Para los años 80 en Colombia se había extendido una fuerte crisis de gobernabilidad: al enfrentamiento armado con grupos guerrilleros y a la extensión del narcotráfico, había que sumar un generalizado estado de descontento social, manifestado en frecuentes y violentos paros cívicos en los que las comunidades de distintas geografías reclamaban el acceso a los servicios sociales más básicos: agua potable, educación y salud. Estas presiones internas fueron atendidas a través de un paquete de reformas que culminó con la Constitución de 1991 y que convirtió a Colombia en la república unitaria más descentralizada del continente.
Sin embargo, la descentralización puso a competir en igualdad de condiciones a atletas muy desarrollados, -los grandes centros urbanos-, con atletas con importantes discapacidades, -los municipios pequeños-. Las abismales diferencias en las condiciones de salida han sido un factor que sigue incidiendo en los resultados actuales en materia de convergencia regional.
“La descentralización en Colombia se concibió como una vía para mejorar el acceso de la población a servicios sociales, reducir la pobreza, disminuir las desigualdades territoriales y mejorar y profundizar la democracia representativa y participativa” como bien lo expresa el profesor Alberto Maldonado. Y es innegable que Colombia ha logrado en estas tres décadas saltos cuánticos en la cobertura de los principales servicios sociales confiados a las entidades territoriales. Si bien los promedios nacionales ocultan amplios desafíos en brechas urbano – rurales, calidad y eficiencia, lo cierto es que esa carrera entre atletas tan dispares ha terminado por profundizar las brechas económicas, tecnológicas y la desigual distribución de oportunidades de progreso entre nuestras regiones.
Esta realidad nos obliga a buscar reformas que realmente garanticen que la descentralización y la autonomía sean efectivas, adecuando los marcos normativos y de gestión a las diferencias de capacidades y potencialidades que tienen las entidades territoriales. Es imprescindible, como lo ha identificado la Misión de la Descentralización, que las leyes 715/01 y 1176/07, de distribución de competencias y recursos, 617/00 de sobre salud fiscal territorial, y 2056/20 del Sistema General de Regalías, se reformen integral y armónicamente en función de las diferencias territoriales.
Hoy es claro que las grandes ciudades han logrado consolidar su capacidad fiscal, pero los potenciales tributarios y las capacidades institucionales en alrededor de 1000 municipios son muy inferiores y ponen en desventaja a las regiones que han cargado una herencia de pobreza, violencia y débil presencia del Gobierno Nacional. Se hace necesario entonces un Sistema General de Participaciones que garantice que las competencias que tienen las entidades territoriales estén claramente diferenciadas y con los recursos que correspondan a cada tipo de municipio. Por ello además de esa redefinición de competencias es imprescindible que los municipios puedan participar en los ingresos corrientes de la Nación en un porcentaje sustancialmente más alto, como lo estableció la Constitución de 1991.
Adicionalmente, para no mantener esa carrera entre atletas desiguales, se requiere que haya un fondo especial de compensación, que permita a los municipios con menor capacidad fiscal tener recursos con los cuales puedan cerrar las brechas en los servicios más sustanciales para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. En esta dimensión fiscal, también se requiere de una reforma tributaria territorial que permita que cada municipio pueda generar recursos propios acordes con sus potencialidades socioeconómicas.
Seguir garantizando la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia local pasa por la necesaria ampliación del periodo de los mandatarios para que se logren realmente buenos resultados en materia de cumplimiento de metas y planes locales de desarrollo.
Lograr que las entidades territoriales tengan las herramientas ficales y administrativas para hacer realidad sus propios sueños de desarrollo local redundarán en la unidad de una Colombia equitativa, próspera y democrática.