Gran atlas del conflicto
¿Sabía usted que en Colombia hay actualmente 26 estructuras criminales identificadas entre guerrillas, disidencias y bandas criminales? ¿O que en municipios como Buenos Aires (Cauca), Tumaco o El Charco (Nariño), los pobladores tienen que convivir en medio de 5 o 6 grupos armados?
Esos son algunos de los datos que El Espectador presenta en el actual atlas del conflicto armado colombiano, una herramienta de análisis que cruza los datos de homicidios y atentados terroristas en los últimos siete años con los de la presencia de grupos ilegales, desplazamiento forzado, asesinato de líderes sociales y crecimiento de cultivos ilícitos.
La radiografía de estos nuevos conflictos, ahora concentrados en regiones estratégicas, deja claro cómo los fenómenos de violencia se han ido expandiendo con consecuencias humanitarias cada vez más graves.
Son viejas dinámicas que, aunque han mutado para adaptarse a las nuevas condiciones, son casi cíclicas.
Histórico de homicidios
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que hay una relación directa entre las confrontaciones armadas y la tasa de homicidios. Uno de los ejemplos es Colombia, donde se evidencia cómo en los últimos 60 años las estadísticas han estado estrechamente ligadas al vaivén de los momentos históricos de la guerra.
Desde 1959 a la fecha han asesinado alrededor de 840.000 personas, lo que representa en promedio una víctima cada 37 minutos. Y si bien son múltiples las causas, que van desde homicidios culposos, la intolerancia y los ajustes de cuentas, entidades como el Centro de Memoria Histórica tienen documentado que al menos dos de cada 10 muertes están directamente relacionadas con el conflicto armado.
Para tener un panorama de la dinámica de las muertes violentas y su evolución en el tiempo, más allá de las cifras de víctimas, basta con echarle una mirada a la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes, estándar que permite hacer un comparativo preciso sobre la incidencia de este delito, teniendo en cuenta los casos y la población de cada año.
En 1964 Colombia registraba una tasa de 31,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La lucha por disminuir este indicador llevó a que en 1969 se llegara a la cifra más baja de la historia reciente: 19,7.
No obstante, desde ese año hubo un frenético ascenso, asociado al conflicto y el narcotráfico. En dos décadas la tasa se cuadruplicó. En 1991 llegó a una cifra récord: 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Aunque en los años siguientes hubo un descenso (en 1998 la tasa cayó a 58,9 asesinatos), según el Banco Mundial, el país se mantuvo en el podio internacional de países violentos, junto con El Salvador y Sudáfrica.
Entre 1999 y 2002, justo durante las negociaciones de paz con las Farc en el Caguán, ocupó el primer lugar.
En 2003 hubo un punto de quiebre: la tasa de homicidios pasó de 69,7 casos por cada 100.000 habitantes a 35,1, en 2007. Una posible causa fue el desarme de las Auc, organización responsable durante el conflicto de 94.754 asesinatos, tres veces los atribuibles a las guerrillas (35.683).
Con leves repuntes en 2009 y 2011, el indicador de homicidios se mantuvo por encima de los 32 casos por cada 100.000 habitantes.
Hasta 2012, cuando comenzó el nuevo diálogo con la guerrilla de las Farc, que coincidió con un nuevo descenso en las estadísticas, que sacaron a Colombia del top 10 de los países violentos.
En 2017, la tasa cayó hasta 24,2 casos, cifra comparable con la de 1975.
Las alarmas se encendieron en 2018 al registrar de nuevo un aumento que coincide con el repunte del Eln y el Epl, o el fortalecimiento de las bandas criminales o las nuevas disidencias de las Farc.
Si bien las cifras nacionales plantean un panorama alentador, otra es la realidad en las regiones. El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que tras el desarme de las Auc, por ejemplo, la tasa de homicidios creció en departamentos como Meta, Norte de Santander, Caquetá, Cauca y Nariño, y las muertes violentas se concentraron en ciudades como Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, Pasto y Neiva.
Algo similar ocurrió después del reciente desarme de las Farc. Los crímenes aumentaron en departamentos como Atlántico, Cauca y Quindío, sin contar otros como Antioquia, Chocó, Guaviare, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca, que tradicionalmente han mantenido tasas de homicidio por encima del promedio nacional.
Busque su municipio y conozca la cantidad de homicidios y la tasa de los últimos siete años
| Ranking | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Briceño Antioquia | 126,8 | 138,4 | 126,8 | 265,2 | 196,0 | 230,6 | 80,7 |
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| Homicidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| … | … … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.061 | Susa Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 |
Una de las razones, según la investigación “Variación del homicidio durante los diálogos de paz”, del Observatorio de la Policía, es la ocupación de los espacios que quedaron tras la dejación de armas, el manejo de las economías ilegales y de las rutas del narcotráfico, que llevaron a que los asesinatos se concentraran en algunos municipios.
Al cruzar los datos de los departamentos con tasas de homicidios por encima del promedio nacional y la presencia de nuevas estructuras criminales, “se encontró una relación positiva, que representa una amenaza que puede impactar la seguridad a nivel regional, en escenarios de posconflicto”, dice el estudio.
Nuevo conflicto
Una de las evidencias de la focalización de los nuevos conflictos se encuentra al escrudriñar las cifras de los homicidios ocurridos desde 2012 hasta 2018, lapso en el que mataron a 93.235 personas (en promedio, una cada 39 minutos). Sobre las víctimas se sabe que una de cada 10 era mujer; el 43 % tenían entre 18 y 29 años; el 92 % no accedieron a educación superior (36 % tenían primaria y el 56 %, bachillerato), y el 80% eran desempleadas o independientes. Sobre el escenario del crimen se tiene que siete de cada 10 homicidios fueron en los cascos urbanos; el 63 %, en vía pública, y el 74 %, con arma de fuego, seguidos por armas blancas (21 %). Menos del 1 % fueron producto de artefactos explosivos.
