A la “Registraduría del siglo XXI” le falló la tecnología en las elecciones

Muchos tuvieron problemas porque en el puesto de votación no aparecía registrada su cédula.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Desde hace unos años la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptó un apellido con el que busca diferenciarse de sus administraciones pasadas: “La del siglo XXI”, haciendo alusión a la incorporación de una gama de soluciones tecnológicas con las que pretende mejorar su quehacer en el país, además de tecnificar la identificación de las personas. Ejemplo de esto es la ya conocida cédula digital.

No obstante, con base en lo ocurrido en las recientes elecciones de consultas presidenciales, Congreso y consejos de juventud, pareciera que dicho apellido no le hace justicia, por una serie de problemas que sugieren incumplimientos e irregularidades en dichas tecnologías. Varias de estas se encuentran en un contrato por $1,24 billones pactado entre esta entidad y la Unión Temporal Disproel (conformada en su mayoría por la firma Thomas Greg & Sons).

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El presupuesto de este contrato, a su vez, se reparte en 16 rubros, entre los cuales figura la inscripción de ciudadanos y candidatos, los procesos de preconteo y escrutinio, la infraestructura y seguridad digital de las elecciones, así como el desarrollo de herramientas como Infovotantes (que brinda información electoral a la ciudadanía), y otras para testigos y jurados de votación.

Parte de las organizaciones que han acompañado el proceso electoral, como la Fundación Karisma y la Misión de Observación Electoral (MOE), han alertado sobre presuntas irregularidades en la ejecución de este contrato, bien sea porque se adquirieron herramientas de miles de millones de pesos que nunca se usaron, porque otras funcionaron a medias o porque otras funcionaron, pero no se les encuentra un motivo que justifique su inversión, según estas organizaciones.

Infovotantes

Esta es una herramienta puesta al servicio de la ciudadanía para que pueda conocer, entre otras cosas, su lugar de votación, consultar si es o no jurado y echar un vistazo a las tarjetas electorales. Según lo establecido en el contrato, para este rubro se tienen presupuestados más de $14.727 millones. El problema es que en el día de las elecciones (que es cuando más debería estar funcionando) permaneció caída por cuatro horas, lo que se tradujo en su operación durante, apenas, la mitad de la jornada electoral.

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Según la MOE, la caída de la página web y la aplicación móvil de Infovotantes impidió la verificación del puesto de votación por parte de la ciudadanía, situación que fue reportada por los usuarios mediante el portal www.pilasconelvoto.com, en donde la mayoría expuso que no pudo ejercer su derecho al voto por desconocer su lugar de votación.

“La MOE reitera su llamado a la Registraduría para que, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, revise y ajuste los procesos de consolidación de censo electoral y el funcionamiento de las herramientas de información a la ciudadanía”, explicó la organización.

En un primer momento, la Registraduría dijo que dicha caída se debió a un ataque informático, afirmación que fue desmentida más tarde por la Fiscalía. Para la coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, Pilar Sáenz, es difícil pensar que esto haya ocurrido por un ataque de denegación de servicio (que consiste en saturar los portales con una sobredemanda, mediante personas o robots, para provocar su caída), puesto que se supone que el diseño de esta debería soportar una amplia demanda de información, como lo son los más de 38 millones de personas que conforman el censo electoral.

“Esto también habla mal de quien hizo la página, porque previamente se le tienen que hacer pruebas de estrés y de seguridad para evitar que el sistema colapse”, detalló Sáenz, al concluir que, en este caso, “claramente hubo una falta de previsión y un mal diseño”.

Inscripción de ciudadanos

En el contrato aparece que este rubro tiene un presupuesto de más de $76.756 millones, dentro de los cuales hay capital asignado para un sistema digital de cambio de lugares de votación y registro de cédulas.

Como lo señalan Karisma y la MOE, este falló en enero fue habilitado posteriormente, pero dejaron pendiente el componente de la verificación biométrica. Estos inconvenientes provocaron que unas 800.000 personas no pudieran completar su registro por esta vía.

Según lo observado por la MOE, en el 85 % de las mesas en las que hicieron presencia hubo casos de personas que se acercaron al puesto de votación donde se suponía que estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar, porque les cambiaron su lugar de votación, no sabían cuál era su mesa, su cédula no estaba inscrita en ese sitio o porque cambiaron el puesto y no hicieron la debida verificación biométrica.

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“Estas confusiones, que impidieron el ejercicio del voto de varias personas, tienen su origen en las fallas presentadas desde el mes de enero en el aplicativo para la inscripción de cédulas, particularmente en lo que se refiere a la validación biométrica”, detalló la MOE.

Según Sáenz, hay varios cuestionamientos que giran alrededor de esto. El primero es que se destinó una considerable cantidad de dinero en algo que no funcionó, lo que implicaría un incumplimiento del contrato; lo segundo es que no se tiene claridad de la cifra exacta de las personas que se vieron afectadas por esto, y lo tercero es si la Registraduría habría incumplido la normativa en esta materia, pues las disposiciones legales señalan que el trámite del registro de la cédula y cambio del lugar de votación exige que se haga ante un funcionario de esta entidad, el cual hace la toma de la huella y demás mecanismos de verificación de identidad.

Aplicación de delegados de puesto

Otra de las novedades tecnológicas que ha intentado implementar la Registraduría es una aplicación para los delegados de puesto, para la cual se destinaron más de $3.336 millones. Según información aportada a este medio, dicha aplicación nunca funcionó debido a que se terminó tarde y no se pudo subir a tiempo a las tiendas de aplicaciones (las cuales pueden tardar unos días en validar los aplicativos móviles), por lo que los delegados no lograron descargarla.

