Patentes, ciencia e inequidad: el largo camino para acceder a tratamientos para el COVID-19

El cantante Miguel Bosé no debe ser muy popular entre las nuevas generaciones. Sus éxitos hace rato dejaron de ocupar un lugar importante en las emisoras en español. En redes sociales, sin embargo, es mucho más activo. En Twitter, donde tiene más de 3 millones de seguidores, trina con frecuencia sobre causas sociales y arte. Desde que empezó la pandemia también publica opiniones sobre ciencia y salud, aunque cualquiera podría confundir su cuenta con un robot que replica fake news. Uno de sus últimos trinos fue el hazmerreír de muchos usuarios: a sus ojos, los intentos de la Alianza de Vacunas (GAVI) por producir una vacuna para el COVID-19, es solo un excusa de Bill Gates (uno de sus principales donantes) para controlar el mundo. Suena completamente descabellado, pero más de 18 mil personas retuitearon el delirio de Bosé. (Lea Coronavirus, murciélagos y una conspiración perfecta)

Hablar de los tratamientos para el coronavirus SARS-CoV-2 se ha convertido en un asunto muy complejo. Las cadenas de Whatsapp y el exceso de información que se publica tanto revistas científicas como en periódicos, ha dificultado la tarea de filtrar lo que es cierto y lo que es falso. Pero detrás de ese océano, tal vez, hay una preocupación genuina: ¿Cuándo habrá un tratamiento o una vacuna que nos permita regresar a la normalidad?

Contestar ese interrogante es imposible. Hoy hay en marcha más de 135 proyectos para desarrollar un vacuna. La mayoría están en las fases iniciales del largo proceso que se requiere para comprobar que esos medicamentos sean eficaces y seguros. Hasta que alguna propuesta no supere la fase tres, en la que es suministrada a miles de pacientes y se compara su efecto con el de un placebo, hablar de una vacuna es pararse en el terreno de la especulación.

Lo mismo sucede con los posibles tratamientos. Hasta que no haya conclusiones de los ensayos clínicos aleatorizados, el mejor camino que ha encontrado la ciencia para comprobar la efectividad de nuevos fármacos, es poco responsable hablar de medicinas para tratar el COVID-19.

En medio de esa incertidumbre, hay otras dudas que muestran un escenario complejo. ¿Qué tan fácil será para las naciones de pocos recursos como Colombia acceder a una vacuna o a una medicina para el coronavirus cuando esté disponible? ¿Cómo colarse en la lista de países que tendrán prioridad a la hora de recibir estos medicamentos?

Desde que empezó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha repetido que se deben superar muchos desafíos para que, cuando haya un fármaco eficaz, los países de menos recursos no se encuentren con barreras de acceso. Hace unos días, gracias al liderazgo de Costa Rica, lanzó un fondo global con el que espera evadir los usuales obstáculos. El “COVID-19 Technology Access Pool” o C-TAP, fue como lo llamaron con la esperanza de que muchos gobiernos e instituciones públicas y privadas se unan de manera voluntaria.

"La solidaridad global y la colaboración son esenciales para superar COVID-19. Basada en una ciencia sólida y una colaboración abierta, esta plataforma de intercambio de información ayudará a proporcionar un acceso equitativo a las tecnologías que salvan vidas en todo el mundo", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

“La pandemia ataca de la misma manera en cada país, independientemente de si tiene los recursos o no. Ataca a personas de todo el mundo. Solo con el multilateralismo, con ese tipo de liderazgo, podemos vencer al coronavirus; no con el nacionalismo ni siendo egoístas. Es tiempo de solidaridad”, replicó, por su parte, Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica en el lanzamiento de la iniciativa.

La idea es que quienes hagan parte de ese “fondo” se comprometan, entre otras cosas, a compartir datos y conocimiento científico de manera transparente. También que, en vista de la compleja situación que ha desencadenado la pandemia, asuman una posición flexible frente los derechos sobre la patente, algo que no suele ser muy usual en la industria farmacéutica. Después de todo, esa es su garantía para explotar comercialmente sus productos por 20 años.