En 2012 los municipios con la mayor tasa de homicidios se concentraron en el Bajo Cauca. La lista la encabezó Remedios (Antioquia), que ostenta la mayor tasa del país en los últimos siete años.
En 2013, Olaya (Antioquia), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Caicedo (Putumayo) encabezaron la lista. Aunque fueron pocos homicidios frente a otros municipios, al ser poblaciones pequeñas, esto disparó sus indicadores.
En 2014, Giraldo (Antioquia), El Dovio (Valle del Cauca) y Mercaderes (Cauca), los últimos dos de la subregión suroccidental, se ubicaron en los primeros lugares.
En 2015, una vez más tres municipios antioqueños tuvieron las mayores tasas de homicidios del país.
En 2016, Briceño y Betania (Antioquia), por segundo año consecutivo ocuparon los primeros lugares. La Pintada (Antioquia), anterior fortín de las Autodefensas, se ubicó en el tercer lugar, al quintuplicar sus estadísticas.
En 2017 los municipios con las mayores tasas de homicidios pertenecían a las subregiones que hoy son epicentro del nuevo conflicto: Urabá y Chocó, Bajo Cauca y Catatumbo.
En 2018 los municipios del Bajo Cauca se volvieron a ubicar en los primeros lugares. Ituango llegó al primer lugar, luego de que se cuadruplicaran sus homicidios en comparación con 2017.
Aunque hubo homicidios en 1.060 municipios, por múltiples causas, hay zonas donde la violencia fue más evidente, especialmente en departamentos como Valle, Putumayo, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Risaralda, Guaviare, Meta y Nariño, que llevan años con tasas de homicidio por encima del promedio nacional, un fenómeno que se repite en 350 municipios del país.
Si bien las ciudades capitales siguen aportando la mayoría de los casos, al analizar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se encuentra que hay más probabilidades de ser asesinado en algunas poblaciones medianas o pequeñas como Remedios (Antioquia), que en 2012 reportó la mayor tasa del país de la última década (408 casos por cada 100.000) o Ituango, Tarazá y Vegachí (Antioquia), Tibú y El Tarra (Norte de Santander), que en 2018 fueron los más violentos del país.
Un caso particular es el San José de Uré (Córdoba), el municipio que en 2018 tuvo el mayor aumento en su tasa de homicidios en el país, al pasar de 9 casos por cada 100.000 habitantes a 139, un aumento del 1.500%. Si bien, apenas tiene 11.500 habitantes, los 16 asesinatos que ocurrieron el año pasado (la mayoría en zona rural y varios de ellos de líderes sociales), lo ubicaron en el radar de la violencia.
¿Qué tienen en común?
Su violencia actualmente coincide con la presencia de guerrillas como el Eln o el Epl, disidencias de las Farc o bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas, Puntilleros o Caparrapos. Todo en medio de una lucha por el territorio, el narcotráfico o la minería ilegal.
A la fecha las autoridades han identificado la presencia de alguna de estas organizaciones en 354 municipios del país, de los cuales, en 168 hay bandas criminales; en 95, grupos guerrilleros o disidencias, y en 91 se enfrentan ambos bandos. Buenos Aires (Cauca), con seis grupos identificados, es el municipio más asediado del país, seguido por Tumaco y El Charco (Nariño).
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Con ellas, como ha sido tradición, las acciones terroristas siguen siendo parte del menú del nuevo conflicto. Según datos de la Policía, entre 2012 y 2018 se reportaron 2.472 hechos, en 341 poblaciones. A esto se suma, en los últimos dos años, el asesinato de 257 líderes sociales (en 142 municipios); el desplazamiento de 72.612 personas, de 81 territorios, y el aumento de los cultivos ilícitos, que hoy llegan a 171.000 hectáreas, repartidas por 180 poblaciones.
Aunque los males parecen replicarse por todo el territorio nacional, hay 15 municipios que los soportan todos: Ituango, Tarazá, Cáceres, El Bagre y Yondó (Antioquia); Olaya Herrera y Magüí (Nariño); Puerto Asís, Puerto Guzmán y Valle del Guamuez (Putumayo); Mapiripán (Meta); San José del Guaviare (Guaviare); Riosucio (Chocó), y Buenaventura (Valle del Cauca). Mención aparte merece Tumaco (Nariño), que encabeza casi todas las estadísticas.
Con este panorama como telón de fondo, y al hacer un cruce de información entre cinco bases de datos diferentes, El Espectador presenta los fenómenos y las dinámicas identificados en seis zonas, donde confluyen distintos factores de riesgo, que han llevado a que el conflicto armado genere una crisis de seguridad y derechos humanos, reflejada en las cifras de homicidios, desplazamientos, atentados terroristas y aumento de cultivos ilícitos, así como el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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Créditos:
Texto e investigación: Marcela Osorio Granados – Alexánder Marín Correa
Desarrollo: Daniel Hincapié
Diseño: Mario Fernando Rodríguez
Fotografías: El Espectador
Fuentes para gráficos:
- Conflictos armados focalizados, informe Sobre Grupos Armados Ilegales Colombia 2017-2018, Indepaz.
- Observatorio de la Policía Nacional.
- Defensoría del Pueblo-SAT, Informe de Riesgo N° 035-16, 2017.
- Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) – 2017.
- Base de datos sobre desplazamiento de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.
- Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo, Cinep
- Proyección de población 2018, del DANE.