El precio de la tecnología moderna

La investigación señala que el cobalto usado para las baterías de muchas compañías proviene de minería en la cual hay explotación infantil y que es realizada en condiciones contrarias a los derechos humanos.

La explotación artesanal de cobalto en la República Democrática del Congo suele hacerse sin medidas de protección industrial.Cortesía Amnistía Internacional

Primero, una obviedad. Buena parte de la vida moderna está compuesta de circuitos procesadores, tarjetas madre, celulares, tabletas, computadores, cables de red, enrutadores, módems, servidores, cables submarinos: tecnología que, en últimas, es el resultado de una gran ecuación que combina elementos como aluminio, titanio, cromo, manganeso, hierro, paladio, plata, estaño, plomo, silicio y cobalto, por sólo mencionar algunos. Y aquí es cuando la cosa se pone menos obvia y acaso más oscura.

En los mercados bursátiles, en las campañas de publicidad, en el día a día de millones de consumidores, la tecnología es un asunto que gira alrededor de nombres como Apple, Samsung, Lenovo, Microsoft, Huawei, Sony, Dell. Sin ser falso, este pensamiento resulta incompleto, pues, a la larga, no se trata sólo de la concepción y el diseño de un teléfono celular, sino también de la forma como cada componente de este cobra vida. Y esa vida, al menos en parte, puede comenzar en una mina artesanal en el sur de la República Democrática del Congo (RDC).

La RDC es uno de los mayores productores de cobalto del mundo: se estima que este país provee 50% de la oferta mundial de este metal, que resulta particularmente importante para la construcción de las baterías de iones de litio, que son prácticamente el estándar de energía para dispositivos móviles en todo el mundo.

Una buena porción del cobalto proviene de minería industrial en la región sur de la RDC y otra, de operaciones artesanales que, según cifras del mismo gobierno congolés, está conformada, en promedio, por 130.000 mineros: 130.000 personas entre las que también hay mujeres y niños.

De acuerdo con la Unicef, para 2014 había 40.000 niños trabajando en las minas del sur de la RDC, muchos de estos involucrados en la explotación de cobalto. Las cifras hacen parte de un reporte de Amnistía Internacional, en conjunto con African Resources Watch (Afrewatch), que le sigue la pista a la cadena de suministro del cobalto para intentar aclarar varias preguntas, entre estas: ¿Qué tanto hacen las grandes compañías para solucionar esto? El reporte fue publicado esta semana.

La respuesta, al menos en parte, parece ser no mucho. “No hay exigencias legales en la cadena de suministros. No hay estados que exijan a sus empresas analizar de dónde vienen sus materias primas. Lo único que existe es la Dodd-Frank en Estados Unidos”.

Gerardo Ríos, portavoz del trabajo sobre empresas en Amnistía Internacional España, se refiere a una previsión de la Ley Dodd-Frank que obliga a las compañías estadounidenses a cerciorarse de que la explotación de ciertos minerales en sus productos no esté contribuyendo a financiar grupos armados ilegales o impulsando la comisión de abusos de derechos humanos en la DRC o en países vecinos. Los materiales incluidos en la legislación son estaño, tantalio, tungsteno y oro. Para el cobalto no hay nada similar.

Entre las varias fuentes del informe se cuenta a 90 personas que trabajan en las minas artesanales del sur de la RDC, entre las que hay 17 niños (el menor de estos tiene siete años), quienes trabajan por un salario diario de entre US$1 y US$2, casi siempre bajo tierra en minas sin las mínimas condiciones de seguridad industrial. Aunque el mismo reporte admite que es difícil cuantificar los accidentes y las muertes en la minería artesanal en el país africano debido a que muchas de estas son actividades ilegales, sólo entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015 una emisora local (apoyada por la ONU) reportó al menos 80 muertes de mineros. “La minería es una de las peores formas de explotación infantil que hay en el planeta”, afirma Ríos.

A grandes rasgos, la cadena de suministros se ve así: después de la extracción y limpieza en la mina artesanal, el material es transportado hasta mercados locales, en donde un intermediario lo compra y, a su vez, lo vende a compañías que se encargan de procesarlo y exportarlo. Una de las empresas más grandes en esta actividad, identificada por Amnistía Internacional, es Congo Dongfang Mining International (CDM), propiedad de la china Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd, comúnmente conocida como Huayou Cobalt.

Según los investigadores, Huayou Cobalt sería el proveedor de la materia prima, empleada en este caso por al menos diez compañías que producen baterías para empresas como Apple, Samsung, Daimler (fabricante de Mercedes), Dell, HP, Lenovo, Microsoft, BYD, Huawei y LG. “Como fundidores, CDM y Huayou Cobalt están en un punto crítico de la cadena de suministros y se espera que sepan cómo es extraído el cobalto que compran, manejan, transportan y comercian. Deberían estar en capacidad de identificar de dónde es minado, por quién y bajo qué condiciones (…). Amnistía Internacional y Afrewatch concluyen que, basándose en la respuesta de Huayou Cobalt, no están cumpliendo estos pasos cruciales (…)”, dice el reporte.

El informe incorpora las respuestas de las compañías involucradas, que suelen reafirmar su compromiso para no permitir la explotación laboral infantil, aunque en algunos casos no pueden ofrecer certeza absoluta acerca de si el cobalto que usan proviene de la DRC o si sus proveedores, en cierto punto de la cadena, incluyen a las fundidoras nombradas por Amnistía Internacional y Afrewatch.

“Este tipo de informes suele sensibilizar a las empresas. Pero esta vez sus respuestas han sido esquivas: que es muy complicado verificar la cadena de suministros, que la extracción sucede muy lejos y eso complica la vigilancia. El problema lleva un tiempo. No es algo nuevo. No es aceptable que una compañía global, en el mundo en el que vivimos, diga que la RDC queda lejos”, señala Ríos.

Si bien Estados Unidos es el hogar de algunas de las compañías más poderosas del sector tecnología (Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft), China es quizá la marca de agua más indeleble en la fabricación de dispositivos tecnológicos en el mundo.

Esto no sólo porque es la sede de gigantes de la manufactura como Foxconn (quien fabrica buena parte de la línea de productos de Apple), sino porque una porción de los materiales que facilitan la vida digital de millones de personas es extraída, transformada y comerciada por compañías chinas. Ya no sólo se trata del clásico “Made in China”, sino también “Mined by China” (minado por China).

Se estima que 97 % de la demanda mundial de tierras raras es proveída por China y que este país concentra el 48 % de las reservas de estos materiales: 17 metales presentes en cosas como misiles Tomahawk, drones de ataque Predator, máquinas de resonancia magnética, lentes de gafas de sol o baterías para automóviles híbridos, entre muchas otras.

El informe de Amnistía Internacional le hace recomendaciones al gobierno chino (así como al congolés y a las compañías, entre otros actores) que incluyen “iniciar una revisión de los procesos en la cadena de suministros de Huayou Cobalt con miras a examinar qué tan adecuados son para identificar, prevenir y mitigar los riesgos para los derechos humanos”.

Es un lugar común, pero no deja de ser cierto: la tecnología es un motor de cambio. Sería ideal que los beneficios de todo el sistema alcanzaran para cambiar la vida de los mineros artesanales de la RDC.

 

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