Laboratorios para el procesamiento de cocaína, extorsiones y tráfico de migrantes, son algunos de los fenómenos que han ocasionado graves problemas de seguridad en esta zona del país.

Esta subregión está integrada, en principio, por 20 poblaciones, en las que hay 874.704 habitantes: Mutatá, Turbo, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Arboletes, San Pedro y San Juan de Urabá (Antioquia), así como San José del Palmar, Juradó, Acandí, Quibdó, Bahía Solano, Istmina, Carmen del Darién, Nóvita, Unguía, Sipí, Riosucio y Nuquí (Chocó).

No obstante, hay otros 11 municipios en la zona de influencia que también se han visto afectados por la violencia. A pesar de que desde 2012 hubo una disminución en las cifras de asesinatos, a partir de 2015 se viene registrando nuevamente un incremento paulatino, al punto de que actualmente 16 municipios reportaron tasas de homicidios por encima del promedio nacional y cuatro por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes.

mapa_uraba-01 Acandí Bacrim Guerrilla Líderes asesinados Unguía Turbo San Pedro MAR CARIBE PANAMÁ OCÉANOPACÍFICO Apartadó Carepa Chigorodó Ríosucio Cármen del Darien Belén de Bajirá Juradó Bahía Solano Nuquí Bajo Baudó Istmina San Juán Novita Condoto Sipi Quibdó 5 5 3 1 2 San José del Palmar prinicpal_urabamovil Bacrim Guerrilla Líderes asesinados Acandí Unguía Turbo San Pedro Apartadó Carepa Chigorodó Ríosucio Cármen del Darien Belén de Bajirá Juradó Bahía Solano Nuquí Bajo Baudó Istmina San Juán Novita Condoto Sipi Quibdó San José del Palmar MAR CARIBE PANAMÁ OCÉANOPACÍFICO

En los últimos siete años se han registrado en esta región 2.575 homicidios, de los cuales, en promedio, el 40 % fueron en zona rural. Sin embargo, hay casos particulares como Carmen del Darién, donde todos fueron en el campo, o San José del Palmar, Unguía, Mutatá, Medio Baudó, El Carmen de Atrato o San Juan de Urabá, donde llegaron al 80 %.

A los asesinatos se suma que en los últimos dos años se han registrado 55 actos terroristas, el asesinato de 16 líderes sociales (la mayoría en Quibdó y Riosucio) y el desplazamiento de 2.722 personas. Según las autoridades, se han identificado casi 2.000 hectáreas con cultivos ilícitos y la presencia de dos grupos ilegales que se disputan el territorio: el Eln y las Autodefensas Gaitanistas.

Por su ubicación geográfica estratégica, cerca de la frontera con Panamá y la salida a los mares (Pacífico y Caribe), el Urabá antioqueño se ha consolidado durante años como un enclave para las economías lícitas e ilícitas. Además, es una región con alto potencial para la agroindustria, una característica que en los años más crudos de la violencia fue la causante de los desplazamientos masivos y el despojo de tierras.

De hecho, de acuerdo con datos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el 51,4 % de la población del Urabá antioqueño, o sea 356.690 personas, se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas y alrededor de 150 mil hectáreas de tierras, entre abandonadas y despojadas.

En la zona hubo presencia histórica de grupos paramilitares (bloques Élmer Cárdenas y Bananero de las Auc) e insurgentes, principalmente a través de los frentes 5 y 58 de las Farc. Tras la dejación de armas de ambas estructuras, el dominio quedó en manos de las Autodefensas Gaitanistas, que heredaron el control de los laboratorios para el procesamiento de cocaína. Por eso, allí el aparato militar de las AGC y su presencia militar es más fuerte, así como las acciones contra la población civil.

Un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo sostiene que para las Gaitanistas, por ejemplo, es primordial controlar las veredas del corregimiento San José de Apartadó como parte de su estrategia para que el denominado frente Central Urabá establezca dominio en la serranía de Abibe, un corredor que conecta a esa estructura de las AGC con las demás que operan desde los departamentos de Córdoba, Chocó, el norte y sur de Urabá, el Bajo Cauca y el nordeste del departamento de Antioquia.

No obstante, su contrapeso en la lucha por el territorio es la guerrilla del Eln, que tiene presencia a través de estructuras en Chocó. Incluso, en municipios como El Carmen del Darién, San José del Palmar, Bajo Baudó, Juradó y Riosucio, entre otros, se han registrado combates con la Fuerza Pública y las AGC. “Fuera del narcotráfico, el Eln ha entendido que la minería genera réditos y han impuesto a las comunidades cuotas, multas y el pago por el ingreso de retroexcavadoras y dragas”, asegura Indepaz.

A su turno, el grupo de los Caparrapos, disidencia de las AGC, ha entrado en disputa por el territorio haciendo alianzas con el Eln y las estructuras de alias “Cabuyo”, con el fin de extenderse hasta Córdoba, controlar zonas del Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia y ampliar el corredor de tráfico de armas y droga hacia la región de Urabá.

Además del tráfico de drogas y de armas, los grupos ilegales, principalmente, han creado en la zona una economía basada en el tráfico ilegal de migrantes que vienen de África, Asia, Cuba o Haití camino a Estados Unidos, y que tiene su centro de operaciones en el municipio de Turbo, extendiéndose al Urabá chocoano, especialmente a Triganá y Sapzurro

Catatumbo

Corredor central

Créditos:

Texto e investigación: Marcela Osorio Granados – Alexánder Marín Correa
Desarrollo: Daniel Hincapié
Diseño: Mario Fernando Rodríguez
Fotografías: El Espectador

Fuentes para gráficos: 

  • Conflictos armados focalizados, informe Sobre Grupos Armados Ilegales Colombia 2017-2018, Indepaz.
  • Observatorio de la Policía Nacional.
  • Defensoría del Pueblo-SAT, Informe de Riesgo N° 035-16, 2017.
  • Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) – 2017.
  • Base de datos sobre desplazamiento de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.
  • Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo, Cinep
  • Proyección de población 2018, del DANE.