Colombia está atravesada por una fractura entre el Estado y las regiones periféricas; por esa grieta se cuela, desde hace décadas, buena parte de sus crisis. La pregunta por cómo cerrarla para resolver los problemas territoriales fue el eje de un foro de tres días en Honda (Tolima), organizado por la Fundación Acordemos y El Espectador.
La apertura del evento tuvo lugar el 23 de enero en el Teatro Unión, con intervenciones de Juan Enrique Rondón, alcalde de Honda; Sergio Jaramillo, presidente de la Fundación Acordemos y excomisionado de paz, y Fidel Cano, director del diario El Espectador. También participaron la defensora del Pueblo, Iris Marín; la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz —primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del departamento—, y el registrador nacional, Hernán Penagos.
La conferencia central estuvo a cargo del economista James A. Robinson, profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía en 2024, quien expuso la “relación simbiótica” entre las instituciones inclusivas de las regiones consolidadas y las extractivistas que predominan en las regiones más apartadas del país.
A partir de esa mirada, se llevaron a cabo dos días de debate bajo la regla de Chatham House, que permite registrar lo discutido sin atribuirlo a personas concretas. Con esa reserva, un grupo diverso de académicos, expertos, exnegociadores de paz, empresarios, miembros de la Iglesia, mandatos locales y líderes de distintos territorios discutieron sobre la seguridad, la ampliación de la participación política, la inversión pública y el desarrollo rural, pero con la visión territorial como columna vertebral y teniendo en cuenta dos coyunturas que marcarán la agenda de este año: los 10 años del Acuerdo de Paz y las elecciones.
El evento busca poner todos estos temas en el centro de la discusión y eventualmente entregar un documento para que se debata en las campañas y esté en la agenda del próximo Gobierno y el próximo Congreso para la construcción de paz territorial.
La fractura entre la política nacional y local
En las primeras discusiones se insistió en que los problemas regionales chocan de frente con el diseño del sistema político del país, en particular con la forma en que los partidos conectan —o no — el centro con la periferia. “Hay un rompimiento entre la política nacional y local”, dijo un académico participante del evento.
Esa desconexión, añadió un experto, tiene un costo inmediato: “Sin partidos que se articulen entre lo nacional y los territorios, la participación será débil”. Según plantearon en reiteradas veces los asistentes, la brecha del centro y “la periferia” empuja a pensar en una “realineación” de las estructuras políticas. En ese punto apareció una advertencia sobre dos caminos que según uno de los panelistas lleva al fracaso de esa reforma política: “Tratar de regresar a partidos de vieja data” y la lógica fractal que lleva a replicar en otros lugares lo que pasa en Bogotá.
Parte de la salida a esa brecha, reiteraron varios asistentes, está en las comunidades. Para ellos, el trabajo político debería abrir nuevas líneas de representación. Uno de los expertos sostuvo que esa articulación ha permitido, en algunos casos, contribuir a que el país se deshaga del clientelismo.
En medio del debate, el tema de las curules de paz resultó inevitable y abrió un debate sobre qué tanto se han convertido en un ejemplo de apertura en la participación política. Ante la persistencia de desafíos como el de financiación y representatividad en el Congreso, un experto en asuntos electorales señaló que es importante evaluar si se logró el objetivo de ampliar la participación política.
Heterogeneidad y ordenamiento territorial
En medio de esos intentos por encontrar fórmulas que ayuden a sacar de raíz el problema estructural de la centralización del Estado, varios participantes afirmaron que se necesita un ordenamiento territorial que reconozca la heterogeneidad de los municipios y permita identificar problemas y necesidades diferenciados.
“Cuando uno mira el sistema de ciudades. Por ejemplo la forma en la que Barranquilla se asocia con los municipios del área metropolitana es muy distinta a la de Medellín. La capacidad que tienen los municipios de tener flujos económicos genera heterogeneidad”, dijo uno de los asistentes.
No se trata, entonces, solo de una presencia estatal deliberada, sino de una que distinga realidades locales. La inversión pública, dijo uno de los mandatarios locales que asistió al encuentro, debe ser pertinente y orientarse a potenciar los territorios y conectarse con sus necesidades. En esa línea, uno de los expertos insistió en que “no es solo que el Estado no esté, sino cómo lo hace”.
En esa discusión, sin embargo, académicos advirtieron que reconocer la heterogeneidad no implica descentralizar toda la figura del Estado, como el control de la Fuerza Pública y el poder judicial. Para uno de los expertos esa “descentralización” tampoco debería incluir decisiones de tipo ambiental que no han tenido buen manejo cuando se toman solo a nivel local.