Hasta el momento el grupo lo conforma un poco más de 30 países. Hay varios de América Latina. Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Honduras, El Salvador, Perú y México, entre otros. Colombia aún no hace parte de la lista. ¿La razón? Le preguntamos al Ministerio de Salud pero, pese a la insistencia, fue imposible obtener una respuesta.

Para Carlos María Correa es crucial que un país como el nuestro se sume a esas iniciativas y demuestre, en bloque con otras naciones, una voz más fuerte para que una posible vacuna o un tratamiento sean considerados como un bien público global. “Tiene que ser mucho más activo internacionalmente. Tiene que haber más activismo de estos países para que no tengan barreras de acceso en el futuro”, dice desde Ginebra, Suiza, este abogado y economista argentino que hoy está al frente del South Centre, una entidad intergubernamental que asesora a los países en desarrollo en temas de propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos.

Hay dos razones por las que Correa, que hizo parte de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la OMS cree que países como Colombia deberían inquietarse y asumir un papel más protagónico en esta discusión. La primera es porque es muy posible que la producción inicial de vacunas sea destinado a los países desarrollados (los principales financiadores). “No hay ninguna empresa capaz de producir las millones de dosis que se necesitan y la capacidad de producir vacunas es, además, muy fragmentada. Y pese a que no hay ninguna hasta el momento, Europa, por ejemplo, ya planificó una compra anticipada”, explica.

En otras palabras, fabricar más de 6 mil millones de dosis para toda población parece un desafío muy complejo de lograr en poco tiempo. Ni siquiera la producción de viales, los frasquitos de cristal donde son depositadas las vacunas, sería suficiente. El stock actual, le dijo a la BBC John Bell, profesor Medicina de la Universidad de Oxford, es de solo unas 200 millones de unidades. Varios grupos en busca de la cura para el COVID-19 se quedaron con otra buena cantidad.

El otro punto le preocupa a Correa tiene que ver, justamente, con la posibilidad de que las compañías titulares de esos tratamientos compartan su desarrollo. “Hasta el momento la industria farmacéutica internacional no ha participado de ese llamado de solidaridad de la OMS. El panorama, entonces, por ahora, no es nada alentador”, advierte Correa.

“Lo más probable es que gran parte de la información para reproducir tecnologías necesarias para enfrentar la pandemia sea secreta”, señalaba, por su parte, el proyecto DIME en su página web, una iniciativa conformada por ocho países de América Latina para promover el acceso de medicamentos y la eficiencia en el uso de los recursos públicos de salud.

Justamente, la OMS le pidió a la industria en un “Llamado solidario a la acción” (Solidarity Call to Action), otorgar de manera voluntaria esos derechos al Fondo de Patentes de Medicamentos (The Medicines Patent Pool) de la ONU, una especie de organización que promueve el acceso a fármacos y ha hecho posible que miles de pacientes con VIH, hepatitis C o Tuberculosis hoy tengan tratamiento.

Charles Gore, su director, condensó este enorme desafío en una frase hace poco: “Es fundamental sentar las bases para el acceso mientras estos tratamientos y vacunas aún se están desarrollando, de modo que tan pronto como estén disponibles, podamos garantizar rápidamente el acceso para todos, en todas partes".

Revivir una vieja discusión en Colombia

Entre las alternativas que suelen barajarse para promover el acceso a un medicamento hay una que suele generar discusiones muy intensas: la posibilidad de que un país use una “licencia obligatoria”, una figura que permite que los laboratorios dueños de una patente dejen de tener el derecho exclusivo para explotar un fármaco comercialmente. La idea es permitir su fabricación a más compañías bajo la premisa de que es un bien de “interés público”.

Colombia ya tiene cierta experiencia en ese extenuante proceso. En 2016, cuando Juan Manuel Santos era presidente y Alejandro Gaviria ministro de Salud, el país intentó otorgar una de esas licencias para el Imatinib (Glivec), clave para tratar algunos tipos de cáncer. Tras años de pujas y tensiones no se concretó, pero motivó muchas presiones de embajadas y compañías extranjeras. Como cuenta Oscar Lizarazo, profesor de la facultad de Derecho de la U. Nacional y experto en temas de propiedad intelectual, eso demostró que es un proceso que en el país es muy complejo, tarda mucho y debería ser reformado. El problema, dice, es “que no hay voluntad política para llevarlo a cabo”.

