La corrupción no ocurre sola, sino que está íntimamente conectada con el crimen organizado y mercados ilegales diversos que se entrelazan y se adaptan a nuevas tecnologías para expandirse y ocultarse. La extorsión, los sobornos, el fraude, el tráfico de armas, la minería ilegal, el narcotráfico, entre otros, son facilitados por la corrupción. Romper ese vínculo es clave para fortalecer la justicia y garantizar un mejor uso de los recursos públicos.
Según la OCDE y la CAF, el 94 % de los países de la región tienen estrategias de gobierno digital y el 88 % cuentan con entidades especializadas. Sin embargo, solo la mitad dispone de recursos suficientes y pocos usan herramientas como inteligencia artificial (IA), identidad digital o ciberseguridad avanzada. Acelerar la digitalización es fundamental. No se trata solo de poner trámites en línea, sino de rediseñar la gestión pública para hacerla más transparente, abierta y verificable: países como Estonia demuestran que la transparencia digital reduce riesgos y genera grandes ahorros. Su sistema permite seguimiento en tiempo real de todas las fases contractuales y el 99 % de los trámites se realizan en línea, equivalente a hacer en un año lo que tomaría 844 años de trabajo.
La lección para los países de la región Andina y el cono sur es clara: digitalizar, pero sin olvidar que no se trata de convertir el papel, sino de generar datos de calidad con estándares de datos abiertos y trazabilidad.
Consolidar el uso adecuado de estas herramientas implica retos: cerrar brechas de conectividad y competencias digitales, garantizar marcos éticos y fortalecer la ciberseguridad. A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, conmemorado cada 9 de diciembre por la ONU, con el liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la invitación es clara: aprovechar la tecnología no solo para digitalizar el Estado, sino para enfrentar la corrupción en la era digital y hacer de la transparencia la regla, no la excepción.