El problema de la seguridad
El tema de seguridad –o inseguridad– de los territorios más afectados por el conflicto, donde se han implementado los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fue transversal a la discusión. La centralización del Estado ha dejado vacíos de poder que hoy son ocupados por grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que buscan imponer su control, cooptar elecciones y dominar economías ilegales.
El 2025 fue un año que evidenció ello en crisis humanitarias como la del Catatumbo, que no solo puso a prueba la capacidad del Estado para proteger a la población civil, sino la dificultad para salir de las economías ilícitas.
Para los mandatarios locales, parte de la solución pasa por vincular la seguridad con la legalidad y el desarrollo en los territorios. Cuando la inversión pública privilegie al campesino que está en la legalidad —dijo uno de los asistentes— habrá una verdadera transformación.
En los territorios donde el poder armado se ha arraigado, la transformación territorial solo será posible mediante alternativas productivas. “Las soluciones fragmentadas no funcionan”, dijo un empresario que lleva a cabo procesos de sustitución. Para él, lo que se haga debe articularse en clústeres productivos y apoyarse en tecnología de punta.
En ese sentido el sector privado, dijo otro empresario, también tiene un papel central en esas transformaciones. “Hay que descentralizar la privación de empresa. Para eso necesitamos seguridad física y seguridad jurídica”, explicó un académico.
Otro de los expertos difirió. “Grandes empresas han estado en los territorios más golpeados por la violencia y donde operan los grupos armados”. Para él, el problema de fondo está en cómo se relacionan con las comunidades.
Alrededor del tema de seguridad también surgieron planteamientos sobre los diálogos de paz que se adelantan con grupos armados. “Los acuerdos de paz no deben estar (cerrados) entre los actores armados y el Gobierno, sino con la ciudadanía. La paz debe ser de la sociedad civil”, afirmó un mandatario local.
Esa idea llevó a cuestionamientos desde las comunidades étnicas. “¿Cómo es posible que todavía nos seguimos preguntando cómo seguir construyendo paz a esta altura de la vida? Nosotros, los pueblos éticos, hemos construido paz históricamente”, expuso una lideresa.
Las curules de paz, un tema ineludible
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) –también conocidas como curules de paz o de víctimas– resultó inevitable y abrió un debate sobre qué tanto se han convertido en un ejemplo de hacia dónde debería encaminarse una reforma política.
“El diseño que se hizo, que combina precisamente el problema territorial con el diseño político que permita garantizar la representación democrática de esas comunidades yo creo que ahí encontramos unas claves de lo que debe ser la reforma política en el futuro”, dijo uno de los expertos durante el conversatorio.
Durante su intervención también recordó algunas de las características de su estructuración que tienen como objetivo la reparación de los territorios más afectados por el conflicto: circunscripciones uninominales; reglas de igualdad de género; propaganda solo en espacios gratuitos; límites a la financiación privada; y un esquema en el que los aportes se hacen a un fondo de financiación que luego distribuye los recursos. Todos esos elementos –advirtió– convierten a las Citrep en una referencia para pensarse una reforma política ligada al ordenamiento territorial.
La idea generó debate. Una lideresa replicó que “las Citrep son un ejemplo en el papel” y que esa paridad de género no se ha visto reflejada. Los hechos la respaldan. Durante las elecciones de 2022, la exigencia de listas con un hombre y una mujer terminó jugando en contra de varias lideresas, y que los hombres se quedaron con casi todas las 16 curules: apenas en tres circunscripciones las mujeres obtuvieron el cargo.
Frente a los retos que persisten y al “atisbo de participación política” que han supuesto las curules de paz, otro líder pidió leer la experiencia como un punto de partida para hacer los ajustes necesario: “yo creo que hay que aprender de esas lecciones de lo que no está funcionando para ponerlo a funcionar”. Para él, la salida está, ante todo, en volver al Acuerdo de Paz y a lo que puso en el centro desde el capítulo étnico: “Lo que debemos hacer es retomar las fórmulas que trae el Acuerdo. Retomar no podemos ponernos a inventar otras cosas ahora”, señaló.
La discusión invitó a ir más allá de las lógicas de integración territorial que plantea el Acuerdo de Paz y a buscar, en medio del contexto actual, un propósito compartido por todos, sin importar si apoyan o no lo que se firmó en La Habana en 2016. Al final se trata de cómo resolver el problema territorial para Colombia.