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En Colombia, las alianzas entre empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) están transformando territorios. En 2023, las empresas invirtieron $8.5 billones en proyectos sociales y ambientales, según el Índice de Inversión Social Privada (IISP), elaborado por Jaime Arteaga y Asociados. Este esfuerzo, que impactó al 92 % del país, priorizó sectores como desarrollo rural, educación, infraestructura y medio ambiente.
Un dato destaca: $4.8 billones fueron dirigidos a iniciativas ambientales, y de estos, $1.6 billones provinieron de inversiones voluntarias. Para muchas compañías, contribuir no es solo una obligación, es un compromiso con las comunidades que las rodean.
“Las empresas no reemplazan al Estado, lo complementan en colaboración con las OSC y las comunidades”, afirma Anu Rajaraman, directora de USAID Colombia. Este modelo de trabajo colectivo ha demostrado ser clave para maximizar el impacto social y ambiental.
La empresa Natura, reconocida en el IISP por su enfoque en la Amazonía, es un ejemplo notable. “Trabajamos con comunidades locales como proveedores para fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas económicas sostenibles”, dice Alejandro Gutiérrez, gerente de Sustentabilidad de Natura Colombia. Los proyectos de la compañía no solo abordan la crisis climática y la regeneración ambiental, sino que también generan empleo digno y contribuyen a combatir economías ilícitas en la región.
Otra iniciativa destacada es la de Colombia Cuida Colombia, una plataforma que articula a organizaciones de la sociedad civil con empresas privadas y que se ha consolidado como una red de apoyo social en Bogotá gracias al Programa Suma Social de USAID. Actualmente trabajan con 100 líderes sociales en Suba, fortaleciendo su impacto en derechos humanos, paz y género.
Portafolio Verde, por su parte, ha desarrollado proyectos de sostenibilidad ambiental en Antioquia, conectándose con otras empresas durante la Cumbre de Inversión Social Privada 2023. “Las alianzas no son transacciones; son transformaciones. Nos han permitido superar retos y mejorar nuestra capacidad organizacional”, señala Alejandro Zapata, director de la consultora.
Un modelo colaborativo
El impacto de estas iniciativas no se limita a las comunidades; también beneficia a las empresas. Érika Bohórquez, gerente de Entorno de Hocol, explica cómo su compañía complementa las compensaciones obligatorias con inversiones voluntarias en educación, equidad de género y energías limpias. “El trabajo conjunto genera beneficios mutuos: las comunidades crecen con herramientas y las empresas fortalecen su sostenibilidad”, asegura.
Según el IISP, el 58 % de las inversiones sociales de las empresas en 2023 se realizaron con comunidades, el 32 % con el sector público y el 13 % con cooperación internacional. Este modelo de colaboración multiplica los efectos positivos, llevando desarrollo a territorios que más lo necesitan.
En un país con tantos desafíos, las alianzas entre sectores no solo aportan recursos, sino que generan confianza. Más allá de los números, estos ejemplos reflejan un camino posible: uno en el que empresas, comunidades y sociedad civil avanzan juntas hacia un paz sostenible y un desarrollo inclusivo.