“Todo el reporte que se hizo el día de las elecciones sobre el estado de los puestos de votación se hizo a mano, por llamadas o por mensajería instantánea”, aseveró Sáenz.

Testigos electorales

Esta es otra de las herramientas de la que se han recibido reportes de que no funcionó el día de las elecciones. Se informó que, en la jornada electoral, tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral (CNE) terminaron permitiendo el paso de las listas de testigos de forma manual. Esta solución tecnológica está en un rubro que tiene más de $9.640 millones asignados.

Suspensión de servicios

Este es tal vez uno de los puntos más sensibles de lo que ha ocurrido en el proceso. Como lo alertó en un primer momento la Fundación Karisma, en un texto publicado por este diario, el día antes de las elecciones al Congreso la Registraduría retiró de su página información importante, como la relacionada con el trámite para sacar el duplicado de la cédula o registros civiles, así como los comunicados de prensa.

Se cree que esto se hizo como medida para mitigar el flujo de visitantes a la página, pero al tratarse de información de interés público, debió haberse comunicado previamente esta acción, dicen los analistas.

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Lo otro es que el sistema de asignación de citas para adelantar trámites relacionados a registro civil permaneció inactivo por cerca de dos semanas.

Al llamar a la línea de atención al usuario de la Registraduría, se explicaba que el servicio estaba suspendido porque el personal encargado de esa área estaba ocupado con el proceso de escrutinio. ¿No debió la entidad contratar y capacitar a más personas para atender dicha contingencia?

Según lo explicado por el abogado Francisco Bernate, esto podría considerarse una vulneración de derechos, pues el documento que acredita el estado civil de las personas “es un atributo que se requiere para realizar múltiples trámites bancarios, entradas y salidas del país, y firma de contratos, de manera que se debe garantizar su funcionamiento permanente. Es un servicio esencial”. Otro ejemplo es que un padre no pueda hacer efectiva su licencia de paternidad al no tener la posibilidad de sacar el registro civil de su hijo recién nacido.Inscripción de candidaturas

Para este rubro la Registraduría destinó en el contrato más de $4.498 millones. Parte de sus componentes es la implementación de herramientas de identificación biométrica, que aunque no se tienen reportes de que esto haya salido mal, sí genera dudas sobre por qué se consideró importante invertir en este mecanismo. Sáenz, por ejemplo, se pregunta si han ocurrido casos de suplantación de candidatura que justifiquen ese gasto, pues cree que es difícil que una persona se haga pasar por un candidato.

Mantos de duda

Sumado a lo anterior, la coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma aseguró que ha habido un hermetismo en el proceso de escrutinio, pues no se conoce el software con el que se hace. Detalla que los resultados, de momento, son solo para la Registraduría y la labor que hacen organizaciones como la suya se han limitado a observar, desde lo que pueden, mas no a profundidad.

“Sobre el software de escrutinio, los únicos que han podido ver algo más son los auditores”, señaló Sáenz.

Este medio intentó contactar a la firma auditora del contrato, que es JAHV McGregor, para conocer no solo lo relacionado con este software, sino con las presuntas anomalías e incumplimientos mencionados en este artículo.

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Su director jurídico, José Luis León, aseguró que por lo estipulado en el contrato debe mantener una reserva de la información, so pena de sanciones por incumplir el pacto de confidencialidad.

A esto se suma que tampoco se conoce el algoritmo con el que se seleccionó a los jurados de votación, por lo que también se desconocen los criterios que empleó la Registraduría para su elección.

¿Quién responde?

Este medio contactó a la Registraduría para conocer su posición ante estos hechos y observaciones, pero no se obtuvo una respuesta. La entidad aseguró que, para dar declaraciones, había que esperar los resultados de la auditoría. Por su parte, la firma auditora no puede revelar información a terceros, sino solo a la Registraduría, como ya se dijo.

No obstante, encontramos en el contrato unas cláusulas que indican lo que pasaría si se demuestra un incumplimiento del contrato por parte de la Unión Temporal Disproel.

Si el incumplimiento es total, Disproel tendría que indemnizar a la Registraduría con el equivalente al 10 % del valor total del contrato (es decir, unos $120.000 millones), sin que esto se traduzca en que la entidad no pueda cobrar integralmente el valor de lo que no quede satisfecho con ese 10 %.

Si el incumplimiento es parcial, la Registraduría podrá imponer multas diarias equivalentes al 1 % del valor del contrato (cerca de $1.200 millones), sin que estas lleguen a exceder el 10 %.

Del mismo modo, no todo el dinero se vería comprometido en caso de incumplimientos, pues en el contrato se establece que la consignación de este se realizará en ocho pagos, empezando por un anticipo de $198.236 millones, y el restante en porcentajes a medida en que se vayan entregando los servicios contratados, siendo el último pago el 20 %, que se entregará cuando se haya concluido la elección del presidente, el 29 de mayo.

Más allá del dinero, para muchos expertos lo que está en juego es la democracia, pues de persistir estos problemas se estarían poniendo obstáculos para que las personas ejerzan su derecho al voto.

De allí la importancia de que la Registraduría corrija los problemas que han señalado los analistas y que no se abandone el tecnosolucionismo, pues no puede ser que la “Registraduría del siglo XXI” cuente con un arsenal de herramientas que fallan (o no sirven) y que ponen en peligro la democracia.

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