En el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela no era extraño escuchar opiniones o vaticinios sobre la “ola” migratoria que vendría luego de una victoria o una nueva atornillada en el poder por parte de Nicolás Maduro. Aunque eso no ha ocurrido, por lo menos en Colombia, en donde viven cerca de tres millones de migrantes y refugiados del país vecino, no significa que esa movilidad se haya detenido o que lo vaya a hacer en un futuro cercano.
Voces y organizaciones expertas que monitorean y analizan dichos flujos aseguran que la migración continúa: desde el año pasado, a las personas que huyen de la emergencia humanitaria en Venezuela, es decir, del hambre o la falta de servicios básicos, se sumaron otros perfiles migratorios, como los perseguidos políticos, antes, durante y luego de los comicios, debido a la represión del régimen. Es decir, si bien no ha habido un gran pico u “ola”, el desplazamiento se mantiene.
Entonces, ¿por qué los 25 de cada 100 (o hasta 40 de cada 100, dependiendo de la encuesta) venezolanos que el año pasado dijeron que se irían ante un nuevo sexenio de Maduro no lo han hecho? La respuesta podría estar en el conjunto de factores que se han unido en las últimas semanas, como la llegada de Donald Trump al poder, con las decisiones de política migratoria que eso ha implicado.
“Estamos hoy ante una nueva oleada de represión”, expresó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en referencia a la persecución y las detenciones poselectorales en Venezuela. Allí se registró la detención de más de 2.000 personas en ese período, y si bien la vocera reconoce ha habido liberaciones, también dice que es un “ciclo constante de liberaciones y nuevas capturas”, que lleva a que unas 1.600 personas continúen detenidas y al menos 40 desaparecidas.
La representante de la organización defensora de derechos humanos participó la semana pasada del foro “Migración venezolana: impacto para Colombia 2024-2025″, organizado por la Fundación Juntos Se Puede, en Bogotá. Allí expuso que la organización a la que pertenece ha podido evidenciar un incremento en la migración venezolana a Brasil luego de las elecciones, pero, si bien es cierto que no se ha visto lo mismo para el caso colombiano, eso “no quiere decir que no vaya a suceder” o que este no sea un asunto que deba estar en la agenda de los tomadores de decisiones.
María Clara Robayo, investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, coincide en que la entrada de la población migrante hacia Colombia recientemente se ha sostenido sin grandes aumentos y compuesta por personas que huyen de la represión, pero también, por ejemplo, de población que fue a visitar a sus familias para las fiestas de fin de año.
Por su parte, Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que la ausencia de dicho pico tras las elecciones y el 10 de enero (día de la ilegítima investidura de Nicolás Maduro) puede deberse a que “algunos estén esperando a la finalización del año escolar, pero también al frenazo que ha significado la llegada de Trump al poder”.
El republicano llegó a la Casa Blanca con varias decisiones: la eliminación del estatuto de protección para migrantes venezolanos, la suspensión del acceso a solicitudes de asilo en la frontera sur, la interrupción de las ayudas internacionales (que afectarían el desarrollo de programas de atención a la migración), entre muchas otras.
Pero la incertidumbre para la población migrante y solicitante de asilo no solo ha venido de la política pública, sino también de discursos como el que se le escuchó al presidente estadounidense a propósito del choque diplomático con Colombia, cuando afirmó que los colombianos deportados en los dos aviones en cuestión eran “los peores criminales que alguien podría imaginar”. No solo esas personas no tenían deudas con la justicia de ese país norteamericano ni con la colombiana, sino que, en general, como explicamos en un artículo anterior, los condenados o señalados de delitos son una minoría dentro de la población expulsada de Estados Unidos.
En el caso de los venezolanos, Goebertus llama la atención sobre la narrativa “de que todo migrante venezolano es del Tren de Aragua y que toda criminalidad supuestamente asociada a la migración es Tren de Aragua, lo cual dista de la realidad, pues la gran mayoría de los migrantes no participan de la criminalidad”, dijo en el foro.
En todo caso, las decisiones de la Casa Blanca se sumaron a otros antecedentes, como el cierre de pasos fronterizos entre Colombia y Panamá, en el Tapón del Darién, que el gobierno de José Raúl Mulino había ordenado hace meses.
Bolívar no tiene “la menor duda” de que la relativa normalidad en los flujos entre Venezuela y Colombia “es una situación temporal y que más adelante veremos una salida, no masiva como la que sucedió entre 2017 y 2018, pero sí habrá una salida importante de personas (de Venezuela)”, pues la persecución, represión y emergencia humanitaria siguen.
Para este artículo consultamos a Migración Colombia para saber cómo han registrado el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia en las últimas semanas, sin embargo, al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta. Distintas fuentes consultadas, no obstante, coincidieron en que no cuentan con los “datos duros” sobre los flujos, pero sí con la información que han podido obtener de observadores en el terreno, así como en reuniones con las autoridades.
