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En 2021, en la víspera de las elecciones presidenciales en Nicaragua, las fuerzas del Estado adscritas a Daniel Ortega detuvieron por lo menos a siete candidatos presidenciales, entre los que estaban Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Jr., Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Mientras tanto, otra avanzada judicial se empeñaba contra la prensa, con investigaciones contra más de 60 periodistas que cubrían los comicios. ¿Las acusaciones? Presuntos nexos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (expresidenta de Nicaragua), a la que acusaban de presunto lavado de activos.
Entre ese grupo estaba Octavio Enríquez, exreportero de medios nicaragüenses como La Prensa, El Confidencial y El Nuevo Diario. Fue llamado a declarar ese año a la Fiscalía para limpiar su nombre. “Yo fui uno de esos 60, más o menos, que acudimos a la Fiscalía a responder preguntas sobre mi relación —digamos, en ese momento— con la fundación. Y era, francamente, una relación profesional. Yo me dedicaba a ejercer el periodismo, y la otra faceta que he ejercido es la docencia. Siempre he compartido mi conocimiento y mi experiencia con el resto de colegas”, afirma a El Espectador.
Sin embargo, la persecución judicial comenzó a tornarse más complicada en la medida en la que los juicios avanzaban y poco a poco varios de los investigados comenzaron a caer presos. “En ese momento decidí salir. Fue una decisión difícil, complicada. Consideré que lo mejor que podía hacer era moverme. Aun así, fui a la Fiscalía y pronuncié unas palabras donde cuestioné al poder, cuestioné a Ortega. Les dije a los fiscales, públicamente, que si querían investigar el lavado de dinero, cruzaran la acera, porque ahí había un hotel que compraron con fondos de la cooperación estatal”, continúa.
Allí cambió su vida. De ser un reportero habitual en Nicaragua se convirtió en migrante, pasando por Colombia, países de Centroamérica y Europa apoyándose en organizaciones como la plataforma Connectas, de la que es colaborador. Mientras esto pasaba y Enríquez tomaba rumbo hacia el exilio, en Nicaragua la situación contra la prensa seguía complicándose con hechos como la toma de las autoridades de la sede de La Prensa, diario nicaragüense, bajo acusaciones de “lavado de dinero”, “traición a la patria” y “divulgación de noticias falsas”.
“Se confiscaron todas las maquinarias, las computadoras, los artículos de oficina, toda la hemeroteca del diario. Eso fue el 13 de agosto de 2021. Ya no había papel, porque había una retención por parte de la aduana, del Gobierno de Nicaragua. La Prensa, que en algunos momentos publicaba hasta 48 páginas, estaba saliendo con solo 12 páginas debido a la escasez de papel”, cuenta Nayel Martínez, periodista de La Prensa y hoy exiliada en Costa Rica, pero, a diferencia de Enríquez, no dejó Nicaragua de facto.
Su exilio se tensó hasta un punto de no retorno en 2022, cuando el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo (curiosamente, extrabajadora del diario La Prensa) expulsó a un grupo de monjas de la caridad, la misma compañía que fundó Teresa de Calcuta. En medios rodaron las imágenes de las religiosas, en sus hábitos blancos y azules, siendo escoltadas por miembros del Ejército en la frontera con Costa Rica.
Martínez ya estaba con La Prensa mientras el medio cubría parte de la persecución del régimen contra la Iglesia católica —con picos extremos como la expropiación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua a la Compañía de Jesús, los jesuitas—.
“Se mandó un equipo: un conductor, una periodista y un fotógrafo, para seguir el caso, porque ya más o menos se sabía de dónde iban a salir. El objetivo era grabar videos y tomar fotos del momento en que sacaban a las monjitas en microbús, rumbo a la frontera con Costa Rica. Esa cobertura la hizo únicamente La Prensa. En las imágenes se ve muy poco, pero sí se alcanza a notar que llevan a las monjitas en microbuses —parece que en dos—, y que las están expulsando del país”, cuenta sobre esta jornada, ocurrida el 6 de junio de 2022, casi un año después de la toma a las instalaciones del periódico.
Esa misma noche, cuenta, comenzó una persecución exhaustiva contra todos los trabajadores de La Prensa. Conductores, trabajadores administrativos, periodistas, todos los que tuvieran un vínculo fueron investigados y algunos capturados, mientras que otros lograron esconderse, como ella.
