El cuestionado Alcatraz de los Caimanes, centro penitenciario para migrantes impulsado por el presidente Donald Trump en Florida, improvisado y con graves deficiencias sanitarias, construido sobre un aeródromo abandonado, parece ser solo una pieza más en su renovada estructura antimigratoria. Una agenda que, en este nuevo mandato, parece mutar de ser solo política de Estado a un negocio también, muy al estilo del magnate.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la primera línea de Trump en esta ofensiva migratoria, parece estar superada en su labor, que desde enero ha logrado la detención y deportación de más de 200.000 migrantes a corte de junio. Por eso, en junio, alegando “urgencia apremiante”, completó una serie de contratos con empresas privadas como GEO Group y CoreCivic, las cuales se incorporarán a esta ofensiva migratoria como un ente pasivo, pero poderoso, que servirá en la implementación de camas y recursos para nuevos centros de detención de migrantes.
En concreto, CoreCivic firmó un acuerdo sin licitación para reabrir una prisión en Kansas, con pagos mensuales de US$4,2 millones, mientras que GEO Group contrató por 15 años y unos US$1.000 millones para operar Delaney Hall, el mayor centro migratorio del este del país. Este presupuesto sale de los US$45.000 millones que recibió el ICE para reforzar su operación (entre 2025 y 2029) gracias a la megaley fiscal que aprobó el Congreso de EE. UU. para el presidente Trump el último mes.
De todo esto resulta clave que ambas empresas, según reportan Katherine Culliton-González y Lama Elsharif en el medio estadounidense Crew, fueron donantes durante 2024 para la campaña presidencial de Trump. “Incluso antes de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de presupuesto, a finales de junio, CoreCivic y GEO Group ya habían obtenido nueve contratos nuevos o ampliados, y habían reabierto centros como Delaney Hall en Nueva Jersey (gestionado por GEO) y los centros de detención familiar Dilley y Karnes en Texas (gestionados por CoreCivic y GEO)”, escriben. En total, CoreCivic y GEO Group aportaron US$2’779.000 a la campaña de Trump, su comité inaugural y entidades asociadas de recaudación de fondos en 2024.
Explican como, probablemente, ambas empresas anticiparon que la campaña antimigratoria de Trump podría eventualmente beneficiarlos y así está ocurriendo. Sumado a todo esto, el zar antiinmigración de Trump, Tom Homan, tuvo contratos por consultoría con el GEO Group antes de ser nombrado en el puesto, reveló el Washington Post.
Doble rédito
Alejandro Bohórquez-Keeney, analista y docente de la Universidad Externado, opina que tercerizar la gestión migratoria como lo está haciendo Trump resulta ser doblemente beneficioso al cumplir otro de sus objetivos: reducir el aparato del Estado. Desembolsando millones a estas compañías, no es necesario ampliar la planta de ICE para abordar a cabalidad el objetivo de Trump contra los migrantes. Sin embargo, el docente advierte que hay un riesgo claro en esta estrategia en materia de derechos humanos.
“Ya hemos visto que, cuando se dan este tipo de contrataciones, lo que suelen buscar es la mayor efectividad al menor costo. Y muchas veces, ese costo no es económico, sino humano, especialmente en temas de derechos y demás”, afirma. Esto no es un riesgo descabellado. De hecho, organizaciones de derechos humanos ya han denunciado que esto está pasando en centros como el Alcatraz de los Caimanes. La organización Coalición de Inmigrantes de Florida denunció que el concepto de esta prisión “imita campos de concentración” y que han sido hospitalizadas al menos seis personas debido a sus insalubres condiciones.
Bohórquez resalta que, pese a los procesos acelerados y sin licitación, no dejan de estar dentro de las facultades del presidente al decidir: “Esto lo deberían hacer servidores públicos y no privados. Pero el tema legal es que, muchas veces, esos controles constitucionales no se aplican de manera directa, como sería el caso en Colombia. Allá depende de que alguien los demande y de que se inicie un proceso; es algo que se da de forma indirecta. Entonces, ahí es donde entran esas zonas grises, porque entre las facultades constitucionales del presidente está la posibilidad de asignar, casi a dedo, a quienes lo asesoran o se encargan de ciertos asuntos”.
Suben las acciones, ¿bajan los DD. HH.?
De momento, la única certeza es que los negocios en torno a la migración ya están en marcha. Crew también reporta que las acciones de CoreCivic y GEO Group han aumentado un 56 % y un 73 %, respectivamente, desde que Trump ganó las elecciones en noviembre, sumándole un 3 % adicional desde que hace un mes fue aprobado el megaproyecto fiscal.
Estos son los réditos a grandes rasgos de la millonaria inyección de presupuesto al ICE, pero tal vez la pregunta más grande es hasta dónde puede funcionar este modelo de negocio migratorio sin erosionar aún más las condiciones de derechos humanos a las que son sometidos los miles de migrantes que sufren los procedimientos de captura, detención y eventual deportación.
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