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¿A dónde van los datos que recogen las agencias de inteligencia en internet? ¿Quién los utiliza, para qué? ¿En favor de qué entidades se manipulan dichos datos? ¿Hasta qué punto, en realidad, la red es un lugar seguro? Esas inquietudes, apenas iniciales, componen la carta que 500 escritores de 81 nacionalidades enviaron a la ONU y circularon por varios medios, con el propósito de crear una carta de derechos digitales.
La misiva es firmada, entre otros, por Javier Cercas, Antonio Ungar, Elfriede Jelinek, Henning Mankel, Don De Lillo, J. M. Coetzee, Alberto Manguel, Ian McEwan, Jane Teller, Günter Grass, David Grossman, Amos Oz, Juan Goytisolo, Juan Gabriel Vásquez, Julian Barnes, Michael Ondaatje, Orhan Pamuk, Peter Sloterdijk y Santiago Roncagliolo. Las firmas no son menores: entre ellas hay cinco premios Nobel y numerosos autores de reconocida trayectoria.
Y tampoco es menor su intención: luego de las continuas revelaciones —entregadas, entre otros medios, por el diario inglés The Guardian— de que entidades estatales revisan y procesan información personal de usuarios de internet, los escritores dicen que “una persona bajo vigilancia no es ya libre; una sociedad bajo vigilancia no es ya una democracia”, y es por eso que proponen a la ONU crear una carta que especifique los derechos de los usuarios en la red.
Su petición nace de hechos que son, en resumen, de esta suerte: dos programas estatales, Prism y Tempora —de las entidades de inteligencia NSA y GCHQ, de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente—, se encargan de analizar, procesar y guardar información sobre llamadas telefónicas, búsquedas en internet y correo electrónicos. Las revelaciones fueron realizadas en parte por Edward Snowden, contratista de la NSA —ahora en asilo temporal en Rusia—, quien entregó documentos reservados sobre los programas de vigilancia individual y estatal a varios medios.
Un hecho adicional acompaña su petición: justo esta semana, Microsoft, Google, Apple, Facebook, LinkedIn, Yahoo!, AOL y Twitter pidieron al gobierno de Estados Unidos que “limitara” sus programas de vigilancia en internet, dado que los usuarios habían perdido confianza en sus servicios. “Nosotros comprendemos que los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos —dijeron las corporaciones en una carta—. Pero las revelaciones de este verano (sobre los espionajes desde la NSA) han demostrado la necesidad urgente de reformar las prácticas de vigilancia de los gobiernos a escala mundial (…) Es hora de cambiar”. ¿Qué tiene que ver esta petición con la carta de los escritores? Ambas hacen parte de resistencias distintas: las corporaciones de internet se resisten a la vigilancia porque perjudica su salud financiera; los usuarios, entre ellos los escritores, miran el hecho con repulsión porque alienta sendas violaciones de sus derechos esenciales.
La carta de los escritores encuentra su razón en dicha actividad estatal que, al parecer, está sólo afincada en la vigilancia de sus ciudadanos. “La vigilancia en masa trata a cada ciudadano como un sospechoso en potencia”, afirman en la carta. “La vigilancia hace al sujeto transparente, mientras que el estado y las corporaciones trabajan encubiertos”.
El debate, más allá de su petición explícita para la creación de una carta de derechos, es de pensamiento y de derecho. ¿Qué tipo de democracia desean crear los gobiernos que activan estos programas? Los estudios del filósofo francés Michel Foucault lanzarían luces sobre esa cuestión: el Estado desea tener un control sobre sus ciudadanos; internet se ha convertido, gracias a su expansión, en un área perfecta para mantener a raya los intereses personales y entrar en las vidas privadas desde las sombras.
Es un método de poder, en ese sentido. Dicho abuso es cuanto los escritores desean repeler. “Esta iniciativa debe ser vista como un punto de apoyo para los gobiernos, aquellos que desean preservar la democracia en el mundo occidental —dijo la escritora Jane Teller, también firmante de la misiva—. No es una iniciativa contra los gobiernos, sino contra el abuso de poder”.
“El Estado, por su naturaleza, prefiere la seguridad por encima de la libertad —dijo el escritor Ian McEwan a The Guardian—. De modo reciente, la tecnología ha ofrecido (esta seguridad) y no ha resistido contra una serie de medios de vigilancia por los que se había sorprendido Orwell. El proceso es inexorable, a menos que existencia resistencia”. La resistencia sería, entonces, el único método para luchar en contra de la vigilancia: de allí, el Estado podría pasar al castigo prescindiendo de los derechos básicos de sus ciudadanos. “Es posible sentir —dijo el autor inglés Priya Basil, uno de los principales promotores de la carta— una verdadera amenaza sobre nuestra democracia y nuestra libertad de opinión”.