El mundo le presta cada vez menos atención a la represión que existe en Venezuela. Las historias de dos personas venezolanas refugiadas en Colombia, Emilia y Pedro, muestran por qué no debemos alejar la mirada: la represión en el país vecino es cruenta y opera de manera inusual, con múltiples actores. Una investigación recientemente publicada da cuenta de los patrones de represión y de las voces de sus víctimas.
Emilia fue golpeada en la cabeza en su propia casa, en una ciudad de Venezuela, y luego amenazada de muerte mientras sujetos encapuchados le apuntaban con una pistola en su cabeza. Estos incidentes de violencia sucedieron como culminación de semanas de acoso de parte de una red de actores de la represión en donde la seguían personas en motos y recibía mensajes de amenaza. Ella continuó ejerciendo su derecho humano a la participación política en el contexto de las elecciones de 2024, pero las amenazas se intensificaron y, después de las elecciones, decidió huir a Colombia por su propia seguridad, sabiendo que la represión se agravaría.
Pedro también participó en las elecciones de 2024 en Venezuela haciendo trabajo voluntario para una campaña. Un día su casa amaneció con una marca en la puerta hecha con pintura de aerosol: un punto encerrado por un círculo. Esto le dejó claro que era blanco de la represión del régimen. A pocos días de la elección, un grupo de personas armadas allanó su casa: los agresores lo golpearon brutalmente y lo arrastraron por el suelo y le advirtieron que, de seguir con su trabajo en las elecciones, su familia sufriría las consecuencias y él sería responsable.
Tanto Emilia como Pedro huyeron a Colombia, temiendo por su vida. Sin embargo, en Colombia no encontraron la seguridad y estabilidad que buscaban. En su nuevo país de residencia se enfrentaron, por el contrario, a un laberinto burocrático para acceder al estatus refugio, mientras viven la precariedad económica en vista de que no contaban con permisos para obtener un empleo formal. Por último, no encontraron tampoco seguridad en su destino, siguen recibiendo amenazas y creen que fuerzas ligadas al régimen venezolano operan en Colombia. Los lamentables atentados contra Yendri Velasquez y Luis Peche dan credibilidad a esta preocupación.
Las historias de Emilia y Pedro forman parte del informe “Entre la represión y la protección internacional: Un informe sobre la crisis humanitaria compleja en Venezuela por persecución política y la migración forzada hacia Colombia”, elaborado por la Fundación Refugiados Unidos y los autores de este texto. Este muestra cómo la represión del régimen venezolano se da no solo a manos de fuerzas del Estado, sino que hay una multiplicidad de actores, incluyendo actores no estatales, personas encapuchadas, policías, servicios de inteligencia, militares y otros que se coordinan para intimidar y reprimir. La represión es múltiple: intimidación, amenazas, golpes, tortura, pero también con el congelamiento de cuentas bancarias, el sabotaje económico y la negativa de otorgar documentos. Debido a la multiplicidad de actores y métodos, el informe caracteriza estos atropellos como una “represión en red”.
El documento también analiza cómo esta represión obliga a las víctimas a huir en busca de seguridad, y cómo en Colombia no hay alternativas de regularización o refugio fácilmente accesibles. La falta de protección legal los sume en la precariedad.
Asimismo, el informe demuestra que existen mecanismos mediante los cuales se coordinan los actores de esta “represión en red”. Por ejemplo, usan listas que incluyen a activistas, defensores de derechos, opositores, o simplemente quien ha ejercido su derecho a la libre expresión. Con estas listas se coordinan para identificar blancos e intimidar a quienes osan pensar distinto. En palabras de una de las personas entrevistadas:
“Nuestros nombres y fotografías fueron difundidos en páginas del gobierno, plataformas creadas por la misma dictadura, cuentas falsas y cadenas de mensajes. Todo esto tenía el propósito de que los ciudadanos no chavistas que aún permanecían en el país nos denunciaran, revelaran nuestra ubicación y así facilitaran nuestra captura, represión y encarcelamiento”.
El panorama es escalofriante. “Entre la represión y la protección internacional…” es uno de los pocos documentos que exploran la arquitectura de la represión en Venezuela en años recientes, capturando las propias palabras de las víctimas, mostrando cómo lleva a la expulsión y migración hacia Colombia. Es un informe que busca ser un ejercicio de memoria para romper la violencia del silencio impuesto.
Las implicaciones de esta represión son de suma importancia no solo para Venezuela, sino para Colombia también.
A pesar de los grandes avances en Colombia, aún falta mucho por hacer en materia de migración y refugio. Sigue siendo sumamente difícil solicitar y obtener refugio en Colombia, y esto se ve reflejado en el caso de las personas cuyas historias aparecen en el informe y que sufrieron claramente persecución política. Colombia tiene la obligación internacional, tras la firma de la Declaración de Cartagena, de que el refugio sea accesible para quienes huyen de persecución política o de un contexto de violación masiva de derechos humanos, situación que claramente existe en Venezuela.
Más aún, el país se ha quedado atrás en cuanto a mecanismos de regularización migratoria que son complementos importantes al régimen de refugio. Colombia solía ser un líder mundial en materia de regularización migratoria con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Sin embargo, el Estado no permite ya que venezolanos soliciten un Permiso por Protección Temporal ya que no ha renovado el Estatuto ni ha emitido una política de alcance similar en años recientes. El PEP-Tutor y la visa de visitante especial, políticas públicas en años recientes, no han cobijado al número de personas que lo requieren, dejándolas desprotegidas.
El resultado es que, a pesar de que el Estado colombiano ha cesado de actualizar los datos en torno a la migración venezolana, se estima que hay más de medio millón de personas venezolanas con estatus irregular en el país y que no tienen alternativas para recibir inclusión legal.
Después del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, Venezuela no ha cambiado de manera sustantiva. No se ha dado una transición de régimen, ni un proceso por el que existan garantías de protección de los derechos humanos. Persiste la represión. Continúa la precariedad económica y las violaciones masivas de derechos humanos. Por estos motivos, queda claro que siguen vigentes las condiciones que generan expulsión hacia países vecinos.
La respuesta de Colombia hacia la migración debe basarse en los derechos humanos, pero también tomando en cuenta que los migrantes contribuyen enormemente al país de acogida, si se les da la posibilidad de hacerlo. Una política pública de refugio y regularización a la altura de los retos es una pieza clave para que Colombia se beneficie al máximo y se posicione una vez más como referente mundial de la migración.
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