Análisis: La minga, la salud pública y la hipocresía

Defender la salud significa rechazar las inequidades y exigir condiciones de vida dignas.

Tres senadores del Centro Democrático presentaron una acción popular para atacar a la minga social y comunitaria del suroccidente colombiano que esta semana llegó a Bogotá y que tuvo que llegar hasta la capital luego de que el presidente Duque rechazara reunirse con ella en Cali. Los demandantes señalaban que la presencia de los indígenas en la ciudad podría poner en riesgo la salud pública de los bogotanos al ser un potencial foco de contagio de covid-19. En buena hora el Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la petición de los congresistas uribistas y protegió el derecho a la protesta de los pueblos y comunidades indígenas, afro y campesinas.

Es cierto que este tipo de manifestaciones representa un mayor riesgo de contagio, pero es un riesgo mitigable que además es mayor para los integrantes de la minga que para los ciudadanos de Bogotá. Tanta es la necesidad de ser escuchados que se ven obligados a viajar hasta la Plaza de Bolívar en medio de una pandemia. No haberlos escuchado en Cali es el verdadero problema. Los republicanos en los Estados Unidos también sugerían que las manifestaciones por el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía constituían un riesgo para la salud pública y por tanto debían reprimirse y prohibirse. La evidencia hasta ahora señala que estas protestas no generaron un impacto significativo en los casos de covid-19 en las más de 200 ciudades en donde se presentaron movilizaciones. Las marchas al aire libre, el uso de tapabocas y el lavado de manos contribuyen a que la protesta pacífica pueda ser ejercida con seguridad sanitaria incluso en una pandemia.

Distintos medios de comunicación hablan de 4.000 a 7.000 personas de la minga que ingresaron a Bogotá. Tomando el extremo mayor de dicha cifra, este grupo equivale al 0.003% de los usuarios de la Ciclovía de Bogotá cada domingo (la cual tuvo 1.9 millones de participantes en promedio en el mes de septiembre). Tan solo el primer domingo de octubre, 5.300 personas visitaron Monserrate y 680.000 personas disfrutaron de los diferentes parques de la ciudad. Que lleguen a la ciudad 7.000 personas no es un aumento significativo en la población. Tan solo el fin de semana entre el 9 y 12 de octubre ingresaron a la ciudad unos 890.000 vehículos de distintas partes del país. Las terminales de transporte movilizaron a 192.000 pasajeros. ¿Por qué tendríamos que impedirle a la minga y a un grupo de ciudadanos convocarse en las calles? La movilización social no representa el riesgo colosal de salud pública que ciertos congresistas y sectores quieren venderle a la ciudadanía. No caigamos en el juego por la estigmatización de la protesta social.

Sugerir que la llegada de la minga durante una pandemia representó un riesgo tan grande para la salud pública de la capital como para restringirles su derecho a la protesta es francamente insultante con la historia de los pueblos indígena, afro y campesino. En su demanda, los congresistas del Centro Democrático manifestaron de paso su preocupación por los monumentos de personajes del periodo colonial que podrían estar en riesgo por la presencia de la minga en la ciudad. Lo paradójico es que la violencia y enfermedades como la viruela, el sarampión y la influenza, que llegaron con la colonización europea, acabaron con el 90% de la población indígena del continente, lo equivalente a 56 millones de vidas entre 1492 y 1600. Mataron a tantas personas que, por un periodo de tiempo, la tierra se enfrió en parte por la reducción del impacto de los seres humanos. Por proteger  unas estatuas, acusan descaradamente a los indígenas de traer a la capital un problema de salud. En fin, la hipocresía.

Si alguien debe utilizar acciones judiciales para proteger su derecho fundamental a la salud pública son las comunidades indígenas, afro y campesinas, especialmente contra un Gobierno que se empeña en pasar aviones por sus comunidades rociándoles un herbicida probablemente cancerígeno, en contra de su voluntad. Ellos son quienes tienen la autoridad moral para acudir a los estrados judiciales y exigir que se detenga la deforestación criminal que pone en riesgo su vida, el acceso al agua y a alimentos, y que los hace víctimas de los impactos del cambio climático. Son ellos los que tienen una causa legítima para exigirle a los políticos que cumplan con el Acuerdo de Paz para que la violencia producto del conflicto armado deje de ser una de sus principales causas de muerte o para que sus ríos y sus peces no se contaminen de mercurio por la minería ilegal.

Si los congresistas demandantes están tan interesados en la defensa de la salud pública, bien podrían empezar por dejar de insistir en la exposición forzada al glifosato, en proteger el proceso de paz para reducir la violencia en nuestro país, hoy la primera causa de muerte en menores de 30 años. Podrían dejar de oponerse al impuesto a las bebidas azucaradas o al aumento al impuesto al tabaco que tanto contribuyen a la obesidad, a la diabetes, a las enfermedades del corazón y al cáncer. Podrían dejar de buscar maneras de impedirle a las mujeres acceder a la interrupción voluntaria del embarazo o a que las personas reciban una muerte digna cuando lo deseen. Eso sí sería buscar proteger la salud pública de los colombianos. La fallida acción popular fue solo demagogia.

Defender la salud significa rechazar las inequidades y exigir condiciones de vida dignas y la protección de los derechos humanos de todas las personas, pero especialmente de quienes históricamente han sido y siguen siendo vulnerados, como los integrantes de los pueblos indígenas, afro y campesinas. Ahora que la minga regresa a sus territorios, será obligación del gobierno que los rechazó y los hizo desplazarse hasta Bogotá, hacer todo el seguimiento posible del estado de salud de sus integrantes para que el covid-19 no se convierta en un riesgo para sus poblaciones.

