El Parlamento francés ha dado en la tarde del martes el paso para validar la polémica ley antipiratería del gobierno conservador de Nicolas Sarkozy, que prevé castigar con hasta un año de desconexión a los internautas que se descargan contenidos ilegales. La Asamblea Nacional ha aprobado este martes por la tarde el texto definitivo, que ya recibió la luz verde del Senado este lunes, tras un tortuoso recorrido parlamentario. El ministerio de Cultura prevé que el dispositivo esté plenamente operativo a principios del año que viene.
La Asamblea Nacional ha ratificado con 258 votos a favor frente a 131 en contra el texto ya aprobado en una primera votación la semana pasada. Esta decisión debería poner fin al largo recorrido parlamentario del proyecto, aunque el grupo socialista, opuesto al mismo, ya ha anunciado que presentará un nuevo recurso ante el Consejo Constitucional, por lo que su entrada en vigor podría dilatarse.
El texto completa la ley Hadopi I, nombre de la Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de Derechos en Internet (la autoridad administrativa independiente encargada de poner en marcha la ley) aprobada el pasado mes de mayo por el Parlamento, tras haber sufrido un primer revés en la Asamblea un mes antes. El Consejo Constitucional tumbó a continuación la parte más polémica del proyecto de Ley, la sancionadora, al considerar que sólo un juez podía dictar sentencia.
Aunque otorga ahora la decisión final al órgano judicial, las sanciones previstas en Hadopi II aportan pocos cambios respecto al proyecto inicial y mantiene la amenaza de cortar la conexión hasta un año. El organismo Hadopi mandará al internauta un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta recomendada. A continuación será el juez el que tome la decisión de la sanción y el operador tendrá quince días para aplicarla. Durante el tiempo de suspensión, el internauta deberá seguir pagando su cuota y no podrá contratar un acceso a Internet con otro operador, un acto por el que puede ser castigado con una multa de hasta 3.750 euros.
A la espera de poder contar del todo con esta parte del dispositivo, el gobierno prepara la puesta en marcha de la primera parte del proyecto, la puesta en funcionamiento de la Hadopi. El Ministerio de Cultura calcula que el dispositivo estará plenamente operativo a principios del año que viene, según informa la agencia France Presse. Los miembros de dicha Autoridad deberían ser nombrados en octubre, el organismo creado en noviembre, y podría empezar a enviar sus primeros correos de advertencia en enero.