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Karen dejó su hogar, en Maracaibo, cuando tenía 21 años. Era 2016 y la crisis había empeorado. Todo en Venezuela era caótico: largas filas para conseguir comida, precios que subían cada semana y apagones que duraban horas o días. Desde el 2014, después de la muerte de Chávez, las marchas en contra del régimen fueron más intensas, largas y violentas.
Karen estudiaba Contaduría y su esposo, Adrián, trabajaba en una compañía de agua. Esperaban una hija, pero temían por el futuro que podrían darle. Intentaban hacer ajustes y recortar gastos, pero poco a poco empezó a faltar todo: la comida, la salud y la tranquilidad. Migrar a Caracas, la capital, no mejoró su situación. Allí, explica Karen, no había nada que comer. Trabajaban e intentaban buscar estabilidad para sostener el embarazo, pero pronto decidieron dejar de estudiar e irse del país.
En la tienda en Bogotá, Karen recuerda su vida en Venezuela, su familia y la comida. “Esa vida ya no existe para nosotros. Ya nos adaptamos a vivir en otro lugar”, dice con media sonrisa. Su historia refleja la de 7,7 millones de venezolanos que, según cifras de ACNUR, han migrado a otros países. De ellos, 2,8 millones están en Colombia, y miles han sido mujeres que emprenden el viaje hacia la frontera en estado de embarazo.
Cruzando la frontera: el primer paso hacia lo incierto
Las puertas para migrar se abrieron cuando un conocido ofreció recibirlos en Molineros, un corregimiento cerca de Barranquilla. Karen y Adrián tomaron un bus a Colombia y cruzaron la frontera de Paraguachón, por la que pasan 1.500 personas cada semana, según datos de Migración Colombia. Allí se quedaron temporalmente, pero pronto viajaron a Bogotá en busca de mejores oportunidades.
En la capital, Adrián trabajaba en lo que podía, mientras Karen, embarazada, temía por su salud y la de su bebé. Al no estar regularizada en el país, le angustiaba que no la atendieran en un hospital, pues en Colombia los migrantes no regularizados solo tienen derecho a recibir atención médica por urgencias, de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Para acceder a otros servicios, como controles ginecológicos y prenatales, deben estar afiliados a una EPS, algo que solo pueden hacer una vez completaron el proceso de regularización.
El Observatorio Nacional de Migración y Salud estima que apenas 1,5 millones de los venezolanos en Colombia están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El DANE reveló que el 79,8 % de los que no están afiliados se debe a su condición de irregularidad migratoria.
A los ocho meses de embarazo, Karen no había podido asistir a ningún control prenatal. Le preocupaba el momento del parto y el cuidado de su hija, por lo que decidió regresar sola a Venezuela. Adrián se quedó en Colombia buscando oportunidades para sostener a su familia.
“Solo nosotros sabíamos que Amalia existía”
De vuelta en Venezuela, Karen no tenía nada de lo que antes había construido. Tuvo que buscar refugio en casa de su madre y allí esperó la llegada de Amalia, quien nació unas semanas después en Maracaibo y en medio de un parto sin epidural, pues en el país no había medicamentos. En 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela había declarado emergencia sanitaria por la escasez de insumos médicos y el colapso del sistema de salud.
Varias organizaciones y medios revelaron que no solo había una ausencia masiva de medicamentos, sino también de elementos básicos como guantes, gorros quirúrgicos y jabón. Douglas León, presidente de la Federación Médica Venezolana, dijo en abril del 2016 que “los médicos tratan de resolver los problemas de los hospitales con apenas un 4 o 5 % de insumos”.
Amalia no solo nació en un hospital con condiciones precarias de higiene, sino en donde faltaba algo que marcaría su vida: papel.
Los centros de salud no podían emitir el acta de nacimiento, un documento esencial para realizar el registro civil. Después del 2012, el papel de seguridad EV-25 entró en la lista de productos no prioritarios, lo que provocó la escasez de certificados, periódicos y documentos oficiales. Sin el acta, no había manera de probar que Amalia era hija de Karen o que había nacido en Venezuela, lo que le da la nacionalidad del país de manera inmediata bajo el principio de ius soli y le permite tener un número de identificación con el cual acceder a los servicios de salud, educación y protección legal. Sin identidad civil, Amalia era “invisible”.