Hace varias semanas, incluso, un grupo liderado por algunos congresistas, académicos, industriales y representantes de la sociedad civil, le pidieron al Ministerio de Salud que considerara esa posibilidad. En su respuesta, del 15 de mayo, el ministro Fernando Ruiz no era claro si lo haría, pero aseguró que ya un decreto lo había facultado para declarar como de “interés público” algunos medicamentos. Fue un punto que tumbó hace una semana la Corte Constitucional. ¿Ha contemplado esa cartera, desde entonces, otorgar ese tipo de licencias? ¿Está en sus planes? Tampoco recibimos respuesta.

En este punto la otra pregunta es si, en el hipotético caso de que haya una vacuna y se permita su fabricación, la industria colombiana estaría en capacidad de producirla. José Luis Méndez, presidente de Asinfar, la asociación que reúne a los laboratorios nacionales, es franco: “Puede haber pequeñas líneas en algunas universidades, pero la respuesta es no; no se pueden producir a un nivel industrial”.

En ese escenario, dice Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la U. Nacional, en el que la gran preocupación no son los precios sino la capacidad de producción, el otro camino es que el Gobierno colombiano haga negociaciones con las casas farmacéuticas que están al frente de los proyectos de tratamientos y vacunas para COVID-19. Es algo que en un panorama de incertidumbre aún no parece nada fácil. “También es clave que haya una postura oficial frente a la iniciativa de la OMS”, reitera.

Hay varios actores que ya han preferido adelantar negociaciones, aún sin tener suficiente certeza de los resultados que arroje la ciencia. La multinacional Gilead fue uno ellos. Dueña de la patente de remdesivir, uno de los medicamentos que más popularidad ha cobrado en la pandemia, la compañía ya firmó acuerdos de licencia voluntaria con cinco productores de medicinas genéricas en India y Pakistán para que, en caso de que funcione para tratar el COVID-19, lo distribuyan a 127 países. Su costo aún se desconoce, pero según su página web, serán licencias libres de regalías hasta que la OMS declare el fin de la emergencia de salud pública. Colombia tampoco está en esa lista de naciones.

El cantante Miguel Bosé no debe ser muy popular entre las nuevas generaciones. Sus éxitos hace rato dejaron de ocupar un lugar importante en las emisoras en español. En redes sociales, sin embargo, es mucho más activo. En Twitter, donde tiene más de 3 millones de seguidores, trina con frecuencia sobre causas sociales y arte. Desde que empezó la pandemia también publica opiniones sobre ciencia y salud, aunque cualquiera podría confundir su cuenta con un robot que replica fake news. Uno de sus últimos trinos fue el hazmerreír de muchos usuarios: a sus ojos, los intentos de la Alianza de Vacunas (GAVI) por producir una vacuna para el COVID-19, es solo un excusa de Bill Gates (uno de sus principales donantes) para controlar el mundo. Suena completamente descabellado, pero más de 18 mil personas retuitearon el delirio de Bosé. (Lea Coronavirus, murciélagos y una conspiración perfecta)

Hablar de los tratamientos para el coronavirus SARS-CoV-2 se ha convertido en un asunto muy complejo. Las cadenas de Whatsapp y el exceso de información que se publica tanto revistas científicas como en periódicos, ha dificultado la tarea de filtrar lo que es cierto y lo que es falso. Pero detrás de ese océano, tal vez, hay una preocupación genuina: ¿Cuándo habrá un tratamiento o una vacuna que nos permita regresar a la normalidad?

Contestar ese interrogante es imposible. Hoy hay en marcha más de 135 proyectos para desarrollar un vacuna. La mayoría están en las fases iniciales del largo proceso que se requiere para comprobar que esos medicamentos sean eficaces y seguros. Hasta que alguna propuesta no supere la fase tres, en la que es suministrada a miles de pacientes y se compara su efecto con el de un placebo, hablar de una vacuna es pararse en el terreno de la especulación.

Lo mismo sucede con los posibles tratamientos. Hasta que no haya conclusiones de los ensayos clínicos aleatorizados, el mejor camino que ha encontrado la ciencia para comprobar la efectividad de nuevos fármacos, es poco responsable hablar de medicinas para tratar el COVID-19.

