Ocupación y poblamiento

Conflicto Armado

Conflicto de tierras

EL DESPOJO A LAS COMUNIDADES NEGRAS

Viaje al corazón del bajo Atrato

Los territorios colectivos de La Larga y Tumaradó y Pedeguita Mancilla, en límites entre Chocó y Antioquia, perdieron más de la mitad de sus territorios  en la guerra. Hoy un grupo de empresarios las explotan con ganado, palma, banano o extracción de madera, mientras los pobladores luchan por sobrevivir entre la pobreza y la violencia.

OCUPACIÓN

El Bajo Atrato se extiende desde el Urabá chocoano y antioqueño hasta la desembocadura del río León.  Inicialmente sus tierras fueron pobladas por esclavos liberados y cimarrones a principios del siglo XIX. Luego llegó gente procedente de las minas y haciendas del alto Baudó o de Antioquia. Después aparecieron colonos de Córdoba y Sucre junto a comerciantes paisas y vallecaucanos.

A finales del siglo XIX, en busca  de productos como la tagua, el caucho o la raicilla, que se habían valorizado en Europa, varios hacendados de Cartagena pusieron sus ojos en las selvas chocoanas. Para desarrollar proyectos agroindustriales alrededor de estos recursos naturales, llegaron a la región decenas de familias de las sabanas de Bolívar u otras zonas de la costa Caribe.

En 1919 se creó en el Bajo Atrato el ingenio azucarero de Sautatá, lo que provocó una nueva oleada de campesinos del interior del país. El complejo llegó a tener línea férrea, capilla, escuela e inspección de policía. A este proyecto siguieron otros similares que sumaron el número de campesinos sin tierra y obreros agrícolas en busca de sustento económico para sus familias.

Hacia los años 50 y 60 ya se advertían los primeros  conflictos por la tierra. Las haciendas crecieron, el ganado se multiplicó y el cultivo de banano se convirtió en eje de la economía regional dominada por los foráneos. Entre tanto, las comunidades negras y mestizas quedaron abandonadas por el Estado e inmersas en la pobreza.  Viviendo al destajo o con deudas, pronto vieron aparecer a los grupos armados.

Inicialmente llegó el Eln. Después lo hizo el Epl y más tarde las Farc. A finales de los años 70, en la región del Bajo Atrato ya existía una creciente presencia de la guerrilla, que rápidamente entró en conflicto con los nuevos dueños de la tierra. Las comunidades negras quedaron en medio de la confrontación, sin advertir que tiempo después llegaría otro coloso de la guerra: el paramilitarismo.

MAPA DEL TERRITORIO

CONFLICTO

No muy lejos del Bajo Atrato, en la próspera región de Urabá, sucedió algo semejante. La producción bananera se impuso y se multiplicó la migración de campesinos sin tierra. En ese contexto, las poblaciones de Chigorodó y Apartadó  se convirtieron en epicentro social de la región. Con salarios bajos y pesados horarios de trabajo para las comunidades negras y campesinas, el descontento social fue creciendo.

Además, a través de la constitución de cooperativas de provisión de bienes y servicios, los empresarios encontraron la fórmula para controlar, pagar en especie o endeudar a los asalariados. Este mecanismo fue el caldo de cultivo para que el sindicalismo obrara como una fuerza organizada de choque. La gente se aglutinó para defender sus intereses y comenzaron los enfrentamientos entre propietarios y desheredados.

En este panorama de conflicto hizo irrupción la guerrilla. Las versiones coinciden en que hacia 1966 aparecieron los primeros grupos. Desde el oriente, a través de las montañas de Córdoba, llegaron el ELN y el EPL, que  ganaron apoyo entre la población asalariada. Las FARC se sumaron hacia 1969. El abandono del Estado, los abusos de los empresarios y las peleas entre hacendados y obreros favorecieron la extensión de la insurgencia.