En 2019, la ONU y la organización Cecodap establecieron que en Venezuela al menos 32.110 familias no recibieron los documentos de sus hijos recién nacidos. Estos niños no fueron registrados en el plazo máximo establecido por el Gobierno (tres meses desde la fecha de nacimiento) para obtener el registro civil y, en cambio, obtuvieron solo una nota con el certificado de nacido vivo, documento que no es válido para probar la nacionalidad.
Amalia tenía una semana de nacida cuando su madre decidió ir a una unidad del Registro Civil para reclamar su acta de nacimiento, pero allí se encontró con que debía esperar tres meses por la misma razón que ocurrió en el hospital: no había papel para imprimirlo. “A mí me dijeron que todavía no me lo podían dar, que no había nada que hacer. Así que por un tiempo solo nosotros sabíamos que Amalia existía, porque ella no tenía registro”, afirma.
Desde Colombia, Adrián enviaba dinero para su esposa e hija. Karen intentaba ahorrar lo poco que recibía, pero no era suficiente. La escasez era evidente en los supermercados y farmacias. Para conseguir pañales, las familias llevaban las actas de nacimiento de sus hijos para probar que los necesitaban. Karen solo podía llevar el certificado de nacida viva.
“Fueron días en los que me tocó aguantar hambre. A mí en Venezuela me dijeron que su registro se demoraba tres meses y yo tres meses no me iba a quedar allá. Nos estábamos enfermando”, explica Karen; por eso volvió a Colombia a los 20 días de nacida la niña y aún sin sus papeles.
El muro
En Bogotá, intentó registrar nuevamente a Amalia, pero le negaron el trámite: la niña no tenía acta de nacimiento y había nacido en Venezuela, no en Colombia. Para obtener la nacionalidad, debía haber nacido en el país, tener un acta de nacimiento y demostrar el domicilio legal de los padres.
Colombia, a diferencia de Venezuela y otros países, no otorga nacionalidad por ius soli. Los niños nacidos en el territorio son únicamente nacionales si sus padres son también colombianos o si son extranjeros regularizados en el país y con un domicilio legal para probarlo. Esto, junto con el cierre de consulados venezolanos en 2015, dificultaba el registro de hijos de migrantes irregulares. ACNUR estimó que, entre 2015 y 2019, al menos 24.000 niños venezolanos nacidos en Colombia estuvieron en riesgo de apatridia; es decir, de no ser reconocidos como nacionales por ningún Estado.
Para enfrentar esta crisis, el gobierno de Iván Duque expidió la Resolución 8470 y la Ley 1997 en 2019, dos medidas fundamentales (e inéditas) para evitar la apatridia. La política “Primero la Niñez” permitió a los hijos de migrantes venezolanos nacidos en Colombia obtener la nacionalidad mediante un sello en su registro civil con la frase “válido para demostrar nacionalidad”. Para ello, los padres deben presentar el acta de nacimiento del niño, que debe haber nacido en Colombia después del 19 de agosto del 2015 y un documento de identidad vigente como la cédula, el pasaporte o el Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Según el DANE, en 2019 hubo 25.000 nacimientos de hijos de migrantes venezolanos en el país. La cifra alcanzó su pico en 2020, con 63.000, luego descendió a 58.000 en 2021, 42.000 en 2022 y 30.000 en 2023.
Se estima que la medida “Primero la Niñez” ha beneficiado a unos 108.000 niños venezolanos.
Gracy Pelacani, profesora y directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, explica que, aunque los mecanismos creados en 2019 han beneficiado a miles de niños, siguen siendo insuficientes, sobre todo porque las leyes implementadas aplican solo a hijos de migrantes venezolanos, dejando desprotegidos a aquellos provenientes de otros países cuyos padres no están regularizados.
Colombia es uno de los pocos países de América que otorga nacionalidad por derecho de sangre y no por derecho de suelo. Para Pelacani, esto ha obligado al país a adaptar sus leyes ante la migración masiva de la región.
