Es tal vez, junto con el Bajo Cauca, la zona más crítica en el territorio nacional, por la presencia de al menos 14 actores armados entre guerrillas, disidencias y bandas criminales.

Aunque esta subregión está integrada por municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la confrontación ha escalado a tal punto que alcanza a tocar algunos del norte del Valle y Quindío. 

Allí hacen presencia bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas (AGC), la Cordillera, la Empresa, los Rastrojos y otros pequeños grupos que empiezan a ganar terreno. Estos se enfrentan a organizaciones guerrilleras como el Eln, el Epl y disidencias de las Farc, como el Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente, el frente Óliver Sinisterra, la Fuerza Unida del Pacífico, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los de Juvenal, los de Pija y el Movimiento Revolucionario Campesino.

En total son 67 poblaciones sitiadas que, contando a Cali y algunas ciudades intermedias, concentran 5,8 millones de habitantes (12 % del país). Entre las más conocidas y amenazadas están Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca) y Corinto (Cauca). No obstante, hay otras poco mencionadas, donde la violencia y los asesinatos vienen en aumento.

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Al promediar la tasa de homicidios de los últimos siete años, Policarpa (Nariño); Argelia, Caloto, Mercaderes, Puerto Tejada y Suárez (Cauca), y Caicedonia, El Águila, Ansermanuevo, Riofrío y La Unión (Valle) son los que ocupan las primeras posiciones.

Desde 2012 hasta 2018, en toda esta zona, mataron a 19.692 personas, es decir, el 22 % de los que se registraron en el mismo período en el país, razón por la cual 59 de sus poblaciones cerraron el año pasado con tasas de asesinatos por encima del promedio nacional y 12 de ellas por encima de los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Durante este período ha sido epicentro de 439 actos terroristas, del asesinato de 58 líderes sociales y el desplazamiento de 19.416 habitantes. Todo en medio de un conflicto por dominar las 51.827 hectáreas de cultivos ilícitos, la minería ilegal y las principales rutas del narcotráfico.

Las organizaciones

A pesar de la cantidad de grupos, la disputa central es entre las AGC y el Eln por la minería ilegal, informal y artesanal, la explotación de madera y el tráfico de drogas. Sin embargo, en departamentos como Nariño el mapa lo completan otros grupos como las Guerrillas Unidas del Pacífico, la Gente de Orden y el frente Óliver Sinisterra.

Las AGC dominan zonas de acopio y las salidas al océano Pacífico, en poblaciones del litoral nariñense. Además, tendrían su centro de operaciones en Cali, Palmira y Buga (Valle), desde donde dirigen la logística del narcotráfico y lavado de activos. Buenaventura, como puerto y conexión entre el Pacífico sur y Chocó, es el principal nodo del tráfico ilegal.

El Eln, por su parte, tiene presencia a través de estructuras en Chocó. En municipios como El Carmen del Darién, San José del Palmar, Bajo Baudó, Juradó y Riosucio, entre otros, se han registrado combates con la Fuerza Pública y las AGC. “Fuera del narcotráfico, el Eln ha entendido que la minería genera réditos y han impuesto a las comunidades cuotas, multas y el pago por el ingreso de retroexcavadoras y dragas”, asegura Indepaz.

Más allá de estas dos organizaciones, hay grupos que toman fuerza, como las Guerrillas Unidas del Pacífico. Según la Fundación Paz y Reconciliación, “dominan la parte alta de los ríos que conectan el litoral con las zonas montañosas y el pie de monte costero en El Patía, Telembí, Tapaje e Iscuandé”. Además, concentran su accionar en el Pacífico nariñense en Tumaco, Francisco Pizarro, Magüí, Payán y Barbacoas, entre otros.

Sin embargo, sus tentáculos llegan también hasta Juradó (Chocó), López de Micay, Buenos Aires y Suárez (Cauca) y el Alto Naya y Buenaventura (Valle). Su eje central está cerca del Parque Sanquianga, en Olaya (Nariño), por sus rutas a través de los ríos Tapaje, Iscuandé, Mira, Patía y Satinga.

A este panorama se suma el frente Ólíver Sinisterra, con sus redes en Tumaco, Barbacoas, El Charco, Mosquera, Ricaurte, Roberto Payán, Francisco Pizarro y Olaya Herrera (Nariño), y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador). Su zona de control concentra una de las mayores extensiones de cultivos ilícitos en Nariño, y los ríos Chagüí, Rosario, Patía, Mataje, San Juan y Mira, claves para el transporte de drogas.

En el Cauca tienen injerencia en Buenos Aires, que está en una zona estratégica por las conexiones que tiene con los ríos Naya, San Juan y Patía, y con los municipios de Argelia y Balboa, que concentran grandes extensiones de cultivos de coca. También buscan el control de la región de El Naya, que une los municipios de Buenaventura en el Valle, y López de Micay y Buenos Aires, en el Cauca.

Putumayo

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Créditos:

Texto e investigación: Marcela Osorio Granados – Alexánder Marín Correa
Desarrollo: Daniel Hincapié
Diseño: Mario Fernando Rodríguez
Fotografías: El Espectador

Fuentes para gráficos: 

  • Conflictos armados focalizados, informe Sobre Grupos Armados Ilegales Colombia 2017-2018, Indepaz.
  • Observatorio de la Policía Nacional.
  • Defensoría del Pueblo-SAT, Informe de Riesgo N° 035-16, 2017.
  • Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) – 2017.
  • Base de datos sobre desplazamiento de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.
  • Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo, Cinep
  • Proyección de población 2018, del DANE.