La subversión ganó algún respaldo en las juntas de acción comunal o los sindicatos, y para los años 80 ya tenía como ejercer control en la zona. Entonces aplicó su fórmula predilecta para financiarse con la riqueza de la región: la extorsión y el secuestro. Como era obvio, las víctimas de su acción fueron los hacendados y los empresarios. Antes que la protección del Estado, su reacción fue apoyar la creación de grupos de seguridad privada.

La toma de Riosucio en 1996 y a la Operación Génesis en 1997, son las principales acciones en que se observa la colaboración  entre las AUC y el Ejército.

Inversiones Jesús Correa tiene una plantación de 200 hectáreas en La Larga-Tumaradó.

Más de 6.500 campesinos de cerca de 60 comunidades que vivían en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó, Quiparadó, Domingodó, Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla, La larga y Tumaradó

En el fuego cruzado, rápidamente llegaron los asesinatos selectivos de líderes sociales y las masacres. Para finales de los años 80 y principios de los 90, la región de Urabá ya era un campo de guerra. Aunque el EPL se desmovilizó en 1991 y el Eln disminuyó su presencia, las Farc hicieron de la zona uno de sus principales escenarios geográficos de expansión armada. Pronto el Bloque José María Córdoba se volvió referente de dominio guerrillero.

El paramilitarismo no se quedó atrás y primero a través de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, tomó forma el proyecto de la casa Castaño.  Luego nació el Bloque Bananero, liderado por Raúl Hasbún alias “Pedro Bonito”, y también el bloque Élmer Cárdenas, comandado por Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán”,  mano derecha de Carlos Castaño. Desde Urabá, las autodefensas se fueron expandiendo hacia las tierras del Chocó.

Entre masacres y asesinatos, para mediados de los años 90 la región se transformó en una zona de indefensión civil. Los derechos humanos fueron arrasados y el Derecho Internacional Humanitario desconocido abiertamente. Entonces sobrevino la alianza que terminó por agravar el horizonte. Unidades de la fuerza pública hicieron causa común con las autodefensas y el desplazamiento de las comunidades negras y campesinas.

Tres acciones contrainsurgentes marcaron esta alianza: la ocupación paramilitar de Riosucio (Chocó) que desató una enorme oleada de desplazados en 1996; la Operación Génesis en 1997 que dejó en evidencia el apoyo del comandante de la XVI Brigada, general Rito Alejo del Río, hoy condenado por la justicia; y la masacre de Mapiripán (Meta) en julio del mismo año, que empezó con un avión lleno de paramilitares que decoló en Urabá con la coordinación del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo.

Desde ese momento la guerra se expandió por el Atrato con graves consecuencias: el desplazamiento de más de 6.500 campesinos de 60 comunidades que habitaban en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó, Quiparadó, Domingodó, Curbaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla y La Larga y Tumaradó, así como afluentes de la cuenca baja del río Atrato. La tragedia social que vivió el Chocó aún está por reconstruirse.

20.000 cabezas de ganado hay La Larga- Tumaradó.

15.000 hectáreas La hacienda la Borinque.

La consolidación del proyecto paramilitar convirtió el río Atrato en una arteria de economía ilegal, agravada por la cooptación de políticos y empresarios. A partir del año 2002, se puso en marcha una ofensiva adicional para hacerse al control de las cuencas baja y media.  Un operativo del Bloque Elmer Cárdenas denominado “Operación Tormenta del Atrato”, que tuvo su momento más dramático en la masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002. Aunque la masacre fue causada por las FARC al atacar con cilindros bomba la iglesia donde se refugió la población negra, el hecho quedó enmarcado en medio de una batalla con los paramilitares. Murieron más de 100 personas, entre hombres, mujeres, adultos mayores y niños.

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe se promovió un proceso de paz con los paramilitares que, para el año 2006, propició la desmovilización del bloque Elmer Cárdenas.  Desde ese mismo momento se inició en la región del Atrato una nueva lucha territorial. Las guerrillas iniciaron la ocupación de territorios dejados por los paramilitares y algunos de los recién desmovilizados, sobre todo cuando el proceso de paz entró en crisis, se reencaucharon en bandas criminales con el mismo “modus operandi” de las autodefensas, consolidando poderes de facto para ejercer control social y político en las comunidades.