Amalia, sin embargo, no fue beneficiada por las medidas: nació en Venezuela y no tiene acta de nacimiento. En la Registraduría les sugerían a Karen y a Adrián volver a Venezuela para obtener el acta, pues el certificado de nacida viva no era suficiente.
“Yo pensé que podría solucionar eso después, pero no me daban respuesta y yo a Venezuela no podía volver”, dice Karen. Las dificultades con el registro de Amalia persistían, pero su prioridad era encontrar un sustento para su hija y para sí misma, sobre todo con el incipiente deterioro de su relación de pareja.
En 2019 nació su segunda hija, Martina, y, un año después, Karen y Adrián se divorciaron. Martina no enfrentó el mismo problema que su hermana. Nació en un hospital en donde recibió su acta de nacimiento, y en un país en el que las políticas frente a esos casos ya estaban vigentes.
El caso de Amalia se registró como uno de apatridia de facto; es decir, el de una niña que, aunque nació en un país que la reconoce como nacional por haber nacido en él, no tiene acceso a los documentos que lo comprueban.
Colombia ha adoptado medidas para prevenir y reducir la apatridia, como la Ley 1588 de 2012, que ratifica tratados internacionales, y la Ley 43 de 1993, cuyo Artículo 5 permite otorgar nacionalidad a personas apátridas. Sin embargo, se requiere que la misión diplomática del país de origen declare oficialmente el motivo por el cual no otorga la nacionalidad por consanguinidad a esa persona. En el caso de Amalia, Venezuela sí la concede, pero solo tras regresar al país, pagar las multas y realizar de nuevo el trámite. La madre de la niña no puede volver: no tiene los recursos para pagar la sanción por el registro tardío, y el viaje implicaría perder su trabajo y afectar la educación de sus dos hijas.
En protección de la niña, en 2021, el Centro Intégrate decidió emitir un Permiso por Protección Temporal (PPT), cuando Amalia tenía cuatro años, el cual, aunque le permite acceder a una EPS y asegurar su cupo escolar, es una medida jurídica temporal que no le garantiza nacionalidad ni identidad civil. Además, para obtener el PPT se requería un acta de nacimiento, por lo que su expedición tuvo irregularidades. Karen, aun así, aceptó la única alternativa para garantizar los derechos de la niña.
Tres años en espera
Desde que recibió el PPT, Karen se siente más tranquila, aunque reconoce que no es suficiente. El permiso que le concedieron no permite acreditar la nacionalidad y estará vigente hasta el 30 de mayo de 2031, según la Resolución 971 de 2021. Además, el Decreto 216 de 2021 del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) le da a Migración Colombia la posibilidad de cancelar el PPT cuando se encuentran inconsistencias en los datos, como la falta de un acta de nacimiento. Si el permiso de Amalia se cancela, perdería el acceso a todos sus derechos fundamentales.
Tres años después, Karen sigue luchando para que su hija obtenga una nacionalidad. Ha recibido ayuda jurídica y ha presentado varias tutelas. El Ministerio ha negado la solicitud, argumentando que en Colombia no existe una reglamentación especial para reconocer a personas apátridas que nacen fuera de su territorio, pues las convenciones internacionales a las que se acogió el Estado no establecen procedimientos concretos de prevención de la apatridia. Además, el Ministerio afirma que la niña no cumple con los requisitos para lograr la naturalización por nacimiento o por adopción, que el certificado de nacida viva es suficiente para acceder a la nacionalidad venezolana en el consulado y que sus derechos fundamentales no han sido vulnerados porque tiene el PPT.
Cuando le preguntan por Venezuela, Amalia sabe que ese era su hogar. Su madre le cuenta constantemente sobre el país, aunque reconoce que la niña no lo recuerda y que su vida ha transcurrido en Colombia. “Ella sabe que es venezolana, pero igual Colombia fue el país que la crio, así que ella es un poco de los dos”. Ahora bien, sin una nacionalidad, Amalia sigue en una especie de limbo.
* El nombre de las personas ha sido modificado para proteger su privacidad.