Sin mayores exageraciones, el juicio que comenzó esta semana en un juzgado de apelaciones en Manhattan, Nueva York, y que enfrenta a Microsoft contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, podría definir en buena parte cómo se manejarán los datos privados de prácticamente cualquier ciudadano que utilice cosas como Hotmail, Gmail, Yahoo Mail y un largo etcétera de servicios que hoy son indispensables para millones de personas.
Las bases del juicio parecieran simples: la justicia estadounidense requiere acceso a una cuenta de correo de Hotmail, que está alojada en un servidor en Irlanda, como parte de una investigación que involucra el tráfico de narcóticos; este servicio de correo es propiedad de Microsoft. Pero el camino que escogieron las autoridades para lograr su fin es lo que complica todo, pues hacen uso de una especie de orden de allanamiento contra la empresa de tecnología para acceder a los datos que, de entrada, están protegidos por una legislación diferente a la que rige en EE.UU. O sea, la idea básica es hacerse con la información requerida sin pasar por la policía o las cortes irlandesas.
Y es en ese punto en donde la cosa comienza a tomar otro color, pues el precedente que sentaría una sentencia en contra de Microsoft prácticamente anularía las protecciones que restringen el acceso a los datos privados que no se encuentran en una determinada legislación.
Puesto de forma simple, si la corte de Nueva York sostiene la condena que ya existe contra Microsoft —por eso se trata de una instancia de apelaciones—, el gobierno estadounidense estaría autorizado para recolectar la información privada de millones de usuarios, así ésta se encuentre alojada en servidores por fuera de las fronteras de este país.
Claro, el caso en cuestión involucra una investigación criminal, pero lo que sorprende es que el Departamento de Justicia de EE.UU. no siga los canales establecidos para solicitar este tipo de información, como tratados de cooperación y mecanismos para perseguir el crimen internacional que se encuentran vigentes.
Esta sorpresa es tan grande que no sólo Microsoft se está defendiendo, sino que una amplia constelación de empresas de tecnología, organizaciones defensoras de la privacidad y medios de comunicación han enviado documentos apoyando la posición del fabricante de Windows. Los aliados en este caso incluyen a Apple, Amazon, Cisco, eBay, Verizon, la Cámara de Comercio de EE.UU., la Electronic Frontier Foundation, ABC, CNN, The Guardian y hasta Fox News.
La participación de medios de comunicación en un pleito que pareciera involucrar sólo a empresas de tecnología tiene que ver con la posibilidad de que este mismo mecanismo sea usado eventualmente para requerir información sobre periodistas.
El juez del caso en primera instancia consideró en su momento que la localización de los servidores de Microsoft no es algo de importancia, pues, al ser una empresa domiciliada en Estados Unidos, los directivos de la compañía pueden ordenar al centro de datos de Irlanda para que cumpla con la orden judicial.
El asunto no se limita sólo a Estados Unidos, país en el que está constituida una tajada generosa de los servicios más populares de internet (Facebook o Twitter, por ejemplo), sino que el precedente que se imponga en el juicio podría ser seguido por otros gobiernos, incluyendo algunos que no son reconocidos precisamente por el respeto a los derechos humanos o la privacidad en línea.
“El gobierno de Estados Unidos no puede esperar que, al establecer un modelo, el resto del mundo no lo siga. Y este es un modelo que alienta a que los gobiernos intervengan en otros territorios. Esto no es algo que suene como una aproximación sana a la estabilidad internacional y el respeto mutuo en el siglo XXI”, dijo Brad Smith, el principal abogado de Microsoft, en declaraciones al diario The Guardian en diciembre del año pasado, momento en el que los aliados de la empresa enviaron sus argumentos a la corte.
Al comienzo del juicio esta semana, la posición del Departamento de Justicia no había cambiado, pues aún sostiene que el gobierno de Estados Unidos puede requerir las comunicaciones de cualquiera que utilice un servicio con sede en este país. El veredicto del caso podrá conocerse entre octubre de este año y febrero de 2016.