“Me escondí en una casa de seguridad durante una semana. Pero me di cuenta de que la policía ya había llegado a mi casa. Fueron a buscarme con excusas, como siempre, diciendo mentiras, diciendo que estaban investigando algo. Iban de civil, decían que trabajaban en línea, pero alguien los reconoció y confirmó que sí eran policías. Pasé como ocho días decidiendo qué hacer, hasta que entendí que no era posible vivir así, con esa incertidumbre, escondiéndome toda la vida, con la paranoia de que en cualquier momento llegaban y te llevaban encarcelada. En ese momento vi que ya no era posible seguir en Nicaragua y ejercer el periodismo. Ya era insostenible. Yo conocía la historia de otros colegas que habían tenido que salir”, afirma Martínez.
Empacó una maleta con varias mudas de ropa, medicamentos y un celular. Con esto cruzó por un punto ciego por la frontera con Costa Rica dejando atrás una vida, sus mascotas, todo lo que tenía consigo. Dice ser privilegiada, porque desde que llegó no ha dejado de trabajar un solo día, pero reconoce que es una experiencia complicada.
“Emocionalmente, sí fue un duelo y eso lo tuve que trabajar con mi psicóloga, porque no es algo fácil. Ahora, ya estando aquí, yo digo: está bien, siento que sigo aportando con mi trabajo. He querido continuar en el periodismo. Pero hay mucha gente que ha tenido que dejarlo. En este momento, por ejemplo, hubo un programa, el de Movilidad Segura, y algunas personas lo aprovecharon para irse a Estados Unidos, Canadá, Europa... Porque, además, la vida aquí en Costa Rica es la más cara de Centroamérica, comparada con Nicaragua, que es uno de los países más baratos. Entonces, se siente que tal vez el salario aquí no alcanza como sí lo hacía en Nicaragua para cubrir todas tus necesidades. Si tienes una familia que mantener, muchos periodistas han tenido que dejar la carrera y dedicarse a otra cosa”, continúa.
Octavio Enríquez coincide. A pesar de que tampoco ha dejado de trabajar en periodismo desde su exilio, relata casos de colegas suyos que han tenido que complementar su actividad trabajando en aplicaciones como Uber.
Y relata lo mismo que contaba Martínez: “Cada vez que me toca hablar de la situación de los periodistas en el exilio, retrato las condiciones difíciles en las que tienen que sobrevivir. El verbo ‘sobrevivir’ se convierte en algo esencial para un periodista exiliado: es la prioridad. Muchas veces, significa vivir con salarios bajos, salarios que siguen siendo equivalentes a los que se pagaban en Nicaragua, pero en países mucho más caros. Eso hace que la situación sea muy complicada. Tienen que tener otros trabajos para poder cubrir sus gastos, para pagar las cuentas. Y más allá de eso, está el hecho de cargar con el miedo: venir de un país gobernado por el miedo. Significa que hay una doctrina de terror impuesta por el régimen”.
En su caso personal, ese miedo lo llevó a sacar a toda su familia de Nicaragua ese mismo 2021, cuando ya desde el exilio el régimen comenzó a hostigar a su familia por una investigación sobre los negocios de los círculos cercanos a la pareja presidencial. “Hice una solicitud de información al correo de la vicepresidenta Murillo, y lo que ocurrió fue que me mandaron a buscar a mi casa, en un acto que interpreté como un intento de intimidación directa contra mi familia. Fueron meses muy difíciles. No solo porque el hecho de estar en el exilio ya es duro, sino porque sentir que no puedes proteger a los tuyos es aún más doloroso”, cuenta Octavio.
Ya cada uno acumula más de tres años en el exilio y aunque siguen reportando a Nicaragua, desde diferentes husos horarios y contextos, coinciden en el interés de seguir trabajando y seguir contando lo que pasa en su país a pesar de la distancia. Mientras tanto, la ofensiva del régimen Murillo-Ortega se radicaliza.
En septiembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó una reforma a la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “ley mordaza”. Esta modificación amplió su alcance a publicaciones en redes sociales y aplicaciones móviles, imponiendo penas de hasta 15 años de prisión por contenidos que el Gobierno considere que generan “alarma, temor o zozobra”, incluso si son difundidos desde el extranjero.
La ley también permite a las autoridades realizar allanamientos y obtener datos personales sin orden judicial en ciertos casos. Organizaciones como la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) han denunciado que esta legislación tiene un impacto “devastador” en la libertad de prensa y expresión, afectando tanto a periodistas como a la ciudadanía en general.
La Prensa, el diario en el que trabaja Martínez y trabajó Enríquez, fue premiada por el Premio Guillermo Cano de la Unesco a la libertad de prensa, causando como rechazo el retiro de Nicaragua de la Unesco y aislando cada vez más a la prensa del país. Sus periodistas, además de Estados Unidos, Costa Rica y México, también viven en España y México.
¿El futuro? Martínez lo resume en una frase: “Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siga en el poder, mientras tengan a Nicaragua como la tienen —manejándola como si fuera su hacienda—, no veo futuro para la libertad de prensa”.
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