Desde Asocapitales hemos venido insistiendo en varios frentes que aportarían significativamente a este objetivo, desde la certera mirada de las capitales colombianas, sobre cuáles podrían ser los ajustes esenciales a realizar para conseguir la tan anhelada autonomía territorial en Colombia y de esta forma, hacer válida la idea original que viene de la Constitución de 1991.
En este sentido, primero, se hace necesario reconocer que las grandes ciudades están determinando una nueva gobernanza metropolitana, donde su rol de liderazgo como núcleos de desarrollo se convierte en un parámetro clave a considerar para promover cualquier idea frente a la autonomía territorial. De allí que en 2021 se haya expedido la Ley 2082 – Ley de Ciudades Capitales - que las establece como Categoría Municipal.
La Asociación, consciente de la importancia de construir confianza entre todos los sectores bajo los principios de equidad y participación, ha planteado en diversos escenarios propuestas como la armonización de los periodos de Gobierno territorial y presidencial con el del Congreso de la República; resolver la anualidad fiscal para que rija en un momento diferente al año calendario y la creación de la Comisión Octava Constitucional permanente de Asuntos Territoriales con el propósito, por ejemplo, de hacer mucho más coordinada la construcción de los Planes de Desarrollo e incluso, revisar y transformar la forma como hoy se distribuyen y transfieren recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y del Sistema General de Regalías (SGR).
En conjunto, todas configuran posiciones estratégicas sobre las cuales la Asociación seguirá insistiendo para lograr autonomías territoriales reales.
Es pertinente considerar la existencia un factor transversal clave, el cual puede hacer que todas las consideraciones expuestas se den adecuadamente, y es precisar las competencias de cada nivel de gobierno (Nación, Departamentos, Distritos o Municipios) y con base en ello distribuir los recursos.
La falta de claridad frente a lo que debe hacer cada nivel de gobierno, cuál competencia administrativa debe ejercer y cuáles son los recursos qué se necesitan, resulta ser uno de los inconvenientes más limitantes a la hora de prestar bienes y servicios a la población.
Un ejemplo de ello es el sector educativo. El 58,5% del total de la bolsa del Sistema General de Participaciones, que hoy está destinado a financiar la operación del sector, se distribuye de manera inequitativa respecto a los niveles de cumplimiento de funciones para su ejecución. En este caso, cuando se habla de delimitar competencias, los municipios se quedan con toda la carga operativa que implica, tanto poner en operación los Planes de Alimentación Escolar (sin asignación de recursos), como hacer el pago oportuno de la nómina de maestros. La pregunta es: ¿Dónde está el rol de los órdenes nacional y departamental en la implementación de estos componentes en la política de Educación?
Los entes territoriales hace rato están demandando dicha autonomía, más que limitaciones en la asignación de recursos. Y también demandan una justa distribución de responsabilidades. Invitamos a todos los actores a trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades territoriales. Existe el respaldo y la disposición para avanzar en lo pactado hace más de 4 meses y Asocapitales está dispuesto a dar otro primer gran paso.