*Investigador de Dejusticia y de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes. Twitter: @harimetsu

Defender la salud significa rechazar las inequidades y exigir condiciones de vida dignas.

Tres senadores del Centro Democrático presentaron una acción popular para atacar a la minga social y comunitaria del suroccidente colombiano que esta semana llegó a Bogotá y que tuvo que llegar hasta la capital luego de que el presidente Duque rechazara reunirse con ella en Cali. Los demandantes señalaban que la presencia de los indígenas en la ciudad podría poner en riesgo la salud pública de los bogotanos al ser un potencial foco de contagio de covid-19. En buena hora el Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la petición de los congresistas uribistas y protegió el derecho a la protesta de los pueblos y comunidades indígenas, afro y campesinas.

Es cierto que este tipo de manifestaciones representa un mayor riesgo de contagio, pero es un riesgo mitigable que además es mayor para los integrantes de la minga que para los ciudadanos de Bogotá. Tanta es la necesidad de ser escuchados que se ven obligados a viajar hasta la Plaza de Bolívar en medio de una pandemia. No haberlos escuchado en Cali es el verdadero problema. Los republicanos en los Estados Unidos también sugerían que las manifestaciones por el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía constituían un riesgo para la salud pública y por tanto debían reprimirse y prohibirse. La evidencia hasta ahora señala que estas protestas no generaron un impacto significativo en los casos de covid-19 en las más de 200 ciudades en donde se presentaron movilizaciones. Las marchas al aire libre, el uso de tapabocas y el lavado de manos contribuyen a que la protesta pacífica pueda ser ejercida con seguridad sanitaria incluso en una pandemia.

Distintos medios de comunicación hablan de 4.000 a 7.000 personas de la minga que ingresaron a Bogotá. Tomando el extremo mayor de dicha cifra, este grupo equivale al 0.003% de los usuarios de la Ciclovía de Bogotá cada domingo (la cual tuvo 1.9 millones de participantes en promedio en el mes de septiembre). Tan solo el primer domingo de octubre, 5.300 personas visitaron Monserrate y 680.000 personas disfrutaron de los diferentes parques de la ciudad. Que lleguen a la ciudad 7.000 personas no es un aumento significativo en la población. Tan solo el fin de semana entre el 9 y 12 de octubre ingresaron a la ciudad unos 890.000 vehículos de distintas partes del país. Las terminales de transporte movilizaron a 192.000 pasajeros. ¿Por qué tendríamos que impedirle a la minga y a un grupo de ciudadanos convocarse en las calles? La movilización social no representa el riesgo colosal de salud pública que ciertos congresistas y sectores quieren venderle a la ciudadanía. No caigamos en el juego por la estigmatización de la protesta social.

Sugerir que la llegada de la minga durante una pandemia representó un riesgo tan grande para la salud pública de la capital como para restringirles su derecho a la protesta es francamente insultante con la historia de los pueblos indígena, afro y campesino. En su demanda, los congresistas del Centro Democrático manifestaron de paso su preocupación por los monumentos de personajes del periodo colonial que podrían estar en riesgo por la presencia de la minga en la ciudad. Lo paradójico es que la violencia y enfermedades como la viruela, el sarampión y la influenza, que llegaron con la colonización europea, acabaron con el 90% de la población indígena del continente, lo equivalente a 56 millones de vidas entre 1492 y 1600. Mataron a tantas personas que, por un periodo de tiempo, la tierra se enfrió en parte por la reducción del impacto de los seres humanos. Por proteger  unas estatuas, acusan descaradamente a los indígenas de traer a la capital un problema de salud. En fin, la hipocresía.

Si alguien debe utilizar acciones judiciales para proteger su derecho fundamental a la salud pública son las comunidades indígenas, afro y campesinas, especialmente contra un Gobierno que se empeña en pasar aviones por sus comunidades rociándoles un herbicida probablemente cancerígeno, en contra de su voluntad. Ellos son quienes tienen la autoridad moral para acudir a los estrados judiciales y exigir que se detenga la deforestación criminal que pone en riesgo su vida, el acceso al agua y a alimentos, y que los hace víctimas de los impactos del cambio climático. Son ellos los que tienen una causa legítima para exigirle a los políticos que cumplan con el Acuerdo de Paz para que la violencia producto del conflicto armado deje de ser una de sus principales causas de muerte o para que sus ríos y sus peces no se contaminen de mercurio por la minería ilegal.

Si los congresistas demandantes están tan interesados en la defensa de la salud pública, bien podrían empezar por dejar de insistir en la exposición forzada al glifosato, en proteger el proceso de paz para reducir la violencia en nuestro país, hoy la primera causa de muerte en menores de 30 años. Podrían dejar de oponerse al impuesto a las bebidas azucaradas o al aumento al impuesto al tabaco que tanto contribuyen a la obesidad, a la diabetes, a las enfermedades del corazón y al cáncer. Podrían dejar de buscar maneras de impedirle a las mujeres acceder a la interrupción voluntaria del embarazo o a que las personas reciban una muerte digna cuando lo deseen. Eso sí sería buscar proteger la salud pública de los colombianos. La fallida acción popular fue solo demagogia.

Defender la salud significa rechazar las inequidades y exigir condiciones de vida dignas y la protección de los derechos humanos de todas las personas, pero especialmente de quienes históricamente han sido y siguen siendo vulnerados, como los integrantes de los pueblos indígenas, afro y campesinas. Ahora que la minga regresa a sus territorios, será obligación del gobierno que los rechazó y los hizo desplazarse hasta Bogotá, hacer todo el seguimiento posible del estado de salud de sus integrantes para que el covid-19 no se convierta en un riesgo para sus poblaciones.

*Investigador de Dejusticia y de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes. Twitter: @harimetsu