Este viernes, la Defensoría del Pueblo informó que, según su monitoreo, del 1.° de enero hasta el 15 del mismo mes, “se registró una cifra total de 6.921 personas en tránsito, de los cuales 5.851 son de nacionalidad venezolana. En comparación con el mismo periodo de 2024, se evidencia una disminución del 30 %, lo que representa 2.553 personas. Sin embargo, la Defensoría advirtió sobre la necesidad de mayor cooperación internacional para atender las causas estructurales de la migración forzada”.
En el marco de la audiencia bilateral con el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, la Defensoría presentó su balance y recomendaciones sobre la situación: “Se propone fortalecer el registro de migrantes, crear canales de denuncia accesibles, socializar rutas de protección y brindar asistencia jurídica y humanitaria”, señaló en un comunicado.
“Además, se insta a ampliar centros móviles en fronteras, realizar jornadas de documentación, flexibilizar mecanismos de regularización para evitar la apatridia infantil y establecer protocolos de búsqueda de desaparecidos. También se enfatiza la inclusión de migrantes en políticas públicas, el respeto al derecho internacional en deportaciones y la cooperación interinstitucional para una migración segura y ordenada”, añadió.
Sin cooperación y la urgencia de la voluntad política
“Como es de conocimiento público, el gobierno de Estados Unidos de América ordenó el congelamiento de los recursos de cooperación internacional hacia varios países y organismos de cooperación internacional que operan en Latinoamérica, entre ellos OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Esta decisión impacta de manera directa el funcionamiento de los puntos de atención de trámites de extranjería, denominados Puntos Visibles de Migración Colombia, que venían operando actividades de la regularización migratoria desde 2021″.
Así informó esta semana Migración Colombia la afectación que empieza a sentir el país, específicamente como lugar de acogida, tras el recorte de los recursos. Se refiere a los puntos de atención que se instalaron en al menos 28 de los 32 departamentos para orientar y ayudar a registrar a la población venezolana en los procesos de regularización e integración en Colombia.
En el mismo comunicado, la entidad informó que “prepara los lineamientos, comunicaciones y acciones para afrontar la nueva situación. Una vez completada esta labor, se informará a las alcaldías donde se trabajen estos temas para articular las acciones respectivas”. Y concluyó diciendo que “ratifica el compromiso de trabajar los proyectos de regularización por y para nuestros migrantes venezolanos”.
Para Robayo, lo anterior “es muy preocupante, ya que los Puntos Visibles son de los pocos espacios que tiene la población migrante para tener acceso a la institucionalidad colombiana y los servicios y derechos que por ley se les otorgó. Incluso, es un espacio que puede atender a la migración irregular, que es la más vulnerable e invisible en este momento”.
Las distintas voces apuntan a lo mismo: la movilidad humana no se detendrá, ya sea porque siguen saliendo de sus países o de terceros países que no los acogieron, lo que, por cierto, para Goebertus, es muestra del “fracaso” de “algunas” de las políticas migratorias en la región. En esto, agrega, Colombia ha sido ejemplo de políticas de regularización, pero se ha quedado corta en medidas de integración socioeconómica que permitan a la población venezolana encontrar oportunidades sostenibles y, además, se está quedando corta en nuevas alterativas de regularización para los migrantes que, como insiste, siguen y seguirán llegando.
“Es cierto que en 2024 hubo una reducción en los cruces por el Darién (en donde el 70 % de los que cruzan son venezolanos). En 2023 había sido medio millón y en 2024 fueron 300.000, que sigue siendo el segundo número más alto desde que tenemos registro, así que la disminución no es razón para decir que no es un tema”, llamó la atención la también excongresista colombiana.
En el mismo panel en el que participó Goebertus estuvo Gaby Arellano, política venezolana refugiada en Colombia, quien llamó la atención sobre la importancia de regularizar. “La realidad es que siguen saliendo venezolanos (…) Tener a un ciudadano desplazado forzosamente es dar fuerza a los grupos al margen de la ley”, sobre todo en coyunturas como la de la actual violencia en el Catatumbo.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela, también presente en el panel, no es muy optimista, pues, en este panorama, no ve pronta la puesta en marcha de nuevos instrumentos de regularización.
Por el momento se está a la espera de la implementación y pedagogía alrededor del llamado PEP Tutor, un mecanismo expedido por la Cancillería el año pasado que permitirá regularizar a migrantes custodios de niños y niñas de Venezuela. Se trata de una alternativa que, no obstante, fue muy cuestionada desde su origen por organizaciones y expertos en materia migratoria que consideran que fragmenta y complejiza la regularización. Han señalado el desgaste de socializar y promover la apropiación de un nuevo mecanismo, cuando el sistema colombiano ya había logrado asimilar el Permiso Temporal por Protección (PTP), tan aplaudido en el mundo entero, pero que no fue extendido. Los desafíos no son pocos, y solo el tiempo dirá si los tomadores de decisiones estarán a la altura de lo que demanda un panorama tan complejo como el actual.
Nota de la editora: este artículo fue actualizado para incluir la información que este viernes emitió la Defensoría del Pueblo.
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