Lo último que hizo Carlos* fue bendecir a todos sus hijos mientras estaba siendo golpeado y llevado a rastras por hombres del ELN. Ellos habían entraron a la finca donde trabajaba y vivía con su familia venezolana en Tibú (Norte de Santander), tras haber huido en 2022 de su país de origen. La desaparición de este padre ocurre luego del secuestro temporal y del canje por sus hijos de 9 y 11 años en medio de la ola de reclutamiento infantil en esta región. Horas más tarde, los niños fueron testigo de una masacre en la finca y obligados a desplazarse por el grupo armado. Carolina, la madre, no pudo hacer nada para evitar la tragedia, solo encomendarse a la misericordia de Dios. Nunca volvió a ver a su esposo.
Ese es el tipo de historias que Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández documentan en Laboratorio Migrante, un pequeño medio de comunicación que visibiliza algunos de los problemas más ocultos de la diáspora venezolana.
Desde hace un año, las dos periodistas colombo-venezolanas recorren territorios de frontera para mostrar realidades que no hacen parte de la agenda visible, como el reclutamiento a niños migrantes, la xenofobia en las aulas de clase o cómo mujeres son captadas para redes internacionales de trata de personas. Su proyecto empieza a coger fuerza e incluso ha ganado algunos galardones, como el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (IPYS) o el reconocimiento Sofía Imber, otorgado tras publicar una investigación que reveló que de casi un centenar de mujeres víctimas de violencia y explotación sexual, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, el 65 % de ellas eran de origen venezolano.
“Colombia necesita voces que hablen de la migración, no solo desde círculos institucionales, sino de la vida de las personas. Hacer estas historias les pone un rostro a quienes han sido víctimas mientras migran y ofrece alguna solución a los vacíos que han permitido que niños y mujeres sean victimizados”, comenta Jiménez, quien reporta el proceso político en Venezuela y a causa de la censura impartida desde Miraflores tuvo que buscar nuevos horizontes.
El dato humano
Jiménez y Hernández siempre se interesaron por el lado desconocido de la migración: historias que van más allá de las cifras oficiales de cuántas personas ingresan a un país o los instrumentos legales que toman esos gobiernos para regularizarlas o integrarlas. Así lo hicieron antes del cataclismo social que detonó Nicolás Maduro, cuando la salida de sus compatriotas apenas era el inicio de lo que sería una crisis humanitaria muy compleja. También cuando millones habían traspasado la frontera y, lejos de encontrar estabilidad, se toparon con trabas para iniciar una nueva vida. Ellas, desde Norte de Santander o Táchira, hicieron presencia para atestiguar ese momento.
Aunque son un equipo pequeño (completado con el diseñador Ernesto Cáceres), ambas hacen hasta lo imposible para recaudar fondos y seguir investigando. Algunas veces vinculan voluntarias a la planta, o en otras ocasiones se postulan a becas y auxilios económicos que les permitan seguir visibilizando la diáspora.
En sus portafolios hay publicaciones que datan desde hace unos ocho años y que indagan cómo la migración venezolana, más que un asunto de movilidad humana, debe ser un tema de derechos. Un ejemplo es el de las “cédulas canceladas”: un episodio en el que los documentos de identidad de 43.000 colombo-venezolanos o sus descendientes colombianos fueron borrados de las bases de datos de la Registraduría.
Otro caso es el de la xenofobia en las aulas escolares: historias de cerca de 140 niños migrantes* que por la discriminación en sus colegios sufrieron secuelas psicológicas y dejan en evidencia la falta de directivas por de prevención y un posible subregistro por parte del Estado colombiano.
Lejos de casa
Fue la censura y la falta de información clara lo que motivó a Jiménez y Hernández a fundar Laboratorio Migrante. No solo porque en Venezuela el silencio fuera una norma impuesta desde Caracas, sino porque en Colombia, aunque se acogió a casi tres millones de migrantes, estos “siguen siendo invisibilizados ante la institucionalidad”. “Los venezolanos en el mundo están en un limbo. No venimos a salvar a nadie, solo a mostrar sus historias”, dicen las reporteras.
En su medio de comunicación han publicado historias que nadie antes había mencionado, como la crónica de un Estado colombiano que no sabe a ciencia cierta cuántos venezolanos víctimas del conflicto* hay en su jurisdicción; los datos, a medida que se indagan en las diferentes entidades, cada vez son más opacos. Gracias a ese tipo de investigaciones encontraron que la Unidad de Víctimas, responsable de la reparación y el reconocimiento de cualquier persona que haya sufrido las secuelas de la guerra, no sabe cuántos venezolanos han sido asesinados, reclutados o desplazados en el conflicto. Sin ese dato, ni el Estado puede ofrecer reparación, ni esas personas pueden acceder a beneficios económicos o indemnizaciones por los derechos que les fueron vulnerados.
“La diáspora venezolana y Colombia como tal necesitan voces que hablen de la migración, no desde una perspectiva de víctimas, sino con conversaciones que muestren lo que han tenido que vivir. Cada tragedia merece ser documentada para construir un futuro de verdad y justicia”, subraya Hernández.
Tela por cortar
Aún faltan muchas historias sobre migración para contar. En el tintero, cuenta Jiménez, está pendiente hablar sobre derechos, acceso a la salud o de niños venezolanos que quedaron en estado de orfandad. Para ambas, narrar la diáspora con un enfoque humano servirá en el futuro para saber qué sucedió exactamente, pero, sobre todo, para que las fallas y la violencia no se repitan.
*Nota: Se modificaron datos de la publicación original, como el de 11.000 niños migrantes víctimas de xenofobia, al ser imprecisos y mucho más elevados al oficial: 140.