TIERRAS

Los rastros de la guerra entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública se siguen viendo en los territorios colectivos de las comunidades negras, afectados por el despojo de sus tierras.  A pesar de que desde el año 2000 se inició un proceso de titulación colectiva que otorgó legamente a la gente de la región las cuencas de La Larga y Tumaradó y Pedeguita Mancilla, dos territorios colectivos que suman más de 150.000 hectáreas entre los municipios de Turbo y Mutata (Antioquia) y Riosucio (Chocó), no ha sido posible que las comunidades negras accedan a las tierras que les pertenecen.

De alguna manera, la titulación de esos territorios colectivos se presentó en momentos en que se daban desplazamientos y masacres. Es decir,  la consolidación del proyecto paramilitar coincidió con el otorgamiento de los títulos colectivos de La Larga y Tumaradó y Pedeguita Mancilla en noviembre de 2000. Por eso se dio un intenso movimiento de tierras en el mercado inmobiliario. El papel de registradores y notarios en el despojo de tierras chocoanas aún está por reconstruirse. En la región se hizo tristemente célebre la frase de “si no me vende la tierra le compro a la viuda”. Esa frase retumba en la memoria de las comunidades del bajo Atrato. Un engranaje entre conflicto armado y despojo de tierras que tuvo nombre propio: Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, quien legalizó compras de tierras y repoblamiento de terrenos.

La Larga- Tumaradó

Pedeguita Mancilla

  • 1920 - 1979:

    Periodo de llegada de primeros pobladores y nacimiento de comunidades más antiguas: Pedeguita, Nueva Luz, Campo Alegre y Florida.

    Llegan las primeras familias procedentes del alto Chocó, Córdoba y Antioquia.

  • 1964:

    Comienzan las actividades extractivas: Maderas del Atrato.

  • 1978 - 1988:

    Primeras titulaciones individuales por parte de Incora.

    Conformación primeras juntas de acción comunal JAC.

  • 1980:

    Un terremoto cambió el cause del río Riosucio.

  • 1982:

    Presencia y control territorial por parte de grupos guerrilleros: Farc (Quinto frente, frente 34, frente 57), Eln, Epl.

  • 1985 - 1995:

    Desplazamientos forzados selectivos.

    Presencia y control territorial por parte de grupos guerrilleros: FARC (5to Frente, Frente 34, Frente 57) - ELN – EPL.

    1985 – 1995: Desplazamientos forzados selectivos.

    1990 – 1995: Presiones y asesinatos selectivos. Presunta autoría de las guerrillas

  • 1990 - 1995:

    Presiones y asesinatos selectivos. Presunta autoría de las guerrillas.

  • 1992:

    Entre 1995 y 1997 tiene lugar la incursión paramilitar en la incursión paramilitar: Accu - Auc (Bloque Elmer Cárdenas y bloque Bananero).

    1992 -1997 : Extracción de Maderas por parte de Maderas del Darién.

  • 1995-1997

    Incursión paramilitar en el territorio: ACCU – AUC (Bloque Elmer Cárdenas y Bloque Bananero).

  • 1996:

    Actividades extractivas: pensionados de Maderas del Darién.

    Entre 1996 y 1998 tiene lugar el período más álgido de violencia en el territorio. Se configura un fenómeno masivo de desplazamiento forzado y graves violaciones de DD.HH. e infracciones al DIH.

    Establecieron fronteras invisibles.

    (Diciembre) Toma de Riosucio.

    Diciembre 1996 :Toma de Riosucio.

  • 1996 - 2002:

    Confinamiento (Restricciones alimentarias y a la movilidad).

    1996-1998: Periodo de recrudecimiento de la violencia. Desplazamiento forzado que afecta prácticamente a la totalidad de los territorios.

