La Mesa de Migración de la Cancillería despierta dudas y expectativas

Aparte de los venezolanos, hay migrantes de 14 países que requieren atención y servicios

Foto: EFE - Juan Diego López

A finales de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una noticia con bombos y platillos. Por los corredores del Palacio de San Carlos se celebró que la Cancillería, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Cooperación Internacional aunaron esfuerzos para instalar la Mesa de Migración, una nueva apuesta de política pública migratoria. Allí asistieron altos funcionarios y emisarios de organismos internacionales que saludaron un nuevo intento para lograr que la migración no fuese sinónimo de derechos violentados.

El evento no era para menos: cualquier esfuerzo de mejorar la vida de millones de venezolanos, pero también africanos o asiáticos que viven en Colombia, es importante en la medida que busque traducirse en derechos, servicios o integración al andamiaje social. La política impulsada por este gobierno no se centra solo en los cerca de 2,8 millones de personas que huyeron del régimen chavista, sino también en migrantes de 14 países que llegaron a Colombia y requieren atención. Pero es una tarea que conlleva retos, exige resultados y, como cualquier otra política pública, tiene el tiempo en contra.

El Espectador habló con voces expertas en asuntos migratorios sobre cómo esta política tiene una larga tarea para “fortalecer la articulación y mejorar la eficacia de la cooperación internacional”, como explicó la Cancillería en su momento. Al mar de inquietudes se suma la situación fiscal del país, los trámites burocráticos y el poco tiempo disponible para que esta herramienta se convierta en una política de Estado, no de Gobierno.

“Queremos que la Mesa no se quede solo en lo declarativo, sino que mejore la respuesta ante los desafíos migratorios y que perdure con los cambios de Gobierno”, explicó a este diario Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales.

Lo importante y lo urgente

No son pocos los intentos de Colombia por responder a la migración. En la sala de máquinas del Estado hay 131 instrumentos que tienen que ver con la migración, especialmente de la diáspora venezolana. Entre ellos han estado, por ejemplo, el Permiso Especial de Permanencia o el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) que se lanzó para regularizar a los ciudadanos indocumentados. Pero Catalina Arenas-Ortiz, experta en asuntos migratorios, cuestiona la necesidad de crear una nueva instancia que a fin de cuentas traerá más gastos y burocracia. “Más que un asunto estructural, tiene que ser una acción que tenga efecto en la vida de la gente. Que escuche las necesidades de alguien en Necoclí (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander) o quienes llegaron y se asentaron en Arauca”.

Por supuesto, el esfuerzo de instalar la Mesa y mostrar voluntad política es “loable”, comenta. Pero hay que distinguir lo importante y lo urgente. Por ejemplo, de los 2,8 millones de venezolanos que hoy residen en Colombia, hay poco más de medio millón que siguen en condición irregular. Migración Colombia, en respuesta a este diario, dijo que “el ETPV fue una medida de emergencia con vocación temporal para unas circunstancias especiales que hoy en día no son las mismas. Perpetuarlo indefinidamente debilita la institucionalidad. La política de Estado busca que la migración transite hacia el régimen ordinario de visas administrado por la Cancillería, fortaleciendo la migración regular y ordenada”.

Otro ejemplo de los desafíos es que durante la última década el Darién, en la frontera chocoana, se convirtió en un corredor que reúne nacionalidades de África, el sudeste asiático o personas de Haití. Crear una nueva instancia puede, en opinión de Arenas-Ortiz, ralentizar aún más la acción del Estado por atenderlos y desviar esfuerzos y recursos en asuntos que si bien son importantes, no atienden las necesidades más urgentes de los migrantes, como la documentación, el acceso a la salud o una integración real.

Saldo insuficiente

A la lista de pendientes también se suman dudas sobre cómo la Mesa podría focalizar esfuerzos que lleguen a los territorios donde la migración enfrenta obstáculos de vida digna y garantía de derechos. Desde 2025, el grifo de los recursos de cooperación internacional cada vez se cierra más y las arcas públicas, como ha dicho el propio Estado, no pasan por su mejor momento. El cierre parcial de Usaid dejó programas huérfanos, y así ha sucedido con dineros provenientes de la Unión Europea o la cooperación alemana. “Sin plata, las buenas voluntades quedan reducidas a eso: buenas voluntades. En esta conversación faltan voces de gobernaciones y alcaldías, quienes tienen panorama sobre la situación migratoria. Al próximo Gobierno, sea el que sea, le quedará la tarea de buscar grandes donantes, porque se necesitan y porque el golpe de esa escasez de dinero ya se ha sentido”, aclara Arenas-Ortiz.

Pero la Mesa no busca solo focalizar recursos, también voces y esfuerzos. El viceministro Jaramillo comenta que la migración ha cambiado en los últimos años: ya no es un asunto de crisis, sino de coyuntura. La Mesa, comenta el funcionario, aparte de buscar recursos de cooperantes internacionales, también incluirá sus opiniones sobre cómo manejar la migración entre varios actores.

La Cancillería ha intentado “desvenezolanizar” el debate; sin embargo, como señala Arenas-Ortiz, hay necesidades urgentes para los venezolanos que siguen sin satisfacerse. Pero Jaramillo resalta que “Colombia ha regularizado un equivalente al 5 % de su población nacional, no es un asunto menor. Ahora debemos ser estratégicos con la cooperación, porque no es un escenario ni de corto plazo; es multinacional”, comenta.

Contrarreloj

María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario, aplaude y considera “interesante” este espacio. Pero, según ella, la instalación de la Mesa suscita más preguntas que respuestas. “Ahora hay que llenarlos de contenido y resultados. Que generen acciones que cambien la realidad de las personas”. La académica considera que a todas las expectativas se suma el factor tiempo. El interrogante de fondo, tanto para Robayo como para Arenas-Ortiz es si esta iniciativa logrará trascender el Gobierno, si se consolidará como una política de Estado o quedará como un esfuerzo más en la larga lista de intentos por ordenar la migración en Colombia.

Por ahora, la Mesa arranca con una promesa ambiciosa y un margen de maniobra estrecho. Pero su tarea más urgente es convertir la voluntad política en resultados tangibles antes que se agote el tiempo.