El poder transformador de los datos abiertos

“¿A quién le pertenece la información que a diario recogen las entidades del Gobierno? A los ciudadanos”. Esa es la premisa que soporta las acciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde 2011 y que ha permitido impulsar una política pública seria sobre el uso de datos abiertos en el país.

En los primeros días de agosto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados del OUR Data Index, un ranquin especializado de los países que mejor aprovechan los datos abiertos en el mundo, y Colombia ocupó el cuarto lugar, después de Corea del Sur, Francia y Japón, superando en el listado a naciones como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y España.

Esta medición tiene como propósito principal evaluar la capacidad de los gobiernos para incentivar a sus instituciones a que liberen los datos que antes permanecían ocultos y calcular si la información llega a los ciudadanos de manera clara y sencilla para que pueda ser reutilizada.

El buen desempeño de Colombia en este aspecto es una oportunidad para preguntarse por las posibilidades que ofrecen los datos abiertos en el desarrollo socioeconómico del país y, sobre todo, es una excusa para analizar los desafíos y los retos que trae consigo este proceso de democratización digital.

“La información hoy es el activo más importante. El que tiene la información tiene el poder”, asegura Daniel Quintero, viceministro TIC, cuando hace referencia al papel protagónico que podrían tener los datos abiertos durante los próximos años en Colombia.

“Los datos abiertos o la información que recogen las organizaciones públicas y privadas, y que difunden en formatos de fácil acceso para que cualquier persona la pueda usar, reutilizar y distribuir en cualquier momento y lugar, son una herramienta clave para reducir los índices de corrupción, mejorar y promover la transparencia y empoderar a los ciudadanos en la creación de nuevas oportunidades de emprendimientos económicos y sociales”, añade Quintero.

Hoy en día, la plataforma www.datos.gov.co recopila y administra 5.447 conjuntos de datos pertenecientes a 767 entidades públicas municipales o nacionales, que incluyen información de negocios, registros, patentes y marcas, bases de datos de licitaciones públicas, presupuestos, información geográfica, legal, meteorológica, datos sociales y transporte, entre otros miles de categorías.

Según Quintero, los datos abiertos son una oportunidad para que los ciudadanos fiscalicen y hagan control político, participen en la creación de soluciones para la ciudad, es decir cogobiernen y, además, dinamicen la economía, pues “con la información se pueden crear empresas”.

En cuanto al gasto público, la iniciativa Colombia Compra Eficiente es una herramienta muy útil para que los procesos de compras públicas en el país sean visibles y estén disponibles para quien los quiera revisar. “La tecnología es la respuesta para elevar los niveles de transparencia. Ahora vamos a lanzar el centro de excelencia para la inteligencia artificial, con el objetivo de luchar contra la corrupción. Vamos a utilizar análisis de big data para coger la información del gasto y empezar a hacer inferencias, detectar alertas tempranas que nos permitan encontrar casos de corrupción antes de que ocurran”, afirma Quintero.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por promover una política de apertura de datos en las instituciones públicas, el uso y la apropiación de esta información por parte de la sociedad civil todavía es muy limitado. Parece que la clave está en entender que lo que genera valor no son los datos en sí mismos, sino lo que pueden hacer las personas que trabajan con ellos.

Como aseguró Fabrizio Scollini, coordinador de investigaciones de la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, en una entrevista con el diario El País de España, “entramos en la fase de hacer que estos datos no sólo sean públicos sino que además sean útiles”.

Los problemas, según Scollini, están bien identificados: barreras técnicas, desinterés y desconocimiento de la gente del común, y falta de comunicación y trabajo colectivo entre las entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil.

A pesar de que aún queda un largo camino por recorrer y de que la mayoría de los ciudadanos en Colombia no son conscientes del poder que tienen en sus manos —y que les corresponde— cuando una institución publica sus bases de datos, ya hay varios procesos que demuestran los beneficios de la coordinación entre los tres sectores de la sociedad. Un ejemplo interesante es la transformación de los datos publicados por los ministerios de Educación y Salud.

Con la información sobre los colegios de Bogotá, su ubicación, el número de estudiantes, la cantidad de profesores, los resultados académicos y otras variables recogidas en las bases de datos del Ministerio de Educación, un grupo de emprendedores jóvenes creó varias aplicaciones diseñadas para que los papás puedan escoger con facilidad dónde estudiarán sus hijos, dependiendo del lugar de residencia o el presupuesto.

Los datos sobre precio y las especificaciones de los medicamentos están publicados por el Ministerio en las plataformas Termómetro de Precios, que permite consultar el precio promedio y legal de cualquier medicina antes de comprarla y evitar así el abuso de las farmacéuticas o de los distribuidores, y Medicamentos a un Clic, que ofrece las características de presentación y formulación.

Estas herramientas son insumos para la aplicación móvil Clic Salud, que pone al alcance de los ciudadanos otras informaciones, como el ranquin de las EPS o los derechos y deberes de los pacientes.

“Si uno supiera cuántas personas se están muriendo en los quirófanos de cada hospital y eso quedara disponible de forma pública, para que la gente lo analice y decida a dónde ir, tendría unos efectos secundarios muy positivos. Los hospitales con más altos índices de muertes empezarían a tomar decisiones para mejorar el servicio. Eso pasó en Inglaterra y en un año se redujeron en 1.500 los fallecidos, sólo con el buen uso de los datos abiertos”, finalizó Quintero.

