Europa ajusta cuentas con Apple por más de US$14.000 millones en impuestos

La empresa fue sancionada por las políticas fiscales a las que se acogió en Irlanda. La Comisión Europea investiga a otras compañías de tecnología por temas tributarios, competencia desleal y manejo de datos personales.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ofrece una rueda de prensa en relación al caso de las supuestas ventajas fiscales de la empresa Apple.AFP

El enfrentamiento entre la Comisión Europea (CE) y las compañías de tecnología de Estados Unidos acaba de tener un salto exponencial: Apple debe entregarle a Irlanda más de US$14.000 millones en impuestos, como resultado de sus operaciones comerciales entre 2003 y 2014.

El asunto es de vieja data y tiene que ver con las preferencias tributarias que Irlanda ha instalado para atraer compañías del sector de tecnología a su país, como Apple o Facebook, que tiene sus oficinas generales para Europa en este país. La red social también planea la construcción de uno de sus masivos centros de datos en este lugar y en Dublín, capital irlandesa, también está uno de los centros de desarrollo de software de Amazon, uno de los cinco que tiene por fuera de Estados Unidos. (Lea "Europa pasa al ataque")

Bajo la ley irlandesa, multinacionales como Apple pueden mover buena parte de sus ganancias a una firma registrada en Irlanda, pero con asiento real en un paraíso fiscal, lo que les permite rebajar una porción considerable de impuestos. El acuerdo ha sido tan polémico que el gobierno irlandés aseguró, hace un par de años, que para 2018 acabaría con esta política tributaria.

Esta jugada le permitió a Apple rebajar una gran cantidad de impuestos al reportar sus ventas en el mercado común europeo en Irlanda, en vez de los países en donde ocurrieron. Por ejemplo, según la Comisión, Apple pagó una tasa de 1% de impuestos en 2003 por sus operaciones en Europa. El porcentaje bajó a 0.005% para 2014.

“Esta práctica es ilegal según las normas de la UE en materia de ayudas de Estado, ya que permitió a Apple pagar muchos menos impuestos que las demás sociedades”, afirmó la Comisión en un comunicado. La sanción contra Apple es la más grande de su tipo en Europa, por mucho. El anterior referente era el circuito automovilístico de Nürburgring, en Alemania, que tuvo que pagar 1.290 millones de euros por recibir apoyos públicos que resultó incompatible con las normas europeas de competencia. La sanción contra Apple fue por 13.000 millones de euros.

Tanto Apple como el gobierno irlandés aseguraron que apelarán la sanción. Michael Noonan, ministro de Finanzas de Irlanda, manisfestó que está “en profundo desacuerdo con la decisión. El Ministerio buscará el aval del gabinete para recurrir la decisión de la Comisión ante la justicia europea”. Mientras que Apple, por medio de un comunicado, informó que “apelaremos y confiamos en que la decisión será revocada”. Tim Cook, CEO de la compañía, fue un poco más allá y afirmó que “nunca hemos pedido, ni recibido, tratamiento especial. Ahora nos encontramos en la inusual posición de tener que pagarle impuestos, retroactivamente, a un gobierno que dice que no se les debemos, pues ya los hemos pagado”.

Buena parte del lío con los impuestos internacionales de compañías como Apple tiene que ver con la propia política tributaria de Estados Unidos: si una empresa ingresa al país sus ganancias exteriores debe pagar impuestos nuevamente. Para el caso de Apple, la tasa tributaria sería de casi 40% sobre el dinero que entra.

Cook ha dicho que, a menos que se renegocie este modelo, la compañía continuará sin nacionalizar sus ganancias. “No vamos a traer de vuelta ese dinero hasta que haya una tasa justa”, afirmó en una reciente, y poco común, entrevista con el diario The Washington Post. “Creo que es conveniente, para los intereses del país, que haya una reforma a los impuestos de las corporaciones en Estados Unidos, independientemente de qué bando político esté a cargo de la Casa Blanca”.

En aquella entrevista Cook explicó que “lo que siempre he sentido que debe pasar es que a cada dólar se le debe aplicar el impuesto inmediatamente, sin posponerlo. Pero una consecuencia de hacer esto es que uno tendría libre movimiento de capital”.

Ahora bien, Apple no es la única compañía en la mira de las autoridades europeas por sus asuntos tributarios en el continente. Amazon también ha sido duramente criticado por haber recibido un trato preferencial en Luxemburgo para que instalase allí su centro de control logístico para el continente, supuestamente.

Aquí la trama se complica un poco, pues Jean-Claude Juncker, antiguo primer ministro de este país, fue el encargado de negociar con Amazon en su momento. Juncker es el actual presidente de la Comisión Europea, el órgano que realiza este tipo de investigaciones.

Los líos de las compañías de tecnología estadounidenses en Europa no paran ahí y se extienden a terrenos más allá de los impuestos. Por ejemplo, Google es investigado por presunta competencia desleal en la forma como presenta sus resultados de búsqueda, así como las alianzas que sostiene con los fabricantes de celulares que utilizan Android, su sistema operativo para móviles.

Puesto simplemente, este asunto (que en el fondo es de todo menos simple y está plagado de sutilezas técnicas que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado) tiene que ver con la forma como Google muestra otras de sus herramientas en los resultados de búsqueda, particularmente lo que tiene que ver con sus servicios de compras, Google Shopping: la empresa, según la visión de la comisión, muestra más prominentemente su propia oferta por encima de la de sus competidores, que en este caso, por ejemplo, podría ser Amazon. “De esta forma, (Google) puede desviar artificialmente el tráfico en línea de otros servicios de compras y así entorpecer su habilidad de competir en el mercado”, aseguró la rama de la CE que regula estos temas, encabezada por la comisaria Margrete Vestager.

Facebook también ha sido investigado por la forma como maneja la información privada de sus usuarios. Y en octubre del año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea echó por tierra un acuerdo que permitía la transferencia de datos entre Europa y Estados Unidos. Ante el fallo, el acuerdo debió ser renegociado y ya se encuentra implementado una nueva versión, que estableció ciertas garantías de privacidad para los datos europeos.

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