En medio de esa incertidumbre, hay otras dudas que muestran un escenario complejo. ¿Qué tan fácil será para las naciones de pocos recursos como Colombia acceder a una vacuna o a una medicina para el coronavirus cuando esté disponible? ¿Cómo colarse en la lista de países que tendrán prioridad a la hora de recibir estos medicamentos?

Desde que empezó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha repetido que se deben superar muchos desafíos para que, cuando haya un fármaco eficaz, los países de menos recursos no se encuentren con barreras de acceso. Hace unos días, gracias al liderazgo de Costa Rica, lanzó un fondo global con el que espera evadir los usuales obstáculos. El “COVID-19 Technology Access Pool” o C-TAP, fue como lo llamaron con la esperanza de que muchos gobiernos e instituciones públicas y privadas se unan de manera voluntaria.

"La solidaridad global y la colaboración son esenciales para superar COVID-19. Basada en una ciencia sólida y una colaboración abierta, esta plataforma de intercambio de información ayudará a proporcionar un acceso equitativo a las tecnologías que salvan vidas en todo el mundo", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

“La pandemia ataca de la misma manera en cada país, independientemente de si tiene los recursos o no. Ataca a personas de todo el mundo. Solo con el multilateralismo, con ese tipo de liderazgo, podemos vencer al coronavirus; no con el nacionalismo ni siendo egoístas. Es tiempo de solidaridad”, replicó, por su parte, Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica en el lanzamiento de la iniciativa.

La idea es que quienes hagan parte de ese “fondo” se comprometan, entre otras cosas, a compartir datos y conocimiento científico de manera transparente. También que, en vista de la compleja situación que ha desencadenado la pandemia, asuman una posición flexible frente los derechos sobre la patente, algo que no suele ser muy usual en la industria farmacéutica. Después de todo, esa es su garantía para explotar comercialmente sus productos por 20 años.

Hasta el momento el grupo lo conforma un poco más de 30 países. Hay varios de América Latina. Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Honduras, El Salvador, Perú y México, entre otros. Colombia aún no hace parte de la lista. ¿La razón? Le preguntamos al Ministerio de Salud pero, pese a la insistencia, fue imposible obtener una respuesta.

Para Carlos María Correa es crucial que un país como el nuestro se sume a esas iniciativas y demuestre, en bloque con otras naciones, una voz más fuerte para que una posible vacuna o un tratamiento sean considerados como un bien público global. “Tiene que ser mucho más activo internacionalmente. Tiene que haber más activismo de estos países para que no tengan barreras de acceso en el futuro”, dice desde Ginebra, Suiza, este abogado y economista argentino que hoy está al frente del South Centre, una entidad intergubernamental que asesora a los países en desarrollo en temas de propiedad intelectual, salud pública y acceso a medicamentos.

Hay dos razones por las que Correa, que hizo parte de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la OMS cree que países como Colombia deberían inquietarse y asumir un papel más protagónico en esta discusión. La primera es porque es muy posible que la producción inicial de vacunas sea destinado a los países desarrollados (los principales financiadores). “No hay ninguna empresa capaz de producir las millones de dosis que se necesitan y la capacidad de producir vacunas es, además, muy fragmentada. Y pese a que no hay ninguna hasta el momento, Europa, por ejemplo, ya planificó una compra anticipada”, explica.

En otras palabras, fabricar más de 6 mil millones de dosis para toda población parece un desafío muy complejo de lograr en poco tiempo. Ni siquiera la producción de viales, los frasquitos de cristal donde son depositadas las vacunas, sería suficiente. El stock actual, le dijo a la BBC John Bell, profesor Medicina de la Universidad de Oxford, es de solo unas 200 millones de unidades. Varios grupos en busca de la cura para el COVID-19 se quedaron con otra buena cantidad.

El otro punto le preocupa a Correa tiene que ver, justamente, con la posibilidad de que las compañías titulares de esos tratamientos compartan su desarrollo. “Hasta el momento la industria farmacéutica internacional no ha participado de ese llamado de solidaridad de la OMS. El panorama, entonces, por ahora, no es nada alentador”, advierte Correa.

