El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó este martes la discusión de un caso que, palabras más palabras menos, revive el debate sobre si las empresas de internet tienen inmunidad legal por el contenido que publican. Una salvedad que está consignada en la sección 230 de la denominada Ley de Decencia de las Comunicaciones ,que rige desde 1996.
Pero antes de irnos al meollo de la ley, vamos primero al origen. El caso data de noviembre de 2015, cuando Nohemi González, una estadounidense de 23 años, murió en la cafetería la Belle Equipe en París durante los atentados del grupo Estado Islámico (EI), que mataron en total a 130 personas.
Sus padres denunciaron a Google, con el argumento de que - a través de Youtube- el gigante tecnológico permitió al Estado Islámico colgar videos que incitaron a la violencia y a unirse a él, además de recomendar a sus usuarios grabaciones de los yihadistas a través de un algoritmo que identificó a posibles interesados. Según ellos, “al recomendar videos del EI a sus usuarios, Google ha ayudado al EI a difundir su mensaje y, por lo tanto, le ha brindado apoyo material”.
Aunque los González presentaron su denuncia en 2016, un tribunal federal de California la desestimó destacando que Google estaba protegida por ley porque los videos en cuestión fueron producidos por el EI. Sin embargo, una corte de apelaciones permitió que los demandantes llevaran el caso ante el Supremo, que lo admitió a trámite en octubre pasado.
“La selección de los usuarios a los que se recomendaron los vídeos del EI se hizo mediante algoritmos informáticos creados e implementados por YouTube”, argumentan los padres de Nohemi González en el recurso remitido a la Corte Suprema.
“Esperemos que lo cambie todo, por eso venimos aquí, para que la Corte Suprema haga justicia en el dolor que estamos pasando. Estamos aquí para el cambio de las redes sociales, para que dejen de enseñar todo lo que es terrorismo. Desgraciadamente es un caso muy importante”, añadió José Hernández, padrastro de Nohemi.
La polémica sección 230
Este martes fue la primera vez que la máxima instancia judicial estadounidense analizó la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, aprobada en 1996, cuando internet se encontraba en sus albores.
Esa regulación blinda a las plataformas frente a las demandas que las tratan como responsables de la información suministrada por otra fuente. En concreto, establece que ningún proveedor debe ser tratado “como editor o difusor de información facilitada por otro proveedor de contenidos”.
En pocas palabras, la sección 230 les confieren una cierta inmunidad a las plataformas en línea acerca del contenido que circula a través de sus herramientas: el usuario es responsable por el contenido, no la empresa que facilita su transmisión. Eso por una parte. Por la otra, también les da la libertad de que puedan moderar de cierta forma esta información, sin necesidad de que pierdan la inmunidad de la primera porción de esta explicación.
Sin embargo, este caso examina hasta qué punto las plataformas pueden ser responsabilizadas de las recomendaciones que sus algoritmos hacen de material de terceras partes y podría tener en última instancia la capacidad de cambiar la configuración actual de internet.
“¿Los proveedores de internet son responsables del siguiente video que me sale disponible?”, se preguntó este martes la jueza progresista Sonia Sotomayor en los argumentos orales. “No entiendo cómo una sugerencia neutra de algo en lo que hayas mostrado interés es una incitación”, añadió el magistrado conservador Clarence Thomas.
“La cuestión es qué hace el acusado con el algoritmo. ¿Lo usa para incitar a la gente a mirar videos del EI? (...) Te ofrecen cosas que no has pedido. No hay diferencia con que te estuvieran mandando un email”, respondió el abogado Eric Schnapper, representante del padre de Nohemi, Reynaldo González.
La preocupación de Google
Aceptando este recurso, cuando generalmente desestima la gran mayoría de los casos que le presentan, el alto tribunal insinúa que estaría dispuesto a cambiar la jurisprudencia. Una perspectiva que asusta a los grandes grupos tecnológicos.
“Las recomendaciones proporcionadas por los algoritmos son las que hacen posible encontrar las agujas en el pajar más grande de la humanidad”, escribió Google a la corte, pidiéndole que “no debilite una parte central del internet moderno”.
Permitir que las plataformas sean demandadas por sus algoritmos “las expondría a la responsabilidad por el contenido de terceros prácticamente todo el tiempo”, asegura el grupo Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), en otro argumento. Según ellos las recomendaciones solo sirven para organizar el contenido publicado en línea, pero no constituyen un trabajo de edición.
Para los impulsores de la ley, el actual senador demócrata Ron Wyden y el excongresista republicano Chris Cox, es claro que la sección 230 “protege las recomendaciones específicas en la misma medida que otras formas de edición y presentación de contenido. Cualquier otra interpretación subvertiría su propósito de fomentar la innovación en la presentación y moderación. Dado el enorme volumen de contenido creado por los usuarios en la actualidad, su protección es incluso más importante ahora que cuando se promulgó”.
El otro caso: esta vez Twitter
El alto tribunal examinará este miércoles un caso similar presentado contra Twitter por la familia de un joven jordano que falleció en enero de 2017 en un ataque del EI en Turquía y que, representada también por Schnapper, acusa a la tecnológica de no haber hecho lo suficiente por frenar la difusión de contenido violento.
De fondo la pregunta es clara: si no existiera el artículo 230, ¿podrían las plataformas ser condenadas bajo las leyes antiterroristas, aunque no hayan apoyado directamente un atentado?
Se espera que el tribunal dicte sentencia para ambos casos antes del 30 de junio. En el pasado, varios de sus jueces han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230, que los políticos cuestionan cada vez más, aunque las divisiones entre demócratas y republicanos obstaculizan que se pueda modificar.
En 2021, el magistrado conservador Clarence Thomas lamentó que “los tribunales hayan interpretado la ley en sentido amplio y conferido una inmunidad extensa a algunas de las empresas más grandes del mundo”. Así las cosas parece probable que la Corte Suprema mueva ficha más rápido que el Congreso.