    1997-2002: Compras masivas de tierras.

  • 1997:

    Compras masivas de tierra (Materialización del despojo).

    (Febrero) Operación Génesis.

    Febrero 1997: Operación Génesis.

  • 1999:

    Primer retorno de la comunidad de Pedeguita y solicitud de titulación colectiva.

  • 2000:

    Titulación colectiva

    Titulación colectiva.

  • 2000 – 2014:

    Llegada de nuevas familias fenómeno que se manifiesta en comunidades como Cuchillo Blanco, Villa Nueva, La Pala, La Punta, Puerto Cesar, Las Lomitas. Como consecuencia del desplazamiento forzado nacen nuevas comunidades

    2001: Nueva Unión y Yarumal

    2002: Santo Domingo

  • 2002:

    Masacre de Pedeguita: El 17 de abril, miembros del bloque Élmer Cárdenas de las AUC asesinan a cinco miembros de la comunidad de Santa Cecilia, que se encontraban en condición de desplazamiento en la comunidad de Pedeguita.

    Redesplazamiento de la comunidad de Pedeguita.

  • 2002-2003:

    Construcción del Canal del 10 (25 km).

  • 2004-2006:

    Construcción de cablevía: Playa Roja Bijao Onofre, Nueva Unión.

    2006: Desmovilización grupos paramilitares.

  • 2004-2012:

    Desalojos comunidad Bijao Onofre

    Retornos voluntarios

  • 2005 - 2008:

    Actividades extractivas: Maderas del Darién - Pedeguita, El Abierto, Santa Cecilia, Mancilla y Caño Montería.

  • 2008:

    Desalojos en la comunidad de Bijao Onofre y re desplazamiento en Caño Manso, Bijao Onofre y Nueva Unión.

  • 2011-2014:

    Instalación zonas de biodiversidad: en Bijao Onofre y Nueva Unión

    Instalación de la zona humanitaria: en La Madre Unión

Hoy, en la Larga y Tumaradó, la ocupación de predios de las comunidades negras por parte de empresarios es del 95%. Según estudios hechos por Cinep, existen al menos nueve ocupantes de mala fe que están usufructuando los territorios. Incluso muchos empresarios y ganaderos no tienen títulos pero la explotan mediante ocupaciones de hecho.

Según el Cinep, los nueve empresarios controlan y usufructúan 55.100 hectáreas del territorio colectivo de La Larga y Tumaradó. La mayoría de ellos ya figuran en procesos judiciales. Ángel Adriano Palacios Pino, Jaime Uribe Castrillón, Oscar Moisés Mosquera Piedrahita, José Vicente Cantero, Francisco Castaño y Dorance “Wilmer” Romero, empresarios que están utilizando las tierras con tres propósitos: ganadería extensiva, que incluye búfalos; siembra de pastos, explotación de maderas finas y, en algunos casos, siembra de palma. El resultado es que en La Larga y Tumaradó la gente solo puede utilizar el 5% de su territorio.

En Pedeguita Mancilla sucede algo semejante. El título colectivo fue de casi 50.000 hectáreas, pero hoy los ocupantes de  mala fe tienen el control del 58% del territorio. La comunidad apenas explota el 13%.  De este territorio colectivo hace parte la comunidad de Santa María, considerada origen de expansión del proyecto de reforma agraria paramilitar.

Darío Montoya es uno de los empresarios de la región y según él mismo sólo tiene  300 hectáreas adquiridas legítimamente.

Dos niños saltan desde un barco maderero a las aguas del Río Atrato, en Ríosucio

Desde Apartadó hasta Riosucio los empresarios han extendido sus cultivos de plátano. De allí que el Urabá chocoano y antioqueño sea conocido como la zona bananera. Comunidad de Playa Roja, Pedeguita-Mancilla.

Riosucio es el corazón del pueblo negro. Sus casas de madera fina dan cuenta de una de las principales actividades de la región: la extracción de maderas.

