ONU, ¿nuevo regulador de internet?

Encontrar la forma de regular internet cada vez parece ser más difícil. El intento de la ONU por cambiar las pautas que definen los principios para la prestación de este servicio ha generado todo tipo de discusiones alrededor del mundo.

De hecho, desde que se anunció la realización de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (WCIT, por sus siglas en inglés), que empezó en Dubái el 5 de diciembre y culminará el 14, varias organizaciones han levantado su voz de protesta ante las pretensiones de la ONU. El propósito sería que este organismo administre internet y que no lo hagan las empresas, modificando así las Regulaciones Internacionales de Telecomunicaciones instauradas en un tratado en 1988.

Uno de los primeros opositores y críticos de la propuesta ha sido Google, que en repetidas ocasiones ha protestado. “Algunas de las propuestas podrían incrementar la censura y amenazar la innovación. Otras requerirían que servicios como YouTube, Facebook y Skype tuvieran que pagar nuevos peajes de forma que pudieran acceder a personas a través de fronteras. Esto podría limitar el acceso a la información, particularmente en mercados emergentes", aseguró la multinacional en un comunicado.

Al él se han sumado otras organizaciones como Fight for the Future y Center for Rights, que desde el 3 de diciembre han iniciado campañas en portales web para que la población mundial no acepte esta propuesta.

Además, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han rechazado por una amplia mayoría la medida, como también lo ha hecho el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución que condena el intento de la ITU (International Telecommunications Union), organismo perteneciente a la ONU, de establecer control sobre internet. Con una posición contraria a estas naciones, Rusia y China respaldan la propuesta de la ONU.

Ante las innumerables críticas, la respuesta de la ITU no se ha hecho esperar. Hamadou Touré, su secretario, dijo que no se desea limitar el acceso a esa herramienta, sino organizarla y proteger la privacidad de los usuarios. Según él, el propósito es asegurar los medios para que todos los habitantes del planeta se beneficien con las telecomunicaciones a precios razonables.

De igual forma se ha pronunciado Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. “Nuestro objetivo principal debe ser garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación a los dos tercios de la población mundial que no está conectada. En la era de la información y la economía digital del siglo XXI, no tiene cabida una brecha digital", aseguró.

Según Carolina Botero, experta en derechos de autor en Internet y miembro de Creative Commons, la complejidad de esta propuesta es que quiere regir con gobernanza en un sector que es multisectorial, donde la sociedad civil tiene una participación esencial.

“En Latinoamérica solo Brasil y Colombia aceptaron sociedad civil en sus delegaciones. Sin embargo, la inclusión colombiana fue tardía y no alcanzamos a obtener los recursos para viajar”, asegura Botero.

Y aunque ya varios países han definido su posición frente al tema, la decisión de Colombia aún es un enigma. Botero ya envió en meses anteriores un derecho de petición al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones para conocer de qué lado está el Gobierno, pero jamás lo respondieron.
Solo resta esperar a que este viernes, día en que finaliza la Conferencia, en la que participan 193 Estados, se llegue a un consenso. Hasta entonces, todos los consumidores del mundo digital estarán en la incertidumbre.

Encontrar la forma de regular internet cada vez parece ser más difícil. El intento de la ONU por cambiar las pautas que definen los principios para la prestación de este servicio ha generado todo tipo de discusiones alrededor del mundo.

De hecho, desde que se anunció la realización de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (WCIT, por sus siglas en inglés), que empezó en Dubái el 5 de diciembre y culminará el 14, varias organizaciones han levantado su voz de protesta ante las pretensiones de la ONU. El propósito sería que este organismo administre internet y que no lo hagan las empresas, modificando así las Regulaciones Internacionales de Telecomunicaciones instauradas en un tratado en 1988.

Uno de los primeros opositores y críticos de la propuesta ha sido Google, que en repetidas ocasiones ha protestado. “Algunas de las propuestas podrían incrementar la censura y amenazar la innovación. Otras requerirían que servicios como YouTube, Facebook y Skype tuvieran que pagar nuevos peajes de forma que pudieran acceder a personas a través de fronteras. Esto podría limitar el acceso a la información, particularmente en mercados emergentes", aseguró la multinacional en un comunicado.

Al él se han sumado otras organizaciones como Fight for the Future y Center for Rights, que desde el 3 de diciembre han iniciado campañas en portales web para que la población mundial no acepte esta propuesta.

Además, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han rechazado por una amplia mayoría la medida, como también lo ha hecho el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución que condena el intento de la ITU (International Telecommunications Union), organismo perteneciente a la ONU, de establecer control sobre internet. Con una posición contraria a estas naciones, Rusia y China respaldan la propuesta de la ONU.

Ante las innumerables críticas, la respuesta de la ITU no se ha hecho esperar. Hamadou Touré, su secretario, dijo que no se desea limitar el acceso a esa herramienta, sino organizarla y proteger la privacidad de los usuarios. Según él, el propósito es asegurar los medios para que todos los habitantes del planeta se beneficien con las telecomunicaciones a precios razonables.

De igual forma se ha pronunciado Ban Ki-moon, secretario general de la ONU. “Nuestro objetivo principal debe ser garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación a los dos tercios de la población mundial que no está conectada. En la era de la información y la economía digital del siglo XXI, no tiene cabida una brecha digital", aseguró.

Según Carolina Botero, experta en derechos de autor en Internet y miembro de Creative Commons, la complejidad de esta propuesta es que quiere regir con gobernanza en un sector que es multisectorial, donde la sociedad civil tiene una participación esencial.

“En Latinoamérica solo Brasil y Colombia aceptaron sociedad civil en sus delegaciones. Sin embargo, la inclusión colombiana fue tardía y no alcanzamos a obtener los recursos para viajar”, asegura Botero.

Y aunque ya varios países han definido su posición frente al tema, la decisión de Colombia aún es un enigma. Botero ya envió en meses anteriores un derecho de petición al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones para conocer de qué lado está el Gobierno, pero jamás lo respondieron.
Solo resta esperar a que este viernes, día en que finaliza la Conferencia, en la que participan 193 Estados, se llegue a un consenso. Hasta entonces, todos los consumidores del mundo digital estarán en la incertidumbre.