1º de enero serán trasladados 2,4 millones de usuarios de Caprecom

Si todo marcha de acuerdo con los planes, hoy el Ministerio de Salud anunciará una de las decisiones más esperadas y controversiales de 2015: la liquidación de Caprecom, la EPS más grande del régimen subsidiado en el país y que tiene a cargo poblaciones vulnerables como los niños del ICBF, los presos o las víctimas del conflicto. Si no hay contratiempos que se le atraviesen al trabajo de más de un año, Alejandro Gaviria, jefe de esa cartera, presentará el decreto que autoriza el inicio de la operación y que ya la semana pasada tuvo el aval del presidente Juan Manuel Santos.

La idea, en términos muy resumidos, es que los 2,4 millones de usuarios que aún están en las listas de Caprecom (ya varios fueron trasladados en los últimos meses) pasen, a partir del 1º de enero, a otras EPS y puedan deshacerse de la mala atención que han recibido en los últimos años. El 40 % (poco más de 900.000) serán trasladados a Nueva EPS. El 60 % restante se distribuirá en otras once EPS. Se trata de una operación que el Minsalud ha estado planeando desde hace tiempo y que es similar a la que se hizo con el cambio de pacientes de Saludcoop a Cafesalud. Solo que en esta ocasión el reto puede ser mayor: sus bases de datos, como todo su sistema, están en mal estado.

Pero detrás de la complejidad que implica ese proceso, que se hace a finales de diciembre justamente para que se generen los menores traumatismos posibles, hay una realidad ineludible que se le estaba saliendo de las manos al Gobierno: Caprecom, como le dijo a este diario un funcionario cercano al proceso, es hoy un nido de malos manejos. “Es una entidad que fue capturada políticamente y por eso mismo se convirtió en un foco de corrupción”.

La mejor muestra de ello es que hoy la deuda de esa EPS con los hospitales (la mayoría públicos) asciende a una cifra que oscila entre los $1,2 y $1,4 billones. Y, como si fuera poco, quienes estuvieron al frente de aquella entidad en los últimos dos meses dejaron acumular otro problema que enreda más todo este asunto: no les pagaron el salario a los poco más de 1.500 trabajadores que tiene (unos 500 de planta y otros mil bajo contrato de prestación de servicio). Y eso en números se traduce en $7 mil millones mensuales que no llegaron a la mayoría de los bolsillos de quienes atienden a los usuarios. Es decir, una deuda de $14 mil millones.

Pero eso en realidad es una arandela más del manojo de problemas que tendrá que resolver Felipe Negrete, el nuevo liquidador. Ya al menos tiene un cupo de endeudamiento de $500.000 millones, aprobado por el Congreso el 17 de noviembre, para tapar una parte de ese enorme hueco fiscal. Con la otra parte de la deuda tendrá que lidiar poco a poco. A diferencia de Saludcoop, Caprecom no tiene suficientes activos que puedan ser vendidos para respaldar los pagos (el ministro Gaviria ha dicho que los bienes embargados pueden sumar $200.000 millones).

Más allá del problema de recursos, la liquidación de Caprecom deja en evidencia una grave situación que la Contraloría ya había advertido en diciembre de 2014. Por esa época le presentó a Luisa Fernanda Tovar, directora hasta el pasado 13 de noviembre, un informe de auditoría alertando sobre lo que estaba sucediendo en la entidad. “Insuficiencia de capital de trabajo, liquidez y deficiente capacidad de pago, incumplimiento de los indicadores, fallas en la elaboración y ejecución presupuestal, deficiencias en los sistemas de información y falencias en la elaboración de contratos”, eran solo algunos de los hallazgos del ente de control.

Por esas, entre otras muchas razones, es que el Minsalud había tratado de intervenir a Caprecom desde hace más de un año, pero, como le contaron a este diario personas cercanas al proceso, había pulsos políticos que lo impedían. Todo indica que las 32 direcciones regionales de la EPS se habían convertido en cuotas políticas que desembocaron en malos manejos. El mejor ejemplo es que, como cuenta un funcionario, a principios de 2015 el Ministerio definió unas tarifas para la contratación, pero muchas entidades las desobedecieron. En total, Caprecom recibe una cifra cercana a los $2 billones al año.

El otro buen ejemplo, como lo reveló la revista Semana hace un mes, es la cadena de irregularidades en los contratos que se han firmado. Una muestra: a Solinsa G. C., S. A. S. (una IPS con sede en Santander) le fueron girados $1.949 millones, cuando solo se le adeudaban $79 millones.

Ante esos desfalcos, que para algunos son la mejor muestra de por qué las entidades públicas no deberían manejar esos recursos, ha habido quienes han tratado de ponerle punto final a Caprecom. Mauricio Santamaría y Beatriz Londoño también lo intentaron como ministros de Salud en los primeros años del período Santos, pero otros fueron los intereses que se sobrepusieron. Incluso, en aquella época el Gobierno decidió darle a Caprecom un salvavidas de $120 mil millones que luego le tuvo que condonar por su falta de solvencia.

En otras palabras, como dijo César Rodríguez, director de DeJusticia, al programa radial Hora 20, el lío que hay detrás de todo esto podría ser el escándalo de corrupción más grande de los últimos años. Los actores del sector lo saben y por eso ven con buenos ojos la liquidación. Por ejemplo, Elisa Torrenegra, directora de GestarSalud, asociación que reúne nueve EPS del régimen subsidiado que atienden al 46 % de la población, cree que el hecho de liquidar a Caprecom, al que llama el mal mayor del sistema, mejorará la relación con los hospitales y su condición financiera.

Néstor Álvarez, representante de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, también cree que era necesario tomar esa decisión para acabar con “el mayor foco de corrupción”, pero hay puntos que quedan en el aire. “Era absolutamente necesario, porque Caprecom era un república independiente”, dice. “Pero es posible que pasemos de un margen de atención del 10 % al 20 %. Eso es un alivio, pero no es muy alto. Esperábamos que hoy todos los pacientes hubieran recibido, al menos, una carta donde se les explicara cuál será su nueva EPS, dónde pueden reclamar los medicamentos y a qué IPS deben dirigirse. Eso no ha sucedido”. (El Ministerio de Salud ha explicado que a partir del 1º de enero los usuarios sabrán a qué EPS serán trasladados. Para saber qué debe hacer, vea el recuadro).

Y aunque es cierto que este primer paso era absolutamente necesario para evitar el robo de los recursos de la salud, también es cierto que muchas dudas de fondo quedan en el aire. ¿Quiénes son los responsables de este desfalco? ¿Qué tanta culpabilidad tienen los directores que pasaron por Caprecom desde finales de los noventa? ¿Cuáles cuotas políticas se pagaron a costa de la salud de los colombianos? ¿Qué congresistas, como lo sospechan algunos funcionarios, están implicados? ¿Cuál ha sido el papel que han desempeñado los organismos de control? Todas son preguntas que merecen una respuestas que Colombia reclama con urgencia.