Cómo los gobiernos europeos buscan controlar más el contenido de Facebook

Alemania y Francia proponen legislaciones que tienen como punto en común la necesidad de involucrar más al Estado con lo que sucede en redes sociales.

Bloomberg

A pesar de la Navidad y los regalos y las caras de alegría, Facebook no está pasando por buenos momentos en Europa. Este martes, la Comisión Europea acusó a la compañía de entregar informaciones falsas cuando compró Whatsapp, en 2014. Y el lunes Francia y Alemania anunciaron varias medidas para ejercer cierto control sobre la información que circula en redes sociales en el continente.

Alemania es quizá la punta de lanza en este problema. La coalición de gobierno de la canciller Ángela Merkel está proponiendo leyes que obligarían a las compañías como Facebook a vigilar más de cerca todo lo que pueda oler a discurso de odio.

La nueva legislación podría implicar que estas empresas establezcan canales más claros y directos para registrar las quejas contra publicaciones de esta naturaleza y que contraten gente que esté calificada legalmente para saber en qué momento se puede bloquear una determinada información.

Desobedecer la regulación propuesta podría llevar a multas que bien podrían arrancar en más de US$500.000.

Quizá el movimiento no sorprenda a nadie, pues, en últimas, Alemania tiene algunas de las leyes más fuertes del planeta sobre este tema, con un especial énfasis en la negación del Holocausto y la opresión de minorías étnicas.

Lo que sí resulta interesante es el momento en el que comienzan a tomarse estas acciones. El próximo año, Alemania celebra elecciones generales en las que decidirá si Merkel se queda en el gobierno (es canciller desde 2005) o si otras fuerzas lograrán capitalizar tensiones como la incomodidad con los inmigrantes, por ejemplo.

Ahora, si bien es cierto que las medidas que han propuestos los aliados políticos de Merkel tienen la intención de limitar el discurso de odio, también hay que hay tener en cuenta que parte de esta información suele estar mezclada con noticias falsas en redes sociales.

Y aquí la cosa se complica porque el asunto de las noticias falsas es casi una pesadilla legal y operativa para las plataformas en línea como Facebook. Claro, esta empresa ha comenzado a dar algunos pasos para tratar de cortarle el paso a la información falsa, pero es una pelea que pareciera librar con una mano amarrada, cuando menos.

Las noticias falsas, en últimas, parecieran responder a un cierto anhelo popular de querer creer en un solo lado de la historia, así esté plagado de delirios. Y el terreno se torna cenagoso en este punto para Facebook porque una cosa es tratar de reducir el tráfico de cierta información (cosa que ya es compleja de por sí) y otra muy diferente es educar o contrarrestar los hábitos informativos de sus usuarios, asunto que muchas veces está profundamente enraizado con sus opiniones políticas.

Visto desde esta óptica, lo que el gobierno de Merkel podría hacer es, a través de la pelea contra el discurso de odio, terminar sumándose a las acciones contra las noticias falsas. Esta acción tiene implicaciones políticas, pues en últimas la coalición gobernante está tratando de evitar el efecto Brexit y Trump, pero también tendría ramificaciones legales y éticas en la libre distribución de la información, incluso cuando es falsa.

Por su parte, el panorama en Francia es diferente. El Senado francés discutirá la posibilidad de crear una suerte de defensor de la información en internet, según reportó el diario inglés The Guardian.

La idea es pelear justamente contra los excesos que se puedan presentar en los procesos de retiro de información que, por ejemplo, sea catalogada como discurso de odio o noticia falsa.

El proyecto también intenta proteger legalmente a las compañías más pequeñas y que, a la vez, son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque la regulación de los discursos y las conductas en línea ha terminado por ejercer una presión desmedida en las empresas que no tienen millones de dólares para invertir en un equipo legal que desafíe cada pedido de retiro de contenido.

El resultado de este escenario es que contenido que puede ser mantenido en línea termina siendo retirado sin mayores justificaciones legales. Y todo esto no ayuda en nada a temas como la libre circulación de la información y la libertad de expresión en internet.

Este escenario hubiera sido impensable, quizá, hace cinco o 10 años. En ese entonces, los cruces entre el Estado e internet se limitaban a los asuntos de infraestructura y, en el lado del contenido, al control de la pornografía infantil. Pero no mucho más allá de eso.

Hoy, las redes sociales han permeado casi todas las estructuras sociales y, en el caso de Facebook, han asumido (voluntaria e involuntariamente) roles y poderes de instituciones que funcionan bajo una serie de reglas y parámetros bien diferentes a los de una compañía de internet que se debe, principalmente, a sus accionistas. 

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