Allí estableció el centro de operaciones de  la Asociación ASOPROBEBA, dirigida por Sor Teresa Gómez. Su técnica fue expandir el terror a través de masacres y asesinatos selectivos, lo que produjo desplazamiento masivo y compra de  terrenos que después fueron englobados en títulos, por conducto de  transacciones en notarias cooptadas por el paramilitarismo

Después se promovió un repoblamiento de los territorios con gente de confianza de las autodefensas. La misma instrumentalización de víctimas de desplazamiento forzado que se reprodujo en muchas otras regiones del país. En este caso puntual, personas llegadas de otras regiones del país, motivadas por Sor Teresa Gómez iniciaron un proceso de repoblamiento que hoy confronta a las familias que han sido tradicionalmente habitantes de la zona y que fueron víctimas al ser apartados de su territorio colectivo. Muchos terminaron sumados a los proyectos de ASOPROBEBA y aún se encuentran asentados en el territorio.

Con el dominio de nuevos “empresarios”, las comunidades del bajo Atrato han sufrido graves transformaciones en sus formas de vida. Los desplazamientos de las comunidades produjo el abandono paulatino de  la agricultura campesina,  de la pesca y de la cría de animales. Una situación que condujo a que se dieran cambios en el uso del suelo y transformaciones radicales sobre los cauces y cuerpos de agua. La importación de búfalos y las crecientes siembras de banano ahora requieren de la construcción de canales de agua, con la consecuente inundación de las zonas de cultivo. Los búfalos contaminan las aguas y vuelven la tierra infértil. Además, muchas de estas actividades se realizan por presuntos acuerdos de arrendamiento con los consejos comunitarios. Son negocios a largo plazo por cifras irrisorias que privan a las comunidades de sus tierras de una manera aparentemente legal, pero en el fondo  apuntan a corromper y dividir a  las comunidades.

Además se ha necesitado adecuar los pastos y utilizar grandes potreros pertenecientes a los territorios colectivos. Hoy se calcula que en la zona hay más de 20.000 cabezas de ganado, especialmente tipo cebú, brahmán y criollo. El impacto sobre la ganadería ha sido la transformación de la vocación de la tierra, la canalización, el secamiento de las ciénagas, la desviación de ríos y el agotamiento de los suelos.

En cuanto a la extracción de madera, práctica fomentada desde la década de los 60 por la sociedad Maderas del Atrato,  se advierte con más intensidad desde los años 90. La extracción forestal ha tenido dos funciones: el aprovechamiento económico de la venta de las madera fina, que se trasporta hasta las cabeceras municipales  para su venta; y la transformación del terreno a potreros, que son posteriormente utilizados para ganadería, siembra de maderables, palma y plátano

En conclusión, los territorios colectivos no son de las comunidades negras y hoy siguen ocupados irregularmente. Las consecuencias saltan a la vista: abandono de prácticas ancestrales de vida, cambios en los usos y vocaciones de la tierra y fuertes divisiones entre las comunidades. Los ríos se están secando para dar paso a canales que se utilizan para la cría de búfalos y  grandes plantaciones. La pesca se ha perdido.  La lucha por la tierra en el Atrato se mantiene, y en esta próspera región, siempre codiciada por los grupos armados, la única realidad es que los estragos de la guerra siguen intactos y continúan dejando a la gente sin tierra ni comida. Un reto que está en manos del Gobierno, que ha prometido, ley en mano, que la tierra despojada volverá a sus legítimos dueños.

Una mujer con su bebé en brazos cruza un puente de madera que conduce a la comunidad de La Línea, en Pedeguita-Mancilla.

Dos jóvenes caminan cogidos de la mano por la orilla del Río Atrato, en Ríosucio.

El despojo a las comunidades negras

CRÉDITOS

TEXTO: Alfredo Molano Jimeno

Equipo Gestión del territorio en el Pacífico,  CINEP/PPP

FOTOGRAFÍA: Óscar Pérez

DISEÑO: Ana María Muxo

-2016-