“Lo más probable es que gran parte de la información para reproducir tecnologías necesarias para enfrentar la pandemia sea secreta”, señalaba, por su parte, el proyecto DIME en su página web, una iniciativa conformada por ocho países de América Latina para promover el acceso de medicamentos y la eficiencia en el uso de los recursos públicos de salud.

Justamente, la OMS le pidió a la industria en un “Llamado solidario a la acción” (Solidarity Call to Action), otorgar de manera voluntaria esos derechos al Fondo de Patentes de Medicamentos (The Medicines Patent Pool) de la ONU, una especie de organización que promueve el acceso a fármacos y ha hecho posible que miles de pacientes con VIH, hepatitis C o Tuberculosis hoy tengan tratamiento.

Charles Gore, su director, condensó este enorme desafío en una frase hace poco: “Es fundamental sentar las bases para el acceso mientras estos tratamientos y vacunas aún se están desarrollando, de modo que tan pronto como estén disponibles, podamos garantizar rápidamente el acceso para todos, en todas partes".

Revivir una vieja discusión en Colombia

Entre las alternativas que suelen barajarse para promover el acceso a un medicamento hay una que suele generar discusiones muy intensas: la posibilidad de que un país use una “licencia obligatoria”, una figura que permite que los laboratorios dueños de una patente dejen de tener el derecho exclusivo para explotar un fármaco comercialmente. La idea es permitir su fabricación a más compañías bajo la premisa de que es un bien de “interés público”.

Colombia ya tiene cierta experiencia en ese extenuante proceso. En 2016, cuando Juan Manuel Santos era presidente y Alejandro Gaviria ministro de Salud, el país intentó otorgar una de esas licencias para el Imatinib (Glivec), clave para tratar algunos tipos de cáncer. Tras años de pujas y tensiones no se concretó, pero motivó muchas presiones de embajadas y compañías extranjeras. Como cuenta Oscar Lizarazo, profesor de la facultad de Derecho de la U. Nacional y experto en temas de propiedad intelectual, eso demostró que es un proceso que en el país es muy complejo, tarda mucho y debería ser reformado. El problema, dice, es “que no hay voluntad política para llevarlo a cabo”.

Hace varias semanas, incluso, un grupo liderado por algunos congresistas, académicos, industriales y representantes de la sociedad civil, le pidieron al Ministerio de Salud que considerara esa posibilidad. En su respuesta, del 15 de mayo, el ministro Fernando Ruiz no era claro si lo haría, pero aseguró que ya un decreto lo había facultado para declarar como de “interés público” algunos medicamentos. Fue un punto que tumbó hace una semana la Corte Constitucional. ¿Ha contemplado esa cartera, desde entonces, otorgar ese tipo de licencias? ¿Está en sus planes? Tampoco recibimos respuesta.

En este punto la otra pregunta es si, en el hipotético caso de que haya una vacuna y se permita su fabricación, la industria colombiana estaría en capacidad de producirla. José Luis Méndez, presidente de Asinfar, la asociación que reúne a los laboratorios nacionales, es franco: “Puede haber pequeñas líneas en algunas universidades, pero la respuesta es no; no se pueden producir a un nivel industrial”.

En ese escenario, dice Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la U. Nacional, en el que la gran preocupación no son los precios sino la capacidad de producción, el otro camino es que el Gobierno colombiano haga negociaciones con las casas farmacéuticas que están al frente de los proyectos de tratamientos y vacunas para COVID-19. Es algo que en un panorama de incertidumbre aún no parece nada fácil. “También es clave que haya una postura oficial frente a la iniciativa de la OMS”, reitera.

Hay varios actores que ya han preferido adelantar negociaciones, aún sin tener suficiente certeza de los resultados que arroje la ciencia. La multinacional Gilead fue uno ellos. Dueña de la patente de remdesivir, uno de los medicamentos que más popularidad ha cobrado en la pandemia, la compañía ya firmó acuerdos de licencia voluntaria con cinco productores de medicinas genéricas en India y Pakistán para que, en caso de que funcione para tratar el COVID-19, lo distribuyan a 127 países. Su costo aún se desconoce, pero según su página web, serán licencias libres de regalías hasta que la OMS declare el fin de la emergencia de salud pública. Colombia tampoco está en esa lista de naciones.