“¿A quién le pertenece la información que a diario recogen las entidades del Gobierno? A los ciudadanos”. Esa es la premisa que soporta las acciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde 2011 y que ha permitido impulsar una política pública seria sobre el uso de datos abiertos en el país.

En los primeros días de agosto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados del OUR Data Index, un ranquin especializado de los países que mejor aprovechan los datos abiertos en el mundo, y Colombia ocupó el cuarto lugar, después de Corea del Sur, Francia y Japón, superando en el listado a naciones como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y España.

Esta medición tiene como propósito principal evaluar la capacidad de los gobiernos para incentivar a sus instituciones a que liberen los datos que antes permanecían ocultos y calcular si la información llega a los ciudadanos de manera clara y sencilla para que pueda ser reutilizada.

El buen desempeño de Colombia en este aspecto es una oportunidad para preguntarse por las posibilidades que ofrecen los datos abiertos en el desarrollo socioeconómico del país y, sobre todo, es una excusa para analizar los desafíos y los retos que trae consigo este proceso de democratización digital.

“La información hoy es el activo más importante. El que tiene la información tiene el poder”, asegura Daniel Quintero, viceministro TIC, cuando hace referencia al papel protagónico que podrían tener los datos abiertos durante los próximos años en Colombia.

“Los datos abiertos o la información que recogen las organizaciones públicas y privadas, y que difunden en formatos de fácil acceso para que cualquier persona la pueda usar, reutilizar y distribuir en cualquier momento y lugar, son una herramienta clave para reducir los índices de corrupción, mejorar y promover la transparencia y empoderar a los ciudadanos en la creación de nuevas oportunidades de emprendimientos económicos y sociales”, añade Quintero.

Hoy en día, la plataforma www.datos.gov.co recopila y administra 5.447 conjuntos de datos pertenecientes a 767 entidades públicas municipales o nacionales, que incluyen información de negocios, registros, patentes y marcas, bases de datos de licitaciones públicas, presupuestos, información geográfica, legal, meteorológica, datos sociales y transporte, entre otros miles de categorías.

Según Quintero, los datos abiertos son una oportunidad para que los ciudadanos fiscalicen y hagan control político, participen en la creación de soluciones para la ciudad, es decir cogobiernen y, además, dinamicen la economía, pues “con la información se pueden crear empresas”.

En cuanto al gasto público, la iniciativa Colombia Compra Eficiente es una herramienta muy útil para que los procesos de compras públicas en el país sean visibles y estén disponibles para quien los quiera revisar. “La tecnología es la respuesta para elevar los niveles de transparencia. Ahora vamos a lanzar el centro de excelencia para la inteligencia artificial, con el objetivo de luchar contra la corrupción. Vamos a utilizar análisis de big data para coger la información del gasto y empezar a hacer inferencias, detectar alertas tempranas que nos permitan encontrar casos de corrupción antes de que ocurran”, afirma Quintero.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por promover una política de apertura de datos en las instituciones públicas, el uso y la apropiación de esta información por parte de la sociedad civil todavía es muy limitado. Parece que la clave está en entender que lo que genera valor no son los datos en sí mismos, sino lo que pueden hacer las personas que trabajan con ellos.

Como aseguró Fabrizio Scollini, coordinador de investigaciones de la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, en una entrevista con el diario El País de España, “entramos en la fase de hacer que estos datos no sólo sean públicos sino que además sean útiles”.

Los problemas, según Scollini, están bien identificados: barreras técnicas, desinterés y desconocimiento de la gente del común, y falta de comunicación y trabajo colectivo entre las entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil.

A pesar de que aún queda un largo camino por recorrer y de que la mayoría de los ciudadanos en Colombia no son conscientes del poder que tienen en sus manos —y que les corresponde— cuando una institución publica sus bases de datos, ya hay varios procesos que demuestran los beneficios de la coordinación entre los tres sectores de la sociedad. Un ejemplo interesante es la transformación de los datos publicados por los ministerios de Educación y Salud.

Con la información sobre los colegios de Bogotá, su ubicación, el número de estudiantes, la cantidad de profesores, los resultados académicos y otras variables recogidas en las bases de datos del Ministerio de Educación, un grupo de emprendedores jóvenes creó varias aplicaciones diseñadas para que los papás puedan escoger con facilidad dónde estudiarán sus hijos, dependiendo del lugar de residencia o el presupuesto.

Los datos sobre precio y las especificaciones de los medicamentos están publicados por el Ministerio en las plataformas Termómetro de Precios, que permite consultar el precio promedio y legal de cualquier medicina antes de comprarla y evitar así el abuso de las farmacéuticas o de los distribuidores, y Medicamentos a un Clic, que ofrece las características de presentación y formulación.

Estas herramientas son insumos para la aplicación móvil Clic Salud, que pone al alcance de los ciudadanos otras informaciones, como el ranquin de las EPS o los derechos y deberes de los pacientes.

“Si uno supiera cuántas personas se están muriendo en los quirófanos de cada hospital y eso quedara disponible de forma pública, para que la gente lo analice y decida a dónde ir, tendría unos efectos secundarios muy positivos. Los hospitales con más altos índices de muertes empezarían a tomar decisiones para mejorar el servicio. Eso pasó en Inglaterra y en un año se redujeron en 1.500 los fallecidos, sólo con el buen uso de los datos abiertos”, finalizó Quintero.