Colombia no se ha apagado en los últimos 32 años. Entre marzo de 1992 y febrero de 1993, en el Gobierno de César Gaviria, se enfrentó el último racionamiento de energía, en un fenómeno de El Niño. La sequía impactó la capacidad hidroeléctrica del país, que tuvo restricciones de hasta nueve horas en el acceso a electricidad en ciudades como Bogotá, y de hasta 18 horas en lugares como San Andrés. Desde entonces, nunca ha habido apagón general en el país.
Mientras que países de la región, como México, Chile y Ecuador, han enfrentado racionamientos, el sistema eléctrico colombiano ha resistido, aunque con algunos contratiempos. El más reciente ocurrió en 2024, con el último fenómeno de El Niño, que redujo drásticamente el nivel de los embalses, una situación que planteó varias dudas sobre los años que vienen para el sistema energético nacional.
Desde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) consideran que hay un reto clave: “Nos preocupa que la nueva capacidad firme —hidráulica, térmica, solar, eólica y almacenamiento— está creciendo más lento de lo necesario y carece de los incentivos necesarios para inversiones de gran magnitud”, señala Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. Entre 2020 y 2025, Colombia ha puesto en marcha menos del 30 % de los proyectos que se tenían planificados para cada año.
Teniendo en cuenta que, para 2027, se espera que la demanda supere en 3,5 % la capacidad de energía en firme, un racionamiento durante un nuevo fenómeno de El Niño es posible. Varios actores que analizan el funcionamiento del sector energético en Colombia han estimado el costo que eso representaría para Colombia.
“El sector eléctrico no solo es vital para la producción de bienes y servicios, sino que es la columna vertebral que permite el desarrollo y la innovación en todos los demás sectores de la sociedad”, explica Acolgen. Los sectores más impactados por una coyuntura de este tipo serían los de manufactura, minería y comercio, que tienen un rol fundamental en la economía nacional. Además, Fedesarrollo ha estimado que un racionamiento de energía como el ocurrido en 1992 representaría una contracción del 1,5 % del PIB, como se aprecia en la infografía que acompaña este artículo.
Con un costo de hasta COP 204.000 millones por cada hora de racionamiento, de acuerdo con cálculos del Banco de Bogotá (2024), Colombia enfrenta un reto importante en los próximos años. Según Acolgen, para enfrentarlo es crucial abrirles la puerta a más proyectos de energía y transmisión, dar estabilidad regulatoria y recuperar la confianza en las inversiones. “Reconocer la trascendencia de este sector no solo contribuye a valorar la energía, sino también el mercado eléctrico que hemos tenido en los últimos 30 años y que puede estar en riesgo por las señales intervencionistas, la insostenibilidad financiera de las empresas comercializadoras de energía, entre otras situaciones que pondrían en jaque la continuidad y calidad del servicio”, afirma la Asociación.