadanos extranjeros, como lo es Ana. Lo mismo sucede en los vuelos colombianos de retorno, pues ella, al ser la madre venezolana, tampoco podría subir. Un escenario sin salida.
Al comunicarse con la Embajada de Venezuela en Colombia a preguntar si tenían un plan para manejar estos casos, el embajador Carlos Martínez dijo que “no tenía que ver con eso”. Luego, al buscar a la Embajada de Venezuela en México, no se recibió respuesta de la misión diplomática por parte de su equipo de prensa. Tampoco lo hicieron estas dos mujeres y sus familias, apenas dos casos que se repiten a diario. Una fuente reservada en una oficina consular de Colombia en México explicó que, tras las disposiciones del presidente estadounidense, han aumentado los pedidos de auxilio de las familias binacionales que quedaron en el limbo en ese país.
Hace unas semanas, el Gobierno de Panamá solicitó a Colombia que actúe como puente para recibir a los migrantes venezolanos en tránsito. Esta propuesta está siendo discutida con el Gobierno de Venezuela, con el objetivo de establecer un mecanismo para gestionar a los migrantes que lleguen “sin documentos que les permitan permanecer en territorio colombiano”, según informó Infobae. Pero no se trata de que los migrantes viajen sin documentos por cuestiones de seguridad, tanto para los gobiernos como para los mismos migrantes, sino que se pueda establecer un marco para facilitar un documento que les permita el viaje de regreso con condiciones de seguridad.
Como señala Andrés Besserer Rayas, doctorante en el programa de Ciencia Política del Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Colombia ha sido ejemplo mundial en crear documentación para permitir el libre flujo de migrantes, por lo que se podrían crear mecanismos para resolver este limbo si los tres países, México, Colombia y Venezuela, se lo propusieran.
“El problema en este caso es que Venezuela no cuenta con músculo diplomático para una tarea así”, señaló Besserer, y se necesita una importante gestión para facilitar algo de este calibre. Además, crear en este momento un mecanismo para facilitar el acceso de familias migrantes binacionales a vuelos que les permitan volver a su país de origen sin ser separadas implicaría un gran esfuerzo también para Colombia: reconocer que en Venezuela hay una crisis migratoria, algo a lo que el Gobierno de turno se ha resistido.
Tras la reciente visita de la canciller colombiana Laura Sarabia a México, el Gobierno colombiano habría dado la orientación de generar un documento temporal a los hijos de connacionales que les permita viajar con sus padres con la condición de regularizar su situación, según comentó un diplomático familiarizado con su viaje. Era el camino a seguir, pues, como dice la experta en migración María Gabriela Trompetero, se debe facilitar el viaje de las familias binacionales mientras los padres puedan probar su vínculo familiar con los menores. Sin embargo, esto solo funciona en caso de menores de edad hijos de colombianos, pero el limbo persiste en el caso de padres venezolanos de niños nacidos en Colombia.
Para estas familias, estos obstáculos han generado más traumatismos y los han obligado a quedarse sin garantías de ningún tipo en un país foráneo. Cuentan que quienes más lo sufren son los niños, pues se exponen a innumerables riesgos al tratar de retornar mediante rutas controladas por el crimen organizado, sea en México o en Panamá, donde los carteles del narcotráfico y el grupo delictivo del Clan del Golfo han construido un negocio ilegal alrededor de las fronteras y el tráfico de migrantes.
De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los venezolanos son la nacionalidad de población migrante que más entraba de manera irregular por el sur del país. Unas 266.000 personas de las más de 925.000 que se registraron entre enero y agosto del año pasado eran de Venezuela. Sin embargo, allí solo cuentan con un consulado, ubicado en la capital del país, donde un pasaporte nuevo por persona vale US$300, un precio que la mayoría no está en condiciones de asumir. Por su parte, Colombia tiene tres consulados: Guadalajara, Ciudad de México y Cancún.
Una vez las familias resuelvan estos embrollos migratorios, todavía en entredicho ante la falta de respuesta de las cancillerías, se enfrentan a los altos costos de los vuelos de retorno. El trámite les exige ir hasta Cancún, en el Caribe mexicano, a recoger sus pasaportes. La mayoría de ellos están en Chiapas y solo el tiquete de avión hasta allí puede costar entre US$30 a US$50 (de $100.000 a $150.000). Desde Cancún deben comprar el vuelo a Venezuela, cuyo precio oscila de US$100 a US$200.
Ni la familia de Marta ni la de Margelis tienen esas cantidades de dinero. Apenas sobreviven, a veces pidiendo dinero en la calle, limpiando parabrisas o, cuando tienen suerte, haciendo turnos como meseros. Detallan que sus ahorros y préstamos se esfumaron intentando llegar a la frontera con Estados Unidos y lo que no les fue robado en el camino. Ambas manifiestan miedo por sus hijas. Marta envía un mensaje luego de la entrevista que evidencia su desespero: “Ya no aguanto más estar aquí, quiero regresar. ¡Por favor, ayúdennos!”.
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